Se define el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner y avanzan las causas de corrupción en su contra
Empiezan los alegatos en el caso del intento de homicidio; en paralelo, la expresidenta y los otros condenados del caso Vialidad tienen 10 días para depositar unos US$500 millones y avanza Hotesur
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La feria judicial terminó y varias causas vinculadas con Cristina Kirchner entran desde hoy en etapa de definiciones. Por un lado, el juicio por el intento de homicidio ingresa en la recta final, pero además se aceleran las causas de corrupción contra la expresidenta, que en 10 días debe depositar unos 500 millones de dólares por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad por el que fue condenada.
Además, enfrentan momentos clave otros casos de corrupción del kirchnerismo, como el juicio de las coimas a la constructora sueca Skanska, en el que está acusado Julio De Vido, y la instrucción de las causas del expresidente Alberto Fernández, procesado por las agresiones contra su exmujer y por beneficiar a amigos con las pólizas de seguro que contrataba el Estado durante su mandato.
El atentado
El juicio oral por el ataque a la expresidenta ocurrido en septiembre de 2022 llega al final. El próximo 20 de agosto, la fiscal Gabriela Baigún formalizará la acusación contra el tirador frustrado, Fernando Sabag Montiel, y sus presuntos cómplices, Brenda Uliarte — presente el día de los hechos- y Nicolás Carrizo, jefe de ambos en el negocio de la venta de copos de azúcar. Los tres están presos. El delito que se investiga es el de tentativa de homicidio premeditado, agravado por alevosía y uso de armas de fuego.
Durante el transcurso del juicio, la fiscal Baigún consideró que había elementos suficientes para ampliar la acusación contra ellos por “violencia de género” y “violencia política”.
Se espera que la defensa del tirador Sabag Montiel, en manos de Gabriela López Puleio, argumente que el arma — una Bersa calibre .32- no estaba en condiciones de ser disparada al momento del ataque por tener el cargador unos centímetros salido de la culata, tal como muestran algunas fotos tomadas aquel día, y no contar con una bala en la recámara.
La estrategia tensiona, sin embargo, con las declaraciones de Sabag Montiel, quien, al declarar durante el inicio del juicio, ratificó que su intención había sido atentar contra la exmandataria por motivos “éticos”.
Luego de escuchar a cada una de las partes, el tribunal, integrado por la jueza Sabrina Namer y sus colegas Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, dará el veredicto.
El decomiso de Vialidad
El próximo 13 de agosto vence el plazo que le impuso el Tribunal Oral Federal N° 2 a Cristina Kirchner y al resto de los condenados por el fraude con las obras públicas de Vialidad Nacional para que depositen el equivalente a unos 500 millones de dólares, que es el monto del perjuicio al Estado que, según la Justicia, dejó la maniobra.
En rigor, deben entregar, entre todos, 684.990.350.139 de pesos. Tal es la cifra actualizada del decomiso de 84.000 millones de pesos dispuesto en la sentencia.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso emplazaron a los condenados a depositar ese dinero. Si no lo hacen, se decomisarán los bienes de cada uno de los condenados y se enviarán a remate para cubrir la suma requerida.
Los bienes embargados no llegan al monto fijado por el tribunal, pero de todos modos se ejecutarán. La Corte Suprema de Justicia creó hace unos meses un nuevo reglamento para los bienes decomisados en causas penales, que incluye que se le informe qué bienes son para que se analice si pueden ser de utilidad para el Poder Judicial.
Tal como detalló LA NACION, entre los bienes a rematar, si los condenados no hacen sus aportes, se cuentan estancias en Santa Cruz, campos, chacras en Calafate, departamentos en Puerto Madero, sociedades y hasta los millones de dólares en efectivo que fueron decomisados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
Memorándum con Irán
El otro caso contra Cristina Kirchner que se encamina a una definición ahora que terminó la feria judicial de invierno es el nuevo juicio oral y público que debe afrontar por la firma del Memorándum con Irán.
Los jueces a cargo de este proceso son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, quienes pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les habilite nuevos contratos para poder empezar con el proceso.
Reclamaron sumar nueve empleados, ya que hoy hay una sola persona del tribunal abocada a la causa, dijeron a LA NACION en los tribunales. No buscan reforzar el equipo existente, sino armar uno nuevo desde cero.
