Preocupa a la CIDH la ley de Papel Prensa
Alertó sobre la intervención en la distribución de papel; elogio a la sentencia de la causa ESMA
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por la posibilidad de "intervención y controles oficiales" del Estado sobre la producción y distribución de papel en el país, a partir de la controvertida ley en esa materia que impulsó el Gobierno y sancionó el Congreso a fines del año último.
En su informe anual, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos expresó, además, su satisfacción "por la condena del 26 de octubre de 2011 a 16 ex militares acusados de delitos de lesa humanidad en la llamada Megacausa ESMA". La sentencia a penas que van de 18 años de prisión a cadena perpetua se dictó por el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de 86 personas, entre las cuales se encontraba Rodolfo Walsh, a quien definió como "destacado escritor, periodista de investigación y militante opositor a la dictadura".
En un párrafo de su extenso informe anual sobre la libertad de expresión en el continente, que marca duras críticas a los gobiernos de Cuba y Venezuela, la relatoría especial para la libertad de expresión que encabeza Catalina Botero le dedicó una página al proyecto sobre Papel Prensa. Cuando el trabajo de la OEA concluyó, aún no se había convertido en ley.
"Es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel", afirma el informe en el apartado correspondiente a la Argentina.
La CIDH recordó su propio informe de 2010, en el que señaló que "el propio artículo 13 de la Convención Americana establece que "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
Con un estilo moderado y sin estridencias, la relatoría también se mostró preocupada por el hecho de que "durante 2011 no haya sido discutida ni votada en la Cámara de Diputados la ley de acceso a la información, la cual había recibido media sanción en el Senado en septiembre de 2010".
También hay en el informe espacio para el elogio. En especial, a la Corte Suprema, "que reitera en un fallo de marzo de 2011 la obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios objetivos y no discriminatorios", a partir de una denuncia de la editorial Perfil.
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