Reforma Judicial: crecen las dudas en los tribunales por el dictamen aprobado

Con matices, distintos actores del mundo judicial consultados por LA NACION observan con desconfianza el dictamen de la reforma judicial que aprobó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, y que será discutido en la Cámara alta la próxima semana.

La cláusula que se agregó al artículo 72 del proyecto, denominado "reglas de actuación", que exige a los jueces informar al Consejo de la Magistratura eventuales presiones mediáticas también despertó críticas y desconfianza en los magistrados consultados por este medio.

El juez Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, dijo a LA NACION: "Los jueces tenemos que tener el cuero duro y no podemos asustarnos con la tapa de un medio. No entiendo cuál es el objetivo de esa cláusula, ni cuál sería el camino que podría recorrer el Consejo de la Magistratura en caso de que haya una denuncia de un juez diciendo que lo presiona un medio".

Aunque Lugonesapoya el proyecto de reforma y expuso ante la comisiones del Senado donde se debatió el proyecto, insistió en la crítica sobre ese punto y agregó: "Somos personas públicas, ¿cómo no nos van a poder criticar? Sé que me van a cuestionar, pero me hago cargo".

En una sintonía similar, pero centrado en que se produciría una limitación a la libertad de expresión, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, dijo a LA NACION: "No puede haber ningún tipo de limitación a la libre expresión de las opiniones".

Y agregó: "Nosotros tenemos que tener un cuero bastante curtido y saber que es lógico que nuestras decisiones puedan generar desacuerdos, críticas a distintas personas. En la medida en que sean canalizados de manera adecuada, tenemos que tolerar la libertad de expresión".

"Cuando uno presta el juramento y asume el cargo se está comprometiendo precisamente a todo esto. Pero no le corresponde al Congreso dictar un código de ética para los jueces, sino a la Corte Suprema, la cabeza del Poder Judicial", dijo Gallo Tagle.

Por otro lado, hay quienes observan falencias en la forma en que el dictamen plantea el traspaso de competencias de justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. "En cuanto a mi fuero, el criminal y correccional, pienso que el dictamen consolida las mismas falencias que ostentaba el proyecto original. No establece nada con respecto a qué va a suceder con los magistrados -muchos de ellos jóvenes, solventes técnica y jurídicamente y con una carrera por delante-, que no presten su conformidad para ser transferidos al Poder Judicial de la CABA", dijo un magistrado de la justicia penal ordinaria.

Y agregó: "A los jueces nacionales no se los puede cesar en sus cargos si no es por remoción, renuncia o muerte. En los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata de un claro supuesto de afectación de la estabilidad e inamovilidad de estos jueces ante la falta de asignación de funciones y competencias".

"Sería razonable y plausible -agregó- una previsión en la normativa proyectada para que, una vez que acepte el convenio de transferencias la Legislatura de la CABA, se les asigne competencia en asuntos de índole federal."

Otro funcionario judicial de Comodoro Py consultado por este medio dijo que, aún con los cambios efectuados, el proyecto le parece "inoportuno" y "apurado", y contrario a la implementación del sistema acusatorio.