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Coronavirus en la Argentina: restituyen a la Ciudad $65 millones por la compra fraudulenta de barbijos
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia restituyó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los 60,5 millones de pesos que pagó como adelanto por la compra de 5 millones de barbijos para afrontar el avance del coronavirus. Además, se le dictó la prisión preventiva por fraude contra el Estado a un farmacéutico detenido que intervino como intermediario en esa compra. El farmacéutico recibió el dinero, pero nunca entregó la mercadería prometida a la gestión porteña.
La decisión de la jueza Paula Verónica Gonzalez recayó sobre el farmacéutico Damian Andrés Nevi, quien seguirá detenido en un penal, y sobre Paula Edith Fernandez y María Elena Canali, brokers o intermediarias, que fueron procesadas sin prisión preventiva como partícipes de la defraudación.
Tras el procesamiento y embargar los bienes de los acusados hasta la suma de 20 millones de pesos a cada uno, la jueza Gonzalez se declaró incompetente y envió el caso a la justicia contravencional porteña que investigaba este asunto por una denuncia del Gobierno porteño. La fiscal del caso Mónica Cuñarro se oponía a esta decisión pues entendía que podía haber funcionarios involucrados en la maniobra.
Nevi era responsable de la empresa Medinsumo, intermediaria en la operación. El gobierno porteño en realidad contrató a la firma E-ZAY SRL, a quien le pagó un adelanto de 160 millones de pesos y esta firma, a su vez le compró a Medinsumo, que incumplió con las entregas y se quedó con parte de la plata ahora restituida.
No obstante, la jueza Gonzalez, sospecha que los integrantes de E-ZAY SRL pudieron tener participación en la maniobra por lo que no la aceptó como querellante (víctima). Consideró "la nula experiencia de la empresa denunciante" en la comercialización de insumos médicos que se encuentra regulada. Dijo la jueza que es una empresa dedicada a la tecnología y al desarrollo de software destinado a la educación a distancia. Su socio gerente y denunciante, José Jesús Paladino, sería un "un señor de edad", que contaría solo con estudios primarios y a quien el apoderado de la firma, por ser su amigo, le pidió que la integrara y le diera de alta para vender estos insumos en febrero pasado.
Esta firma logró recibir una contratación directa del Gobierno porteño de la compra de 5 millones de barbijos y cobró por adelantado el 50% del precio unos 162 millones de pesos y transfirió a Nevi 60,5 millones. El saldo que ascendía a 101.850.000 de pesos quedó en poder de E-ZAY pero en sus cuentas solo dejó 1.195.280, sin que entregara la mercadería.
El gobierno porteño compró los barbijos a 68 pesos cada uno, cuando Nevi se los había ofrecido a E-ZAY a 30 más IVA pesos cada uno.
Marcha atrás en la operación
El gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, anuló la operación y ahora recibió parte de lo que había pagado. El proveedor de E-ZAY, que era Medinsumo, de Nevi al momento de la compra no tenía sede ni de director técnico que ejerciera el contralor de sus actividades y no podía importar los barbijos. La jueza evaluó que la firma se aprovechó de la cuarentena para evitar que los controles detectaran sus falencias. La empresa comprometió plazos de entrega que iban del 10 al 20 de abril aun cuando, desde un inicio sabía que no iban a poder ser cumplidos.
Y cuando empezaron a reclamarle los productos, Nevi le dijo por WhatsApp a sus clientes que los barbijos estaban llegando en avión de China, que los habían cargado en camiones, que el camión había sido robado en la autopista, que la carga había sido recuperada en Rosario. Y todas estas fantasías eran documentadas con fotos y capturas de pantalla enviadas al cliente, cuando en realidad los tramites de importación nunca habían sido iniciados.
La jueza señaló que "los imputados aprovecharon la flexibilización de los procesos de control" y mostraron desaprensión por médicos y enfermeras a los que iba destinado el producto y por los vecinos de la Ciudad. "Los vecinos de la ciudad, cuyos aportes integran el dinero desviado de las arcas estatales, así como los destinatarios finales de los insumos sanitarios con los que abastecerían hospitales y demás centros de salud -actualmente inmersos en la primera línea de combate de la enfermedad, a costa de su propia integridad- merecen el esclarecimiento de los eventos denunciados y la identificación de todas las personas que tomaron parte en su comisión", explicó.
El caso quedó ahora en manos del fiscal contravencional Matías Vence en el fuero contravencional y penal de la Ciudad.
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