Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:

-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su fi­nalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de dere­chos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asisten­cia legal, eficaz e idónea.

-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.

-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las pe­nas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.

-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la liber­tad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos ter­cios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá dis­poner que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acon­dicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.

-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.

LA NACION

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