Potenciar Trabajo: una por una, con cuántos beneficiarios de planes sociales cuenta cada organización

La inédita escalada en el conflicto entre los movimientos sociales y Cristina Kirchner puso en alerta tanto a las agrupaciones oficialistas como a las de izquierda. Ante las críticas de la vicepresidenta el lunes último en un acto de la CTA, cuando pidió que el Estado asuma el control de los planes sociales y deje de “tercerizarse” la ayuda social, los dirigentes territoriales cerraron filas, reivindicaron el trabajo que realizan en los barrios y criticaron con dureza las palabras de la exmandataria.

“La idea de que los intendentes vuelvan a administrar los planes es un retroceso”, dijo esta semana el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien además se desempeña como funcionario del ministerio de Desarrollo Social. Son más de 1.200.000 los beneficiarios del Potenciar Trabajo" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">Potenciar Trabajo que existen a lo largo y a lo ancho del país, aunque en su mayoría se concentran en el conurbano bonaerense.

En gran parte de los casos, las organizaciones hacen las veces de intermediarias al coordinar unidades ejecutoras donde cada una de las personas deben cumplir con la jornada de cuatro horas laborales que les exige el programa para el cobro del equivalente a medio salario mínimo ($22.770), mediante una tarjeta individual. El resto de los programas, en tanto, se encuentran a cargo de ONGs y de distintas instituciones no partidarias.

El Movimiento Evita se convirtió en un resorte fundamental del acotado poder que logró edificar Alberto Fernández desde su llegada a la Casa Rosada. Con los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza, desde la organización más numerosa de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) aseguraron que cuentan en sus filas con alrededor de 100.000 programas Potenciar Trabajo a nivel nacional. “Se suele caer en la tentación de cuantificar a las organizaciones populares a partir de sus ‘beneficiarios’, pero la red comunitaria excede muchísimo a eso”, señaló el dirigente Gildo Onorato al ser consultado al respecto por LA NACION.

“Hay unidades de gestión de 200, de 500, hasta de 2000 personas, que oscila de acuerdo a la zona del país”, agregó el secretario gremial de la UTEP, quien a su vez negó de forma rotunda que el número de personas encuadradas en el programa del Ministerio de Desarrollo Social, y que están bajo la órbita del Evita, alcance los 300.000 “como repiten los medios”. “Es mucho más la fantasía que la realidad”, definió Onorato. Aunque admitió que no cuentan con una cifra precisa ya que “el eje vertebrador de la organización comunitaria no es el Potenciar Trabajo, sino la economía popular y la producción”.

Con Pérsico al frente de la Secretaría de Economía Social, un lugar estratégico de la cartera que encabeza Juan Zabaleta a cargo de la gestión del programa en cuestión, en el Movimiento Evita buscan enfocar sus esfuerzos en imprimirle una impronta “productiva” a la política social. Para ello, impulsan un conjunto de proyectos de ley en el Congreso que abarcaría a un universo de casi 7 millones de trabajadores no registrados. “Acá de lo que se trata es que toda la producción popular tenga canales institucionales que la regularicen”, puntualizaron.

Con una alianza estratégica tejida con el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie es una de las organizaciones más leales al Gobierno. Su referente y subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, reconoció ante LA NACION que coordinan alrededor de 100.000 programas sociales, asistencia estatal cuyos beneficiarios contraprestan en distintas unidades productivas del país.

Esta semana, Menéndez fue uno de los dirigentes que apuntó con mayor dureza contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Se pasó de rosca”, dijo. Y remarcó que el tono de su discurso fue “despectivo y maltratador”.

“Es la referencia principal del campo nacional popular, es una dirigente indiscutida que muchos compañeros y yo mismo nos iniciamos en la política mirando, escuchando”, aclaró el dirigente en una entrevista radial, para después añadir: “Pero uno no puede dejar de señalar que son comentarios que generan mucho dolor y con los que uno no está de acuerdo”.

Otra de las organizaciones que conforman la UTEP es la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de cuya estructura dependen cerca de 60.000 programas sociales que están destinados, en tanto, a sus 300 cooperativas, en las cuales participan algo más de 4000 personas. Sin embargo, aseguran que “solo 85 de ellas están activas”. “Esa es una pelea permanente con el Estado, que no adjudica obras a las cooperativas”, precisaron desde la organización que lidera el histórico Juan Carlos Alderete.

En medio de la peor crisis económica y política que vivió el país a finales de los 90, Alderete supo erigirse como uno de los principales dirigentes del movimiento piquetero junto a Luis D’Elía, Raúl Castells y Néstor Pitrola. Militó la abstención electoral y el “que se vayan todos” durante el período de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde.

Los tiempos cambiaron y hoy es diputado nacional por el Frente de Todos. Sin embargo, no suele guardarse las críticas. “El Frente de Todos sabe mi posición. Cuando tengo diferencias las planteo en el bloque y públicamente. No tengo porque esconder lo que yo pienso y defiendo”, señaló Alderete a principio de año, en medio de la discusión en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que votó en contra.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera el dirigente social Juan Grabois reconoció ante LA NACION que cerca de 50.000 personas que forman parte de su organización “cobran un salario social complementario en el marco del programa Potenciar Trabajo”. Es un tercio del total de quienes forman parte de sus filas: 150.000 trabajadores, distribuidos en todo el país en más de 1.200 cooperativas y grupos de trabajo de base que desarrollan actividades en distintas ramas de la denominada “economía popular”.

