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Las amenazas por el fallo contra Cristina se extendien a los tres jueces de la Corte
Camaristas de todo el país las repudiaron, lo mismo expresó la Federación Latinomaericana de Magistrados y el Consejo de la Magistratura
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LA NACION
Las amenazas por haber confirmado la sentencia contra Cristina Kirchenr se extendieron a los tres jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Las intimidaciones merecieron el repudio de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales de todo el pais, de la Federación Latinomaericana de Magistrados y del Consejo de la Magistratura.
En el caso de Horacio Rosatti hubo veladas amenazas y agraviantes panfletos en el macrocentro de Santa Fe contra el presidente de la Corte Suprema, oriundo de esta ciudad, de la cual fue su intendente en la segunda mitad de la década de los 90.
En un grafiti pintado en una de las paredes detrás del mástil de la Plaza España, frente a la sede del PJ provincial y a otras dependencias provinciales, se podía leer “Ojo Rosatti”.
En el caso de Lorenzetti, un usuario de X, @tanochelo3, publicó una foto de una casa en llamas con la incripción “La casa de Lorenzetti en Rafaela, en breve”. Lorenzetti también es santafesino, oriundo de la ciudad de Rafaela.
En el caso de Carlos Rosenkranz no trascendieron las formas de las amenazas, solo advirtió sobre ellas la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales.
"Frente a los recientes hechos de violencia institucional que representan las amenazas, intimidaciones e injustificadas descalificaciones dirigidas contra los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Dres. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, reiteramos nuestro más enérgico rechazo ante toda forma de violencia o intolerancia que pretenda comprometer el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", dice el texto oficial.
La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y el Consejo de la Magistratura de la Nación expresaron su profunda preocupación por esos mensajes.
El presunto autor de las pintadas contra Rosatti, un militante del kirchnerismo santafesino, fue identificado y su casa allanada.
Consideraron que se trata de “un intento de condicionar el ejercicio independiente de la función judicial en Argentina”.
La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales expresó "más enérgico repudio y extrema preocupación”.
Señalaron los magistrados que estas intimidaciones son “un acto de extrema violencia institucional” que atenta directamente contra la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la “integridad del sistema republicano de gobierno”.
La postura fue compartida y reforzada por la Federación Latinoamericana de la Magistratura e integrantes del Consejo de la Magistratura que suscribieron una declaración conjunta.
Allí sostuvieron que se busca “condicionar el ejercicio independiente de la función judicial” y entendieron que esos actos son una “injerencia indebida e intimidante” y una “intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional”, y que no es “admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones”.
Un hombre, identificado como Roberto Mauricio Acosta, fue detenido en su domicilio, donde según un informe de la Policía Federal “se secuestraron elementos de interés, tales como una remera partidaria del PJ, folletos con la imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la leyenda ‘proscribirla no te llena la heladera’ “.
En varias zonas de la ciudad de Santa Fe ya habían aparecido panfletos con diferentes leyendas. Una de ellas atacaba al mismo titular de la Corte Suprema con un texto agresivo: “Rosatti Supremo HdeP”. En otro, se consignaba la leyenda: “Cristina es Democracia”.
Las tres declaraciones de las entidades subrayaron la importancia del Poder Judicial. “La ley es producto de los consensos democráticos, y su observancia es una condición necesaria para la vigencia del régimen democrático. El Poder Judicial ejerce el rol de autoridad pública de aplicación de la ley y es fundamental para asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución y custodiar los derechos y garantías que esta enuncia”, dijeron.
Y mencionaron que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un “derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho”.
El presidente de la FLAM que firma la declaración es Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Asociación de Magistrados. También suscribieron los consejeros jueces del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Diaz Cordero y María Alejandra Provítola.
LA NACION
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