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Se agrava la situación del juez Maraniello, acusado de abuso sexual y maltrato
Su caso quedó en manos de la Comisión de Acusación, que deberá resolver si inicia un proceso de remoción
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LA NACIONHernán Cappiello
Patricio Maraniello, el juez Civil y Comercial federal que se hizo famoso por prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei, comenzará a ser investigado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por las denuncias en su contra por abuso sexual y maltrato laboral.
Que la Comisión de Acusación −y no la de Disciplina− se aboque a su caso implica que Maraniello no se expone a una sanción disciplinaria, como el descuento de una parte de su sueldo, sino que lo que se analiza es si corresponde iniciarle juicio político para su remoción.
La decisión fue tomada hoy por la Comisión de Disciplina, en donde habían sido enviados inicialmente los expedientes. Ahora, los consejeros entendieron que la gravedad de las imputaciones en su contra merecen sanciones graves, si se confirman.
La Comisión de Disciplina, que preside el abogado kirchnerista César Grau, había postergado el miércoles pasado la decisión de la unificación de los expedientes y el pase a la Comisión de Acusación.
El presidente de la Comisión de Acusación, el senador Luis Juez, había advertido en ese encuentro que no había en todo el Consejo un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí ara avanzar.
Es que ya declararon contra Maraniello la víctima que denunció el abuso sexual, sus compañeros y dos camaristas, superiores del juez, que advirtieron que “nunca” habían visto “nada igual” y hasta detallaron un código de vestimenta que el magistrado imponía a sus empleadas, de tacos y minifalda, lo que motivó a que “en radiopasillo” las llamaran “las azafatas de Maraniello”.
Hoy, en una nueva reunión, finalmente se votó la unificación de denuncias y el pase a la Comisión de Acusación, con nueve votos afirmativos.
Levantaron la mano Grau y Juez, junto a los senadores Eduardo Vischi (UCR), Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara (ambos de Unión por la Patria), el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña.
El único que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, que insistió en no dejar asentado el precedente de la unificación de denuncias.
Quedó excluida una reciente denuncia contra Maraniello por el retardo en la habilitación de feria por un amparo de salud, trámite que continuará en la Comisión de Disciplina.
El sumario a Capuchetti
En tanto, en una votación ajustada que desempató Grau como presidente, la comisión rechazó anular el sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti, denunciada por el kirchnerismo por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner.
El kirchnerismo la responsabiliza por el borrado del teléfono del celular de Fernando Sabag Montiel, condenado por el ataque, pero la jueza denunció la responsabilidad de la Policía Federal y de exfuncionarios del kirchnerismo en el asunto.
Capuchetti pedía la nulidad de todo lo actuado porque se había avanzado en el trámite en su contra y hasta convocado a testigos, sin haber sido notificada por el llamado artículo 11 del reglamento, el que le permite al magistrado saber de la investigación en su contra y hacer presentaciones o planteos.
Los consejeros jueces Barroetaveña, Díaz Cordero y Provítola, junto a Vischi y Galderisi, votaron en favor de Capuchetti, pero perdieron ante la decisión de Juez, Lugones, Pilatti, Recalde y Grau, cuyo voto –en su rol de presidente- valía doble.
El caso Goggi
La discusión que más tiempo insumió a la reunión, sin embargo, fue la que planteó un escenario entre jueces vs. abogados. Es la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi, que viene declarando de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados.
A su criterio, esa norma, que ata el cálculo de los honorarios a la remuneración de los jueces federales, es “inequitativa” y por lo tanto ordena no aplicarla. Esos fallos generaron la denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.
La abogada Jimena Latorre, que no integra la comisión, reclamaba que se hicieran medidas de prueba contra el magistrado. Según dijo, quería que se expusiera si existía “un patrón” de conducta del juez que no aplica esa ley “porque no le gusta”.
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