Presión para aprobar la normativa contra la corrupción empresaria
La OCDE pidió que se agilice el trámite de la ley que prevé sanciones a las empresas
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La Argentina es el único país que todavía no cumple con los requisitos de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de que el país adhirió hace 16 años.
Si bien el organismo destacó ayer en un informe que desde la llegada del nuevo gobierno hubo avances para cumplir con los compromisos, advirtió que esos "esfuerzos" no son suficientes y que todavía deben corregirse numerosas deficiencias para que nuestro país quede posicionado en un lugar más ventajoso frente al objetivo de convertirse en miembro pleno del ente.
¿La clave? La sanción del proyecto de ley de responsabilidad jurídica que el oficialismo presentó en el Congreso el año pasado y que todavía no se debatió. La normativa prevé sanciones para aquellas personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública o que realicen sobornos fuera del país. Durante la última apertura de sesiones, el presidente Mauricio Macri hizo especial hincapié en la necesidad de que esa iniciativa sea aprobada.
"La Argentina debe promulgar con urgencia la ley para rectificar el serio incumplimiento de la convención", enfatiza la OCDE en el escrito, aunque aclara que el proyecto está "en la agenda del actual gobierno".
En el macrismo esperan que la iniciativa escale en la agenda de prioridades del Parlamento lo antes posible. "Tiene que salir la ley, basta de chamuyo. El mensaje es que si sale esa ley, recién ahí podemos empezar a hablar [para avanzar en el ingreso de la Argentina al organismo]", dijo a LA NACION un funcionario que está al tanto de los entretelones de la producción del informe.
Como adelantó LA NACION hace dos semanas, el reclamo de la OCDE marca un cambio respecto de los últimos reportes vinculados a la política anticorrupción de la Argentina, que solían cuestionar la falta de avances. En 2007, incluso, la organización hizo pública su "preocupación" porque el gobierno de Cristina Kirchner había "pospuesto" una visita de alto nivel al país para evaluar la situación in situ. Un año después, la OCDE advirtió por las "deficiencias sistemáticas" en el marco legal para prevenir sobornos y otro tipo de delitos dentro y fuera del país.
Este año, el ente accedió a llevar a cabo "por excepción" una evaluación extra la "Fase 3 bis" como una última oportunidad para la Argentina, que en la "Fase 3", en 2014, no demostró cumplir con los requisitos. "Estábamos atrás, lejos. El resto de los países ya estaban en la cuarta fase de prueba. Hicieron esto para no tirarnos por la ventana", explicó otra fuente del Gobierno.
La incorporación de la Argentina en la OCDE como miembro pleno está, sin embargo, sujeta a un proceso interno que el organismo aún no terminó y que busca determinar si se aceptará la incorporación de más países o no. Mientras tanto, el Gobierno dispuso avanzar en las adecuaciones que sean necesarias.
Entre los reclamos que aún se mantienen a pesar del paso de los años, la OCDE cuestionó las demoras en el avance de las causas judiciales, cuestionó la politización de la Procuraduría General de la Nación y enumeró una serie de recomendaciones para que el país refuerce la lucha contra la corrupción. Entre ellas, figuran la necesidad de reducir el "alto número de vacantes judiciales y el uso de jueces subrogantes" y la importancia de "asegurar que los fiscales y jueces tengan los recursos adecuados para investigar".
El informe difundido ayer fue el resultado de la última cumbre del Grupo de Trabajo Antisoborno, que tuvo lugar hace 10 días en París. Para ello viajó una nutrida delegación argentina encabezada por la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y compuesta por representantes de la Cancillería, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otras áreas.
Durante las reuniones, que duraron cuatro días, la delegación nacional rindió cuentas ante el personal de la organización y representantes de otros países firmantes de la convención. En octubre y en marzo del año que viene, el país deberá presentar informes sobre qué acciones se llevaron a cabo para avanzar en el cumplimiento de los requisitos impuestos por la OCDE.
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