Presentan un nuevo plan para reformar el financiamiento político
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LA NACIONAndrés Krom
Corría la tarde del último jueves de febrero cuando los autos comenzaron a llegar a las puertas de un exclusivo hotel y spa de Open Door. De los vehículos bajaron figuras de la política y el empresariado argentino, convocadas con un solo objetivo: dar los retoques finales al proyecto que podría cambiar para siempre el financiamiento de la política en el país.
El documento resultante, que será presentado este mediodía a la vicepresidenta, Gabriela Michetti , y al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez , es producto de un arduo trabajo que empezó en agosto de 2016 entre un conjunto de actores públicos y privados. Se hacen llamar Grupo Transparencia e Integridad (GIT) y lo conforman 13 políticos que participan de la Fundación RAP (Red de Acción Política) y 14 empresarios.
Varios de ellos formarán parte de la comitiva que llegará hasta la Casa Rosada este jueves: Alan Clutterbuck, titular de la Fundación RAP; Federico Pinedo, presidente provisional del Senado; Alicia Ciciliani, ministra de la Producción de Santa Fe, y la legisladora cordobesa Liliana Montero, entre otros, serán parte de la quincena de personas que llevarán la propuesta a Balcarce 50.
El proyecto, bautizado "Nuestra cancha" y al que accedió LA NACION, se centra en cuatro componentes: financiamiento político, tráfico de influencias, corrupción y conflictos de intereses. Entre sus metas, se destaca la intención de "nivelar la cancha" para reducir el ventajismo oficialista, aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas, prohibir aportes en efectivo a las campañas y facilitar donaciones por vías electrónicas para mayor trazabilidad.
Busca ampliar el plazo de duración de la campaña electoral (para que todos los candidatos tengan posibilidad de instalarse ante la sociedad), permitir el aporte de personas jurídicas, robustecer los órganos de control, mejorar la eficacia de las sanciones, adecuar los niveles subnacionales al nacional y fomentar un mayor compromiso ciudadano.
"Trabajamos sobre los temas del sistema que no funcionan. Nos planteamos cómo lograr mayor integridad y transparencia en la política y en el vínculo con el sector privado. Para cada tema tenemos líneas de acción, todos los meses nos juntamos para avanzar en la agenda", dijo Clutterbuck.
"La mayoría de las recomendaciones están bien alineadas con las tendencias de la región", comentó Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe de IDEA, quien coordinó el proyecto. "Tiene que ver con mejorar las condiciones de competencia electoral, evitando los fenómenos de cancha inclinada presentes en la Argentina. Esto se logra regulando mejor el financiamiento privado, generando incentivos para el uso eficiente de dinero público y niveles más óptimos de transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en materia de financiamiento privado."
El diputado puntano Alejandro Cacace, otro integrante del GIT, considera importante la adecuación de las provincias a este régimen. "A nivel federal, la discusión está abierta, sobre todo por las campañas simultáneas. Muchas violaciones del régimen federal se producen a través del financiamiento para cargos locales, como gobernadores y legisladores provinciales", aseguró.
Pérez, que participó de la reunión de febrero, dijo que el Gobierno ya evalúa esta propuesta, justo a otras conversadas con el Cippec y Poder Ciudadano, para "construir un proyecto que se pueda enviar lo más pronto posible al Congreso".
Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity y uno de los empresarios llamados a participar del proyecto, espera que se repita la concordia del GIT en el Parlamento. "Yo no tengo experiencia en debates legislativos. Pero como ciudadano me gustaría que se dé una dinámica parecida, porque es un ejemplo para romper mitos de la política y diferencias ideológicas", concluyó.
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