Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por haber ayudado a Jonathan Kovalivker a eludir a la policía

El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando. Lo procesó por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento.

De Vicentis lleva 12 años trabajando en la seguridad de Nordelta, complejo al que llama “la Ciudad”. La noche del 21 de agosto pasado, cuando la policía fue a buscar a los hermanos Kovalivker, él estaba de vacaciones, pero sin embargo intervino. Jonathan Kovalivker logró irse antes de que los enviados de Casanello dieran con él y a Emmanuel, su hermano, lo interceptaron cuando se iba en su auto con más de 260.000 dólares. Los Kovalivker son los dueños de la droguería Suizo Argentina, investigada en el caso de los supuestos sobornos en la Agencia de Discapacidad.

“De Vincentis interfirió activamente la ejecución de la orden judicial, procurando frustrar su cumplimiento”, afirmó Casanello en su fallo. El juez dijo además que se corroboró que en Nordelta hay “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera".

“Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional”, dijo el juez, que advirtió que se montó “un procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa (tal como se ha comprobado en este caso)”.

Casanello advirtió en su fallo que “si quedara algún resquicio de duda acerca del proceder llevado adelante por de Vicentis, resulta prueba inobjetable las conversaciones halladas en su teléfono celular”.

Es en esos mensajes -dijo el juez- donde queda a la vista el “protocolo no escrito” para no colaborar con la Justicia.

El 22 de agosto (los operativos fueron la noche del 21), De Vicentis escribió en el grupo de supervisores un mensaje en el que les “reitera” que sólo el área legal de Nordelta está autorizada “a facilitar información” sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. “Para mí, esto estaba más que entendido, y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí -les escribió De Vicentis a sus subalternos-. Tal lo sucedido anoche, si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos, para que busquen la información. Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno".

De Vicentis les advirtió a los supervisores que “si la fiscalía o la policía no saben trabajar” y omiten contactarlos previamente para coordinar “diligencias judiciales como la que realizaron”, es problema de ellos. “Si creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”, dijo.

De Vicentis insistió en que ante cualquier procedimiento que quiera hacer la policía hay que darle “inmediata intervención a Legales para que baje un abogado de ese departamento y corrobore si corresponde o no”. Y remarcó en su mensaje: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar". Precisó además que “taxativamente tiene que decir dirección y número catastral” y que [la orden judicial] “no puede hablar de generalidades como pasa o como pasó en el documento que presentaron anoche [por el 21 de agosto, cuando buscaban a los Kovalivker]”.

El fallo relata que cuando la Policía de la Ciudad llegó a la garita exterior de Nordelta (además, hay una garita por cada uno de los barrios) “solicitó la colaboración del vigilador” que los recibió y le pidió “identificar el lote correspondiente a Jonathan Simón Kovalivker” -era el lote 6 del barrio La Isla, pero los agentes no lo sabían todavía-.

Momentos después -relata el fallo-, ese vigilador empezó a recibir llamadas insistentes de quien se identificó como supervisor de seguridad del barrio (De Vicentis), “quien le exigió explicaciones acerca de los motivos de la presencia policial y el contenido de la diligencia en curso.“

La Policía de la Ciudad le advirtió entonces al vigilador, que había mencionado a su interlocutor los nombres de los hermanos Kovalivker, que no podía mantener esa comunicación. “Durante el intercambio -según el relato de Casanello-, el oficial de policía interrumpió la conversación a fin de evitar que se brindara información sensible que pudiera afectar el éxito de la medida, advirtiendo ofuscación en la persona del otro lado de la línea.”

El juez dijo en su fallo que “pocos minutos más tarde” (a las 0:45 del 22 de agosto) salió del barrio, en un Audi S3, Jonathan Simón Kovalivker, “frustrando su requisa”.

El objetivo de los enviados por el juez era sorprender a los Kovalivker en sus casas, requisarlos y sacarles los teléfonos que tuvieran con ellos.

El juez relató en su fallo que sus delegados fueron insólitamente interceptados por otros policías: contó que mientras la Policía de la Ciudad estaba frente a la garita reclamando la información sobre el lote de Jonathan Kovalivker, “se hicieron presentes cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, convocados a requerimiento del área de seguridad de Nordelta, bajo la falsa invocación de que ‘personas no identificadas pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial“.

Los policías de la bonaerense sólo se retiraron “una vez constatada la legalidad de la actuación policial”, según las pruebas de la causa.

Cuando la Policía de la Ciudad logró finalmente llegar a la casa de Jonathan Kovalivker, él ya no estaba. Estaban su mujer y sus hijos y había “rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”, dice el fallo. Una caja fuerte abierta y vacía, y banditas elásticas en el piso son algunos de los rastros a los que aludió el juez.

En su indagatoria, De Vicentis no negó su intervención, pero dijo que él no buscó entorpecer la actuación de la policía. Relató que “en un chat interno” se enteró de que “personal de la Policía de la Ciudad se encontraba en la guardia del denominado acceso sur y que, en función de ello, por propia iniciativa intentó comunicarse con el supervisor de guardia”, relata el fallo del juez.

De Vicentis dijo que ese supervisor le advirtió que los policías “no habían exhibido documentación para llevar adelante la manda judicial”. Contó también que en ese momento, un comisario interrumpió la conversación y le impidió seguir el contacto con el supervisor que estaba hablando con él.

Según De Vicentis, su preocupación era porque la Policía de la Ciudad se había llevado al supervisor de una garita a la otra (de la general a la de La Isla) y ese supervisor era el “único responsable de la seguridad del complejo en ese momento”.

Antes del operativo, en la fiscalía de Franco Picardi temían que los empresarios fueran ayudados a escapar. “Hubo malas experiencias con Nordelta”, dijo un funcionario a LA NACION. En los tribunales recuerdan el caso del financista Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, que fue advertido de que iban por él, también en Nordelta, y casi logra huir.

Por eso, ante la posibilidad de que hubiera problemas en el operativo, la Policía de la Ciudad puso al frente del procedimiento a un comisario, relataron fuentes del caso. No pudieron evitar, no obstante, que la policía fuera retenida en la garita el tiempo suficiente para que Jonathan Kovalivker dejara Nordelta, advierte el fallo de hoy de Casanello.

La Asociación Vecinal Nordelta (AVN) dio conocer la noche del lunes, horas después del procesamiento de De Vicentis, un comunicado en el que dijo que ratificaba “su compromiso con la Justicia”.

La AVN, que tiene a su cargo la administración y la seguridad de Nordelta, sostuvo que es “plena” su “cooperación con la Justicia en las investigaciones que involucran a la ciudad y a sus vecinos”. Alegó que cuando desde los tribunales solicitaron datos de los socios, ellos la entregaron “en cuanto fue posible”.

“Siempre se actuó en cumplimiento de las normas legales y los procedimientos habituales. Esto es, dando rápido acceso y verificando las órdenes judiciales para resguardo de la seguridad de la ciudad”, dice el comunicado.

La AVN niega que se haya alertado a quienes eran buscados por la Justicia que la policía iba por ellos (el comunicado sostuvo que siempre se guardó la “reserva requerida por la Justicia”) y dijo que “en algunas ocasiones los oficiales de justicia y/o funcionarios acuden al lugar sin toda la información del caso, lo que implica que sea la propia AVN la que tenga que proporcionar datos sobre domicilios, identificación, etc”.

Alegó que la información que ellos dieron, “en varios casos fue clave para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Por Paz Rodríguez Niell

• Discapacidad

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