Quedaron anuladas las leyes de perdón

Tras una larga sesión, el PJ logró esta madrugada amplia mayoría para votar contra el punto final y la obediencia debida Se aprobó dar rango constitucional al convenio de la ONU sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad Aunque se opuso, la UCR contribuyó a habilitar el tratamiento
Gustavo Ybarra
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21 de agosto de 2003  

El Poder Ejecutivo logró esta madrugada su primer gran triunfo político en el Congreso con la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida que el Senado sancionó por amplia mayoría, a la 1.50, tras una larga sesión.

Votaron en favor de anular las normas de perdón 43 senadores, mientras que siete lo hicieron en contra y uno se abstuvo. Una veintena de legisladores no estuvo en el recinto.

Antes, había convertido en ley por unanimidad el otorgamiento de rango constitucional al convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1968 que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Ambas normas son consideradas fundamentales por el presidente Néstor Kirchner para llevar adelante su estrategia de reabrir en los estrados judiciales nacionales la revisión de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

De esa manera, el Gobierno pretende cerrar definitivamente la polémica abierta por los pedidos de extradición planteados por la Justicia de varios países, en particular por el magistrado español Baltasar Garzón, para investigar y sentenciar en sus tribunales a los militares argentinos responsables del terrorismo de Estado .

Apenas una semana después de la histórica aprobación de la Cámara de Diputados, el bloque de senadores justicialistas logró cerrar filas ayer en apoyo de la iniciativa que impulsa el Gobierno y decidió bajar al recinto para sancionar sobre tablas la controvertida iniciativa.

Largo debate interno

Lo hizo después de tres horas de debate interno en el que primaron los argumentos políticos por sobre los jurídicos para convencer a la bancada oficialista de la necesidad de acelerar el tratamiento de la anulación.

Tanto fue así que la decisión del bloque del PJ estuvo motivada en buena parte en la necesidad de evitar un agravamiento del enfrentamiento entre Kirchner y Daniel Scioli (como se informa por separado), quien cumplió con su papel de titular del Senado y presidió la sesión de ayer, a pesar de que su oposición pública a la nulidad de las leyes fue uno de los detonantes de la crisis en el Gobierno.

A pesar de haberse opuesto a la anulación de las denominadas leyes de perdón, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) tuvo un papel fundamental al brindar sus votos a fin de alcanzar los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto.

Sin embargo, la postura de la UCR no fue seguida por los integrantes de los bloques Radicalismo Independiente, Rodolfo Terragno (Capital Federal) y Juan Carlos Passo (La Pampa); los jujeños del Movimiento Cívico, Gerardo Morales y Mónica Arancio de Beller, y la catamarqueña del Frente Cívico y Social, Marita Colombo, todos de extracción radical.

También sumaron su voto favorable a la anulación de las leyes de perdón Vilma Ibarra (Frente Grande-Capital), Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires) y los provinciales Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino) -aunque su compañero de bloque, Pedro Salvatori, se abstuvo- y Nancy Avellín (Cruzada Renovadora-San Juan).

Al rechazo del radicalismo se sumaron Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta) y Pablo Walter (Movimiento Federal Recrear-Tucumán), y se esperaba que el mismo camino siguieran los peronistas Sonia Escudero (Salta), Angel Pardo (Corrientes) y Elva Paz (Formosa).

En los hechos, fue el justicialismo el que cargó con el peso de la sanción de la norma y la defensa del proyecto a lo largo de un extenso debate del que participaron más de 30 senadores.

La sesión se planteó como un duelo entre los argumentos políticos y la defensa de la política de búsqueda de la verdad y la justicia de la administración de Néstor Kirchner, por un lado, y el rechazo del radicalismo a la anulación por considerar que el Poder Legislativo no está autorizado por la Constitución para tomar ese tipo de medidas, por el otro.

Así, el líder del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, calificó la sanción del proyecto como "un pronunciamiento político destinado pura y exclusivamente al Poder Judicial".

"Eliminar fantasmas"

En la misma línea se manifestó el riojano Jorge Yoma (PJ), quien destacó: "La sanción es controvertida jurídicamente, pero es de enorme importancia moral y ética, porque estamos votando más allá de la valoración jurídica de estas leyes".

Pichetto fue enfático al considerar que había que "eliminar el fantasma de la extradición" de los militares involucrados en causas por violación de los derechos humanos y criticó a Baltasar Garzón por pretender juzgar los excesos de la dictadura militar argentina "cuando España cerró las sepulturas con una ley de amnistía" que dejó sin proceso los abusos cometidos durante los 40 años de gobierno del general Francisco Franco.

Por su parte, el senador salteño Marcelo López Arias consideró que "cualquier mensaje contrario a las nulidades podría ser interpretado como que no se está avanzando en contra de la impunidad y en favor de la verdad y la justicia en la Argentina".

Desde el radicalismo, el legislador mendocino Raúl Baglini fue el más duro opositor de los proyectos, que habían sido sancionados durante la gestión del presidente Raúl Alfonsín.

No sólo rechazó la nulidad de las leyes del perdón, sino que también se manifestó contrario a la posibilidad de aplicar con retroactividad el convenio de la ONU, porque se estarían violando "los principios angulares" en materia penal y de derechos y garantías consagrados en el artículo 18 de la Ley Fundamental.

"Si lo que se quiere es terminar con las cortapisas que impiden alcanzar la verdad, flaco favor se le hace colocando estos obstáculos constitucionales que para lo único que van a servir es para nuevos y posteriores planteamientos judiciales", afirmó.

Su correligionario Horacio Usandizaga (Santa Fe) también se opuso a la anulación. Pero consideró que las leyes ya son inconstitucionales porque se oponen a la Convención de Viena, incorporada a la Constitución y que otorga primacía a los tratados internacionales por sobre el derecho interno. No obstante, insistió en que la declaración de inconstitucionalidad y de invalidez de las normas legales "es un atributo del Poder Judicial".

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