Procesan con prisión preventiva a Cristina Kirchner por el gas licuado

El juez Bonadio acusó a la expresidenta de montar una estructura ilícita; es la tercera solicitud de detención
Hernán Cappiello
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19 de marzo de 2019  

El juez Claudio Bonadio volvió a dictar la prisión preventiva de Cristina Kirchner y amplió su procesamiento. La expresidenta, además de estar acusada de liderar una asociación ilícita, fue señalada ahora por haber recibido presuntas coimas por la importación de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos al país y era regasificado en los puertos de Bahía Blanca y Campana.

En su fallo, el juez federal pidió el desafuero de la expresidenta para que quede detenida, pero esa solicitud se ejecutará solo si el fallo es confirmado por la Cámara Federal porteña. Bonadio dispuso además el embargo de los bienes de Cristina hasta la suma de $1000 millones. La expresidenta está actualmente en Cuba y, con el de ayer, sumó su séptimo procesamiento; tres de ellos, con prisión preventiva.

Además de la expresidenta, fueron procesados por estos delitos con prisión preventiva el exministro Julio De Vido, el exsecretario Roberto Baratta y otros exfuncionarios del Ministerio de Planificación, de Enarsa y de YPF, y abogados particulares que fueron intermediarios en la operación.

El juez entendió que durante la gestión de Cristina Kirchner se conformó la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de gas natural licuado. Entre 2008 y 2012 la importación se realizó mediante Enarsa y hasta diciembre de 2015 se tercerizó el proceso en YPF, que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía Enarsa, pero esta continuaba adjudicando y pagando.

Las compras se hicieron sin licitación, mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido y no había una negociación, sino que había intermediarios. Los precios tenían variaciones injustificadas que incidieron en el precio finalmente abonado, que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado por un monto difícil de determinar.

En lo que respecta puntualmente a la importación de GNL, los precios de los cargamentos aumentaron progresivamente a pesar de que el precio de referencia Henry Hub (HH) se mantuvo estable e incluso disminuyó en algunos períodos.

Amarraron en el Puerto de Bahía Blanca 232 barcos con GNL y en el de Escobar, 265. Los servicios extras facturados por barco llegaban a los 700.000 dólares y ese dinero era repartido entre los funcionarios, dijo el juez. Señaló que Cristina Kirchner no pudo desconocer esta maniobra ideada por De Vido y Baratta.

Las pruebas reunidas en la causa permitieron acreditar que lo facturado en importación de GNL durante el período en cuestión asciende a 15.247 millones de dólares, de los cuales 8870 millones corresponden a lo llegado al Puerto de Bahía Blanca y el resto, al Puerto de Escobar.

De Vido, como ministro, y Baratta, como subsecretario, idearon, conformaron y pusieron en marcha "semejante estructura ilegal al momento de importar GNL, que no podía ser desconocida por la entonces presidenta de la Nación Cristina Elisabet Fernández", escribió el juez Bonadio. Y añadió: "Claramente la política energética era llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, no era desconocido por sus titulares y, mediante la estructura ilícita que idearon y conformaron, provocaron un desabastecimiento de gas sin precedentes en la historia".

Bonadio procesó a Cristina Kirchner; De Vido, Baratta, Exequiel Omar Espinosa; Walter Fagyas; Roberto Nicolás Dromi San Martino; José Roberto Dromi, Jorge Sanmarín; Daniel Cameron; Jorge O'Donnell; Alexis Zuliani; Rodolfo Luchetta; Stella Maris Babilani; Juan José Carbajales; José Ramón Granero; Gastón Ghioni; Nilda Minutti; Tamara Natalia Pérez Balda; Fernando Salim; Alejandra Tagle; Mónica Bisconti; Karina González; Flavia Analía García; Martín Busti, y Haydée Fernández.

Todos los procesamientos

Tres con prisión preventiva

Con las irregularidades detectadas en la importación de gas licuado, en las que está acusada de montar una estructura ilegal que recaudaba sobreprecios, la expresidenta Cristina Kirchner sumó ayer su tercer procesamiento con prisión preventiva. A este caso se le agregan la causa de los cuadernos de las coimas y la del memorándum con Irán, cuyo pedido de presión fue ratificado la semana pasada por la Corte Suprema. Una curiosidad: en las tres investigaciones intervino el juez federal Claudio Bonadio, el único que requirió el desafuero de la expresidenta en el Senado de la Nación. En los tres frentes, Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita y fraude

Los otros cuatro casos

Cristina está procesada, aunque en libertad, por los siguientes casos: Vialidad Nacional (irregularidades en la cesión de obra pública en Santa Cruz para favorecer a Lázaro Báez); venta de dólar futuro (Bonadio la investiga por presunta defraudación a la administración pública), y los conexos Hotesur y Los Sauces, en los que se investiga a la expresidenta y su familia por presunto lavado de dinero a partir de los negocios hoteleros en la Patagonia

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