“Es importante destacar que las cooperativas y grupos de base tienen autonomía en la organización del trabajo”, precisaron desde el MTE, al tiempo que especificaron que son muy pocos los lugares en los que el ingreso del Potenciar Trabajo es suficiente. “En la mayoría de los casos, esta transferencia del Estado es solo una parte, como sucede en los Polos Textiles, Centros de Reciclado, Núcleos de Agricultura Familiar y Grupos de Construcción”.

El Polo Obrero es unas de los actores que, junto al resto de las organizaciones de izquierda que conforman la Unidad Piquetera, se moviliza con cada vez mayor frecuencia por las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires. El mes pasado, su principal dirigente, Eduardo Belliboni, reconoció ante LA NACION que quienes integran su organización realizan un aporte del 2% de sus ingresos para sostener a la organización. “Es a conciencia, voluntario, como la histórica cuota sindical de las las viejas organizaciones anarquistas”, argumentó el referente de esa agrupación, que tiene bajo su órbita a alrededor de 60.000 beneficiarios de programas sociales.

“En el Polo debemos tener unos 5.000 compañeros que se han pasado en el último año desde el Movimiento Evita o Somos Barrio de Pie”, indicó Belliboni, quien encuentra en “la manipulación y el maltrato” el factor fundamental que, según interpreta, empuja a las personas a buscar otras representaciones por fuera del peronismo. Se debe, a su entender, a las características de “la vieja y tradicional política” que todavía persisten en los territorios.

A diferencia de los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada, que plantean que el Estado debe reconocer a los trabajadores informales en tanto trabajadores, las organizaciones de izquierda ven en la noción de “economía popular” un ardid que busca enmascarar la precarización laboral y eludir la lucha por “trabajo genuino”. En esa línea, Belliboni no duda en afirmar que “un tipo que tiene que ir a juntar cartones no es un emprendedor”, sino alguien que “vive en la miseria”.

Con presencia en todas las provincias, Barrios de Pie-Libres del Sur cuenta con alrededor de 85.000 integrantes que poseen un programa social. “La falta de respuesta genera enojo, nosotros eso lo percibimos. Por eso muchos se acercan a las organizaciones que la estamos peleando”, comentó Silvia Saravia a LA NACION.

Organización que se distanció de Daniel Menéndez cuando el dirigente se alió a Cristina Kirchner y conformó Somos-Barrios de Pie en 2018, el grupo que encabeza Saravia, en cambio, mantuvo su enfrentamiento con el kirchnerismo, con el que rompió en 2009, y sostuvo su apoyo candidaturas como la de Roberto Lavagna en 2019 o la de Florencio Randazzo en 2021.

Con más de 20.000 miembros a lo largo y a lo ancho del país, de los cuales 13.000 cuentan con un programa del Estado, la organización que tiene como coordinadora nacional a Mónica Sulle se diferencia de las demás, según la propia dirigente, por el fuerte ímpetu “politizado”. “Hay que generarle la conciencia al compañero, hacerle ver por qué se tiene esa necesidad. Y que entienda que se pelea contra el sistema para no tener que seguir marchando por un plan o por comida”, indicó Sulle en diálogo con LA NACION.

En ese sentido, respecto al programa Potenciar Trabajo, la dirigente aclara que “cada compañero tiene su propia tarjeta” y que la organización solo interviene cuando se reparten los cupos. “Eso es lo político”, dice, al tiempo que, al igual que el resto de la Unidad Piquetera, le exige al Gobierno que se los “universalice”.

Sulle, además, sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner pretende devolver el control de los programas sociales a los jefes comunales del peronismo y así “liberarlos” de “toda carga social” para sumar a beneficiarios a sus respectivas plantillas de personal. “Ellos perdieron mucho en todo este tiempo, por eso necesitan hacer esa tramoya del pase a medias, de la posibilidad de irse pero no de elegir”, agregó la referente territorial.

En sus orígenes, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) estaba conformado por un conjunto de distintas organizaciones que surgieron al calor de la crisis del 2001. Sin embargo, aunque en su nombre continúe conservando la palabra “frente”, sus dirigentes le aseguran a LA NACION que desde el 2014 conforman un único espacio.

A nivel nacional, el FOL cuenta con alrededor de 9.000 integrantes presentes en la mayoría de las provincias. “Hoy somos nosotros los que visibilizamos lo que pasa también entre los trabajadores, porque las centrales sindicales no lo hacen”, señala una de sus referentes, Damaris Rolón, quien a su vez se desempeña como vocera de la denominada Coordinadora por el Cambio Social.

De ese agrupamiento además forman parte el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, la Federación de Organizaciones de Base Autónoma, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, el Movimiento 8 de abril, la Organización Libres del Pueblo Resistir y Luchar, Igualdad Social y el Frente Arde Rojo. Entre todas las organizaciones reúnen alrededor de 45.000 de programas sociales.

Por Pedro Lacour

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