Precios: intendentes ajustan el control sobre almacenes y comercios chinos

Un cartel ubicado en la entrada de un supermercado chino en el centro de Monte Grande informa que solo pueden ingresar cuatro personas al comercio. Por la pandemia de coronavirus, los clientes deben esperar en la vereda para poder entrar. En esa espera están varios vecinos que, sin embargo, no lograrán ingresar a este autoservicio de la calle Rojas al 100. "Se va a cerrar", avisa un efectivo de la Guardia Urbana de la municipalidad de Esteban Echeverría, que vigila la situación junto con dos mujeres de la policía local.

"¿Pasa algo?", pregunta una señora desde un auto al observar el despliegue de inspectores y el desarmado de los cajones de verdulería en la vereda. La persiana cae como un telón que marca el final de una obra teatral y, con las fajas color rojo que indican la clausura, los inspectores sentencian el momento.

El motivo del cierre es un relevamiento de precios hecho por agentes municipales, que, tras detectar valores desmedidos, proceden a la clausura, amparados por el decreto 351/2020, que el presidente Alberto Fernández firmó el jueves y que permite a los intendentes involucrarse en el cierre de comercios si encuentran precios que estén por encima de los máximos. Los jefes comunales suman más poder para controlar lo que se cobra en almacenes y supermercados barriales en sus distritos.

"Voy variando los lugares donde compro, este tiene precios un poco más altos que el resto", comenta a LA NACION Maribel Velozo. Es una de las vecinas que se quedan sin poder entrar al supermercado clausurado y debe apurar el paso hasta otro mercado "a un par de cuadras". Considera que los inspectores que deciden el cierre del comercio de la calle Rojas están haciendo "un buen trabajo" al controlar los precios.

También destaca el control Ramsés Sánchez, mientras se entera en la vereda de que el supermercado debe bajar la persiana. "Me parece superbién el control, porque nos protege", define con tonada caribeña este joven, que cuenta que hace solo dos meses que está en el país. Velozo y Sánchez se quedan hasta que la clausura queda confirmada por los inspectores; otros potenciales clientes no esperan el desenlace y enfilan hacia otros locales de Monte Grande.

Los inspectores municipales recorren las góndolas del supermercado chino celulares en mano. Comparan los precios con los que aparecen en las pantallas de sus dispositivos, que son los que regían el 6 de marzo, momento al que deben retrotraerse todos los precios, según dictaminó el Gobierno. Entre los hallazgos de la inspección, el más comentado entre los agentes es el del yogur bebible de litro, que en el local cuesta $150, pero en el listado de precios oficiales figura a $107.

El saldo final que los inspectores vuelcan en una planilla tiene otros ejemplos, con subas algo más moderadas que la del yogur: una botella de aceite de litro y medio que debería costar $145 se vende a $180; un queso crema que como máximo podía pagarse $134, según la lista oficial, cuesta $165; un paquete de yerba con un tope de $123 sale $150.

Luciano Duarte, director general de Inspección y Fiscalización de Esteban Echeverría, informa que esta clausura es la primera que se hace en el distrito que gobierna Fernando Gray en el marco del nuevo decreto. "La especulación con los precios se nota más en almacenes y en supermercados chinos. Los precios tienen que retrotraerse al 6 de marzo, y en el caso del alcohol y el alcohol en gel, al 15 de febrero", explica a LA NACION mientras firma las últimas planillas.

La clausura es preventiva y los dueños del comercio toman con tranquilidad la situación. "La idea es que bajen los precios", remarca Duarte, que con su equipo también detecta fallas bromatológicas en el local. Antes de la inspección que culmina en clausura, los agentes municipales relevaron precios en un supermercado de la cadena Plaza Vea, en el que la situación no llegó al punto del supermercado chino. Si bien los precios excesivos en todos los productos son la razón fundamental de la clausura, la existencia de un depósito en malas condiciones suma otro ingrediente negativo.

"Con la potestad en los intendentes, se habilita un contralor más firme, con capacidad de clausurar. Nosotros podemos hacer clausuras en el marco de la normativa municipal por temas administrativos, de seguridad e higiene. Con el decreto, lo hacemos en el marco de la ley de abastecimiento, que permite infraccionar por precios máximos", resume Duarte. En otros municipios, los intendentes interpretaron que el decreto los habilita solo a informar las infracciones a la Secretaría de Comercio, no a aplicar la sanciones.

Varios municipios ya pusieron en marcha los operativos con el aval de la nueva normativa. En Tigre incluyen advertencias para readecuar precios. Desde Escobar afirman que "prácticamente la totalidad de los comercios cumple con los precios máximos". En Moreno remarcan que sus inspectores "la próxima semana serán más severos con las clausuras" y que "las cámaras de comercio chinas son las que más se ajustan a los precios máximos".

Ituzaingó, Tres de Febrero y Morón también pusieron en marcha controles con la entrada en vigor del decreto de Fernández. Distritos como Malvinas Argentinas y Almirante Brown comunicaron que intensificaron los operativos.

El control más fuerte al que están habilitados los intendentes con el nuevo decreto genera también la necesidad de "un delicado equilibrio", según plantea un jefe comunal del oeste del conurbano. "Los comerciantes también son nuestros vecinos y esa dinámica hay que entenderla", señala. Y, aunque remarca que saldrán a controlar, "ahora amparados en el decreto", subraya: "Si apretamos, la mayoría cierra. El control es disuasivo".

Por Javier Fuego Simondet

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