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Por falta de quorum, fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/23 de Milei
Los bloques críticos no lograron conseguir los avales necesarios para abrir el recinto; el oficialismo logró el apoyo clave de los gobernadores Pullaro, Jaldo y Saénz para bloquear el debate
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LA NACIONDelfina Galarza
Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El auxilio de gobernadores del norte y del centro, con influencia directa sobre las bancadas provinciales, fue clave para el Gobierno, que obtuvo con esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho avales para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso destacaron los tres legisladores de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Tampoco bajaron al recinto Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza), Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut) y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, que responden al gobernador jujeño Carlos Sadir. Todos ellos del bloque de Provincias Unidas, que suele quedar dividido ante las presiones de los gobernadores.
El caso de Zingarán da cuenta de esta situación. La diputada había sido una de las firmantes de la convocatoria, pero finalmente se ausentó sin previo aviso. Su decisión no cayó bien en el bloque que conduce Scaglia, donde le achacan haber cambiado de postura a pedido del propio gobernador jujeño.
Tanto ella como Rizotti, responden a Sadir, quien hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada y participó del Argentina Week en Paris, junto a otros 12 mandatarios provinciales.
En concreto, Tucumán, Jujuy y Santa Fe salieron al rescate del Gobierno. En cambio, Catamarca y Salta, cuyos gobernadores mantienen diálogo activo con la Nación, le hicieron sentir hasta último momento el peso de sus votos y finalmente aportaron respaldos al quorum opositor.
Los tres diputados de Elijo Catamarca, que responden a Raúl Jalil, también presente en la Argentina Week, ocuparon sus bancas.
Antes de que la Corte Suprema restituyera los límites a la venta de tierras a extranjeros, los salteños habían anticipado a LA NACION su intención de bajar al recinto. Sin embargo, tras el fallo, el bloque dejó en suspenso esa definición y mantuvo el hermetismo hasta último momento.
Finalmente, la sorpresa la dieron los salteños Pablo Outes y Bernardo Biella, dos de los tres integrantes de Argentina Federal, que dijeron presente. Yolanda Vega, por su parte, ya había anticipado su ausencia por motivos de salud.
Por el contrario, entre quienes ocuparon sus bancas se cuentan 90 diputados de Unión por la Patria (UP), 10 de Provincias Unidas, los tres legisladores de Elijo Catamarca, cinco de Argentina Federal -tres misioneros y dos salteños-, dos de Encuentro Federal y otros dos del espacio de San Luis.
Hasta último momento, se activó el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.
A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La jugada de los libertarios buscó no solo atender el reclamo de sus aliados de Pro y la UCR, que habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sino también contener a los sectores de centro que conviven en Provincias Unidas.
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Por Delfina Galarza
