Por el rechazo de la Justicia, frenan el traspaso de los testigos protegidos

El decreto presidencial no prosperó ante la resistencia que encontró Garavano en la Corte y Comodoro Py; también lo cuestionó Alberto Fernández
El decreto presidencial no prosperó ante la resistencia que encontró Garavano en la Corte y Comodoro Py; también lo cuestionó Alberto Fernández Crédito: Prensa Senado
Santiago Dapelo
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13 de noviembre de 2019  • 11:18

Cuando faltaban horas para que se publique en el Boletín Oficial, el Gobierno frenó la transferencia del programa de Protección de Testigos al Poder Judicial. La resistencia de los jueces en Comodoro Py y en la Corte Suprema, sumado al rechazo del presidente electo, Alberto Fernández, hicieron que el ministro de Justicia, Germán Garavano, vuelva sobre sus pasos y desista por ahora de su iniciativa.

Ayer por la noche la decisión estaba tomada y el presidente Mauricio Macri tenía a la firma el decreto de necesidad y urgencia ( DNU) con el traspaso del sistema que alcanza a 225 testigos y 97 familiares a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. Finalmente, la instalación pública del tema generó una reacción negativa y el Gobierno decidió seguir "dialogando y buscando la mejor forma en un tema complejo".

Lo cierto es que los magistrados, como contó hoy LA NACION, no fueron consultados sobre la decisión que impulsó Garavano por pedido de varios imputados colaboradores que declararon en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas, como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz. Es que el triunfo electoral de Alberto Fernández había multiplicado los pedidos para quitar el programa de la esfera del Poder Ejecutivo.

En el máximo tribunal penal del país relataban en las últimas horas que el Gobierno les avisó de la idea la semana pasada, horas antes de la nota de LA NACION que hizo público que el plan ya estaba en marcha. Al principio no todos estaban tan en desacuerdo, pero con el correr del tiempo la oposición creció y la idea que se imponía en todas las conversaciones era que el plan del Ejecutivo sería un problema.

A eso se sumó la mala relación de la mayoría de la Corte Suprema con el Gobierno. "De ninguna manera vamos a aceptar esto", dijeron a LA NACION en la vocalía de uno de los ministros del tribunal. "Seguramente se los vamos a devolver." Ante esa advertencia, Garavano reclamó el DNU que estaba a la firma del Presidente, que ahora volvió al Ministerio de Justicia con futuro incierto.

En medio de ese debate Alberto Fernández marcó ayer su postura en contra de la resolución. "Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo", escribió vía Twitter el mandatario electo.

En medio de una transición tensa, Garavano decidió posponer el DNU a la espera de lograr mayores avales. De buena relación con Marcela Losardo, su probable sucesora a partir del 10 de diciembre, cerca del funcionario deslizaron que no era momento de generar problemas.

El inminente cambio de gestión generó malestar y ansiedad entre los imputados colaboradores de la Justicia, que solicitaron insistentemente el traspaso del programa que, entre sus servicios, cuenta con medidas de protección como custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.

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