Quedó detenido Franco, ex jefe de la Armada

El juez federal Adolfo Bagnasco indagó y dispuso la detención del almirante (R) Rubén Franco, integrante de la última junta militar del gobierno de facto. El militar retirado sostuvo ayer que escuchó comentarios acerca de la existencia de una orden del gobierno de aquella época, que no pasó por el organismo que integraba, que disponía la destrucción de los archivos de la lucha antisubversiva.

Franco es el cuarto militar -aunque retirado, conserva su estado- en quedar arrestado. La misma suerte corrieron, luego de prestar sus respectivas declaraciones, el vicealmirante (R) Antonio Vañek, el ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada contralmirante (R) José Suppicich y el prefecto (R) Héctor Febres. También está bajo arresto domiciliario el ex jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera.

Durante dos horas y media, Franco respondió el interrogatorio del magistrado y del fiscal Eduardo Freiler, tras lo cual fue trasladado a la sede de Gendarmería en Campo de Mayo, donde quedó alojado.

Al marino se le imputa haber sido partícipe necesario en el delito de sustracción de menores, por haber firmado el llamado "informe final" sobre la lucha antisubversiva, en abril de 1983, en el cual el gobierno militar decretó que las personas desaparecidas debían ser consideradas muertas. Un mes antes de las elecciones en las que se impuso Raúl Alfonsín, en septiembre de ese año, el entonces presidente, general (R) Reynaldo Benito Bignone, sancionó el decreto ley de pacificación nacional, que implicaba una autoamnistía.

Franco, Bignone y el ex titular del Ejército general (R) Cristino Nicolaides están imputados de asociación ilícita por haber dado protección política a toda la estructura de las Fuerzas Armadas, a pesar de que se habían cometido graves delitos. Cuando fue interrogado sobre este punto, Franco afirmó que en un primer momento no quería firmar el informe final, con el cual no estaba de acuerdo la Armada, pero que finalmente lo hizo por la presión del Ejército y para que no se fracturara nuevamente la junta militar.

Según Franco, la última junta militar tenía una responsabilidad política, que era conducir al país hacia el camino de las instituciones democráticas, por lo cual él no tuvo relación ni conocimiento alguno de la desaparición de personas.

También sostuvo que no conocía la existencia de centros clandestinos ni que hubiera mujeres embarazadas en esas prisiones. Estas afirmaciones se contradicen, en parte, con algunas constancias que hay en la causa, entre las cuales figuran presentaciones que hicieron las Abuelas de Plaza de Mayo recordando que, en esa época, reclamaron a la última junta militar para que averiguara el paradero de numerosas personas. Por lo menos, Franco "omitió investigar", sostiene el abogado de la citada agrupación,Alberto Pedroncini.

Franco afirmó ayer que llegó a su conocimiento la existencia de una instrucción del gobierno de facto, pero aseguró que no pasó por la junta y dijo que él, cuando tuvo que cumplir con la orden de un juez, buscó en la ESMA documentos sobre la subversión y no encontró nada.

Por Adrián Ventura

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