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Se acentúa la crisis en el fuero penal
Los jueces están desbordados de trabajo por el aumento de delitos, pero hay muchas vacantes sin cubrir
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Los expedientes se acumulan. La mesa de entradas del juzgado se desborda con frecuencia. Es sólo el síntoma visible de la crisis que atraviesa la justicia penal en el país, donde la Cámara del Crimen, el tribunal que debe revisar las sentencias de los jueces de primera instancia, funciona con dos tercios de los magistrados que debería.
Además, hay cinco vacantes sin cubrir entre los juzgados de instrucción y una en los juzgados correccionales, que intervienen en las causas penadas con menos de tres años de prisión.
A este panorama se le suma la existencia de un juez de instrucción suspendido, Alberto Murature, por denuncias en su contra, y varios magistrados que tienen abiertas investigaciones sobre su conducta.
Por ejemplo, la vacante más antigua de la Cámara del Crimen data de hace seis años. El concurso para cubrir ese puesto ya se hizo y la designación del elegido está demorada por el Poder Ejecutivo, que se propone realizar un mecanismo de consultas con entidades intermedias antes de elevar ese pliego al Senado. "En diez días trataremos todas las ternas", adelantó a LA NACION el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rosas.
Pero las quejas en la Justicia siguen: "Falta un camarista por sala y esto nos genera gran cantidad de inconvenientes. El principal es que para decidir tenemos que convocar a los jueces de la Cámara en lo Penal Económico", explicó a LA NACION Abel Bonorino Peró, presidente del tribunal durante la feria judicial de invierno.
Detalló que el tema provoca retrasos e inconvenientes, sobre todo cuando corresponde tratar problemas de conducta de los jueces de primera instancia. Aquí, el plenario de la cámara debe funcionar con un mínimo de nueve jueces para tener quórum; como hay sólo diez, si uno falta o pide licencia se hace necesario llamar a un camarista de otro fuero.
"No sé realmente si la Justicia existe como poder para los otros dos poderes del Estado", reflexionó.
La Cámara del Crimen maneja un flujo semanal de 100 causas por sala. En todo el fuero penal de instrucción, en 2001, ingresaron 109.239 causas, unas 25.000 menos que el año anterior, pero no porque hubiera menos delitos, sino porque entró en vigor una nueva norma a partir de la cual los hechos delictivos con autor desconocido directamente son girados a las fiscalías. Esos casos que no aparecen en la estadística del Poder Judicial están en el ámbito del Ministerio Público.
"El flujo de causas es cada vez mayor, es un índice de cómo viene creciendo la delincuencia. Pero ojo, que muchas denuncias no se hacen porque la gente cree que no puede ser descubierto el hecho. La gente comenzó a descreer en la Justicia y muchas veces tiene razón", dijo el camarista.
Los juzgados de primera instancia vacantes deben ser cubiertos por otros magistrados, que se van rotando en esos tribunales. "Los jueces de instrucción están atiborrados de trabajo. Los jueces subrogantes deben estudiar causas complejas en dos tribunales a la vez", explicó.
Esta situación es exactamente proporcional a la efectividad de la justicia penal. Un reciente estudio de Fores, una asociación destinada a estudiar los problemas de la Justicia, realizado sobre la base de datos de la Corte Suprema de la Nación, determinó que el 54 por ciento de las causas que ingresan en el fuero penal en la Capital es archivado por falta de elementos para seguir con la investigación.
En el fuero criminal de instrucción, en 2001, sólo el 4,7 por ciento de las causas fue elevado a juicio oral y público, y el 0,94 % recibió una condena. "Se puede afirmar que el sistema penal sólo condena el uno por ciento de las causas que ingresan", explicó a LA NACION el director de Fores, Héctor Chayer.
Si se comparan las cifras con las de 1995, las condenas se redujeron un 2,55 por ciento.
Cargos vacantes
El proceso para cubrir los cargos vacantes en la Justicia está así:
De los cinco de la Cámara del Crimen, el Consejo de la Magistratura remitió una terna encabezada por el fiscal de tribunal oral Gustavo Bruzzone el 15 de diciembre de 2002, y el Poder Ejecutivo pidió acuerdo para designarlo en la Sala I el 10 de abril pasado.
Una segunda terna para otro cargo, liderada por el juez de instrucción Juan Cicciaro, fue remitida al Ejecutivo el 14 de abril último; las siguientes serán enviadas cuando el Gobierno pida acuerdo al Senado para designar a alguno de los propuestos.
Los juzgados de instrucción de primera instancia están a estudio del Consejo de la Magistratura. Para los juzgados N° 24, 28 y 40 ya se avanzó hasta las entrevistas con los candidatos, paso previo a la conformación de las ternas. Con respecto a los juzgados 36 y 43 se convocó a los candidatos a una prueba de oposición, que se realizará el 12 de septiembre próximo.
En el juzgado correccional vacante, el N° 6, los postulantes podrán anotarse entre el 1° y el 5 de septiembre próximo, y la prueba de oposición será el 24 de octubre.
El Poder Ejecutivo tiene a estudio un total de 12 ternas de jueces de diferentes fueros. Dos de ellas están paralizadas porque hubo dos personas que quedaron excluidas y presentaron recursos de amparo ante la Justicia.
El resto será tratado en diez días, prometió Fleitas Ortiz de Rosas. "Queremos llevar adelante un proceso de consultas con entidades representativas, como se hizo en el caso de la Corte, para evitar la discrecionalidad", concluyó.
Aclaración
- En la página 10 de la edición de ayer se publicó por error la fotografía del Dr. Gustavo M. Hornos en lugar de Jorge Ballestero. Hornos registra una dilatada carrera anterior en el fuero federal, en el que se desempeñó como empleado, secretario, fiscal federal y fiscal de la Cámara Federal. Actualmente es juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, el más alto tribunal en la materia del país.
El ranking de cuestionados
Según una evaluación del Ministerio de Justicia, los fueros más congestionados son el comercial, el correccional y el contencioso administrativo. El fuero comercial está atiborrado por quiebras y concursos derivados de la crisis económica. El correccional sufre de un congestionamiento crónico, y la justicia contencioso administrativa se desbordó con los amparos por el corralito.
"Deberíamos tener un mecanismo para manejar en forma más flexible el problema y brindar una respuesta eficaz. La idea es trasladar la competencia en estos casos a los fueros similares", dijo Fleitas Ortiz de Rosas a LA NACION.
En ese sentido, adelantó que se está pensando en que algunos delitos que actualmente están bajo la órbita de la justicia correccional -las usurpaciones, por ejemplo- pasen a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tal como adelantó LA NACION en su edición de ayer.
Por Por Hernán Cappiello <br/> De la Redacción de LA NACION
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