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Presuntas coimas: el juez Casanello aceptó como querellante a Poder Ciudadano y extendió el secreto de sumario
La organización, con participación en otras causas por corrupción, tendrá acceso al expediente cuando se levante la restricción que pidió el fiscal Picardi
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El juez Sebastián Casanello aceptó ayer a la organización Poder Ciudadano como querellante en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La organización, que en ese rol registra activa participación en otras causas de corrupción, podrá proponer medidas de prueba en el caso y tener acceso al expediente cuando se levante el secreto de sumario, que hoy, a instancias del fiscal Franco Picardi, fue prorrogado por 10 días más.
Además, Poder Ciudadano cuenta con un centro de asesoría legal y podría ofrecerle asistencia técnica al exdirector de Andis Diego Spagnuolo, quien sería la persona que habla en la primera tanda de audios y podría llegar a presentarse como arrepentido.
El exfuncionario, no obstante, cuenta con el patrocinio de Juan Araoz de Lamadrid, un abogado que en el pasado trabajó con la figura del arrepentido colaborador en la causa de los Cuadernos de las coimas.
El juez Casanello ya ha aceptado en otros expedientes a Poder Ciudadano como querellante. En esta oportunidad, la organización basó su pedido en los “más de 30 años de trabajo” que registra controlando a los actos de Gobierno y luchando contra la corrupción, según indicó en la presentación, formulada ayer, que lleva la firma del director Pablo Secchi y sus apoderados, Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady.
En el escrito, la fundación subrayó que es la expresión local de Transparencia Internacional −la organización global que promueve la lucha contra la corrupción− y que entre sus objetivos está el de impulsar “proyectos o investigaciones tendientes a lograr una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos judiciales”.
Todos hechos que el juez Casanello tuvo en cuenta para aceptarla en el expediente.
Esta causa es la que se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, luego de que se conocieran las grabaciones atribuidas al exfuncionario Diego Spagnuolo, que dirigía el área de Discapacidad hasta la explosión del caso.
En ellas, el exfuncionario señala la existencia de coimas en la Andis, involucra a la droguería Suizo Argentino como contraparte de ese presunto esquema de coimas y menciona a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
La pesquisa está delegada en el fiscal Picardi que, entre otras medidas, ordenó realizar distintas series de allanamientos que incluyeron la propia Andis, la empresa apuntada en los audios, y el domicilio de sus dueños, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, que están siendo investigados.
A Emmanuel Kovalivker le incautaron US$266.000 en varios sobres con anotaciones cuando la policía lo encontró saliendo de su domicilio en Nordelta, presuntamente anoticiado por la seguridad del lugar de que la Policía esta librando un operativo. Jonathan Kovalivker, logró salir del country antes de que la Policía de la Ciudad llegara a su domicilio, donde encontraron una caja fuerte abierta y banditas de goma tiradas en el piso.
En un expediente paralelo, el juez Casanello procesó al jefe de la custodia del barrio, Ariel De Vincentis, quien, pese a estar de vacaciones en el momento del allanamiento, habría advertido a los Kovalivker sobre el operativo que se estaba llevando a cabo.
Otra parte de la investigación, relativa a los contratos de la empresa con el Estado y a la documentación que se extrajo en esos allanamientos, está delegada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por el fiscal Sergio Rodríguez.
Todas las partes ya se han presentado en el expediente. El último en hacerlo fue el padre de los Kovalivker, Eduardo, alejado hoy del manejo de la empresa, según hizo saber.
Se presentó el viernes pasado junto a su abogado, Martín Magram, para poner a disposición de la Justicia su celular.
Magram, que también defiende a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, se presentó este mediodía en la fiscalía en busca de novedades, pero la causa continúa bajo secreto.
Hasta el momento, solo uno de los cinco celulares que están en manos de la Justicia pudo abrirse para realizar la extracción. Pertenece a Spagnuolo.
La fiscalía encargada de los procedimientos, la Datip, ya dio a conocer las dificultades que enfrenta, por ejemplo, para abrir el teléfono de Emmanuel Kovalivker, que es de última generación.
El único que entregó la clave de apertura para facilitar el trabajo de la fiscalía fue Daniel Garbellini, el otro funcionario que salió de la Agencia tras la difusión de los audios.
“Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y, por tanto, resulta muy dificultoso para esta representación ahondar sobre mayores precisiones respecto los hechos pesquisados”, señaló la fundación al solicitar convertirse en querellante.
“Sin perjuicio de ello, la información pública a la que se ha tenido acceso, permite vislumbrar que la investigación se encuentra enderezada a determinar la veracidad de la denuncia formulada en orden a la existencia de una supuesta trama delictiva”, se añadía.
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