Coronavirus en la Argentina: Cuáles fueron las alertas que llevaron al gobierno a pisar el freno del gasto público

El Gobierno sacó el pie del acelerador del gasto público. Frente a un paisaje inquietante por el desplome de la oferta y la demanda y con la cuarentena sin fecha de vencimiento, en el equipo económico comenzaron a sobrevolar dos fantasmas: que la gestión de Alberto Fernández se quede sin fondos para reanimar la economía de la pospandemia y que la emisión monetaria -que aumentó un 18% entre febrero y mayo- se desequilibre e impacte en la inflación.

La "calibración del gasto", según pudo reconstruir LA NACION entre importantes funcionarios, fue el tema ineludible de las últimas reuniones semanales del gabinete económico. Esos debates reservados explican, en parte, la decisión de acotar el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), de comenzar a revisar la base de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de pagar algunos aguinaldos estatales en cuotas, mientras se deja congelada la paritaria del sector público.

"Necesitamos no extralimitarnos y establecer prioridades, porque debemos contar con un margen de fondos para la salida de la pandemia", dijo a este medio uno de los funcionarios al tanto de las decisiones económicas del gabinete.

Si al comienzo de la cuarentena Fernández había manifestado que la cuestión fiscal estaba en "segundo plano", ya la semana pasada, en la entrevista con Telefe Noticias, dijo que seguirá socorriendo "todo lo que esté al alcance", un sutil cambio discursivo que refleja la encrucijada. Al Presidente le obsesiona la crisis de demanda que planteó el coronavirus.

En los seis meses que lleva el Gobierno, el equipo económico trabajó con tres targets de déficit: el del inicio, planteado en base a la pesada herencia de la economía de Mauricio Macri; el que se inauguró con la pandemia, cuando Fernández ordenó inyectar todas las medidas anticíclicas que estuvieran en el manual (de hecho el déficit de abril alcanzó los $228.821 millones); y la fase actual, a la que bautizaron de "calibración" del gasto, ante un agujero fiscal que este año podría rozar los 7 puntos del PBI.

Hasta ahora, el ATP demandó un gasto de unos $45.000 millones por mes y el IFE, que alcanza a 9 millones de personas, de unos $180.000 millones en dos meses. En el Gobierno quieren apuntalar las líneas de crédito, que tuvieron una recepción moderada. Por ejemplo, planean extender el crédito a tasa cero, que fue pensado para 1,3 millones de personas y fue adquirido por menos de 500.000.

Medidas calibradas

Tras distribuir dos rondas de ATP, el Gobierno definió en los últimos días que la tercera edición del programa estará enfocada solo en los más necesitados. El argumento oficial es que muchas empresas del interior del país comenzaron a funcionar y que hay compañías que -porque no lo necesitan o porque no quieren estar condicionadas- en mayo desistieron de la ayuda.

Como caso de éxito en la Casa Rosada citan a Toyota, que pidió el ATP para los sueldos de abril pero luego comenzó a operar y no renovó su ATP. Sin embargo, no es el común: el último informe de la UIA exhibió que cuatro de cada 10 empresas está en serias dificultades para sostener su actividad.

A partir de ahora, el ATP se sostendrá para los sectores críticos que no pueden operar. Y se introducirá la variable geográfica: la ayuda continuará para las zonas con aislamiento social, preventivo y obligatorio, o "ASPO", pero podría interrumpirse en las regiones en fase de distanciamiento, o "DISPO". El nuevo ATP también excluirá el pago de los salarios de junio para las empresas de más de 800 empleados.

El monto de la ayuda también podría reducirse. En el Congreso el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que la ayuda pasaría de dos a un salario vital y móvil. Eso todavía es materia de discusión en el equipo económico y debe confirmarse.

"Hay que cuidar los fondos para quedarnos con saldos de modo de poder diseñar herramientas a futuro para la pospandemia", argumentan en la Casa Rosada. El gabinete de Fernández cree que en la obra pública habrá un fuerte dinamizador de la actividad.

Signo del agotamiento del gasto fue la decisión de pagar parte de los aguinaldos del sector público (aquellos con sueldos por encima de los $80.000) en tres cuotas, a pesar de que algunos en el equipo económico lo vieron como una mala señal. La paritaria estatal, además, está congelada. En el Gobierno creen que no es momento de dar un aumento porque no sería un buen mensaje para el resto de la sociedad, aunque reconocen el atraso de los salarios.

La otra preocupación de parte del gabinete está en el nivel de emisión. En el informe enviado al Congreso el Gobierno escribió: "Una vez superada la pandemia, el crecimiento de la demanda de dinero por la recuperación económica contribuirá a absorber una importante porción de los recursos volcados al mercado". Pero no hay seguridad de que ese comportamiento se verifique. Se preguntan hasta dónde se podrán esterilizar los excedentes y si eso podría redundar en una aceleración de la inflación.

Mientras enfrenta la tormenta perfecta, el equipo económico busca mantener una mirada realista de la calle. Un funcionario reflexionó: "No queremos desacelerar demasiado rápido. Queremos tener un saldo para el día después".