Repercusiones del arco político por la decisión judicial de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei: “Censura previa”

La determinación del juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los supuestos audios de Karina Milei, aparentemente grabados en la Casa Rosada, causó la reacción de diversos sectores. Por un lado, desde las filas del oficialismo celebraron la decisión, mientras que, por el otro, desde la oposición la cuestionaron.

El diputado socialista Esteban Paulón, con el acompañamiento de Mónica Fein, presentó en la Cámara baja un proyecto de interpelación para que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dé explicaciones. Desde la cartera de la excandidata presidencial acusaron al periodista Jorge Rial, entre otros, de ejecutar una “operación de inteligencia ilegal” y radicaron una denuncia.

“Que mentir no sea gratis. Frente a las versiones contradictorias, las graves acusaciones, los pedidos de allanamientos contra los periodistas y las mentiras de Bullrich, presentamos un proyecto de interpelación para que la ministra dé explicaciones en Diputados”, expresó el legislador, a la vez que apuntó: “Hágase cargo, ministra. No sea cobarde. No solo determina quién es periodista y quién no, además, pide allanamientos que hostigan a quienes investigan pero luego esconde la mano”.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado en rechazo a la decisión del juez y consideró que los allanamientos poseen “gravedad institucional”. “Advertimos que se trata de un acto de censura previa. Reclamamos a la Justicia que revea de manera urgente la medida cautelar que impide la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia y exige al gobierno nacional que cese el acoso contra periodistas y medios, quienes deben trabajar con absoluta libertad -y sujetos a responsabilidades ulteriores- para garantiza el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público", señaló la entidad.

En esta línea, la candidata a diputada por la izquierda, Myriam Bregman calificó a la medida como una “censura en el país de la libertad” y acusó que se trata de un “enjambre legal armado por el Gobierno para frenar el escándalo que rodea las coimas en el área de discapacidad”. “Se ejerce claramente censura previa incompatible con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados suscriptos por nuestro país. Todo ilegal“, agregó.

El diputado Leandro Santoro cruzó al gobierno nacional y argumentó: “Después de denunciar una injerencia rusa en la divulgación de los audios de la coima piden allanar a Jorge Rial y a Mauro Federico mientras que a Diego Spagnuolo le ofrecieron pagarle los abogados y a ‘Lule’ Menem lo confirmaron en el cargo. Esta gente está totalmente loca”.

Por su parte, el presidente Javier Milei replicó una publicación de la Vocería Presidencial, en la que se explicó que el gobierno nacional presentó una denuncia contra la Justicia por una presunta “operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera“. En este marco, el mandatario indicó: ”Tomen nota“.

A su vez, al momento de anunciar la decisión judicial, el vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló: “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

LA NACION

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