Las audiencias podrían comenzar en 2026, señalaron fuentes judiciales, que además de nuevo “personal” esperan “la prueba pedida por las partes”. La Corte rechazó el 5 de diciembre del año pasado todos los recursos de las defensas y despejó el camino para que el juicio oral y público se inicie lo antes posible. Pasaron siete meses y nada ocurrió. Primero, porque se discutió la integración del tribunal, ya que hubo recusaciones y excusaciones; luego, por “cuestiones de agenda”, según se informó.
En este expediente hay poco que hacer antes del juicio, dijeron funcionarios judiciales que revisaron el caso, porque el tribunal oral que intervino con anterioridad había prácticamente agotado la instrucción complementaria.
Sin embargo, se está respondiendo a los últimos pedidos de prueba, admitiendo y rechazando las medidas según corresponda. Las fuentes señalaron que están reclamando la prueba que aún no llegó; por ejemplo, la autorización de Interpol para que declaren dos funcionarios de ese organismo, que fue enviada hace casi un mes y aún no hay respuesta.
Hotesur y Los Sauces
El otro caso contra Cristina Kirchner que se activa en la segunda parte del año, tras las feria, es la causa por lavado de dinero conocida como Hotesur y Los Sauces. Aquí expertos contables retomaron un peritaje para determinar cómo el dinero de Lázaro Báez -recibido por la obra pública en Santa Cruz- terminó en manos de los Kirchner.
La conclusión de ese estudio determinará la fecha de inicio del debate oral y público que involucra además a Máximo Kirchner, a Báez y al empresario Cristóbal López.
Los especialistas fijaron un cronograma de reuniones. Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli dispusieron que los expertos avancen con rapidez en “los dictámenes técnicos pendientes de culminación” y que “estimen el tiempo que les llevará tal tarea y con ello, informen la fecha probable para el fin de su trabajo”.
En la causa se investigan un presunto lavado de dinero y una supuesta asociación ilícita en torno a Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner, que alquiló sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Florencia Kirchner estaba imputada en la causa, pero la Cámara de Casación confirmó su sobreseimiento.
La Corte Suprema de Justicia, a fines del año pasado, rechazó todos los recursos de la defensa e instó a que se hiciera el juicio, pero nada pasó. El fiscal es Diego Velasco, que viene presentando escrito tras escrito empujando a los jueces a que le pongan fecha de inicio al proceso e incorporen las nuevas pruebas.
El caso cuadernos
El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas -la mayor causa de corrupción que se investiga en la Argentina, con la expresidenta como la principal acusada- tiene una fecha clave: el 24 de septiembre. Ese día se realizará una audiencia para organizar el debate oral que comenzará el 6 de noviembre.
Con la decisión de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli quedó allanado el camino para el juicio que deberán afrontar más de 150 imputados, entre ellos Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, y la mayoría de los empresarios que tenían contratos con el Estado.
Se juzgará una maniobra, puesta al descubierto por una investigación de LA NACION, que consistió en un mecanismo de recaudación de sobornos que pedían los funcionarios a los empresarios para mantener sus contratos de obra pública y otros servicios.
Empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron estos pagos, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, que plasmó en libretas sus viajes y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas. Entre los exfuncionarios están acusados el ministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, que tenía a Centeno como chofer.
Si bien se la conoce como el caso de los cuadernos de las coimas, en realidad son seis causas acumuladas en un solo proceso, que por la cantidad de imputados amenaza con ser muy extenso, dado además que los testigos son 626.
Para simplificar el proceso y organizarlo, los jueces convocaron a un Zoom el 24 de septiembre. Invitarán a las defensas y a la fiscal del juicio, Fabiana León, a que evalúen qué pruebas son necesarias y cuáles no, para no demorar el caso.
Gas Natural Licuado
También se aproxima a su fin un remanente de la causa por la compra de Gas Natural Licuado. En el tramo que llegó a juicio oral están siendo juzgados Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, y el ejecutivo Nicolás Dromi, hijo de Roberto Dromi, figura clave en el proceso de privatizaciones durante el menemismo. Los alegatos comienzan el 25 de agosto.
El caso estuvo signado por el irregular peritaje del ingeniero David Cohen, que incluyó declaraciones y datos falsos y hasta citas sacadas de la página web “Rincón del Vago”. Por su actuación como perito, Cohen enfrenta en otro proceso hasta 10 años de prisión. Cristina Kirchner fue sobreseída.
Las causas de Alberto Fernández
Los dos frentes abiertos del expresidente Alberto Fernández en la Justicia también ingresan en zonas decisivas.
La causa por las agresiones contra su expareja Fabiola Yañez, por un lado, se encamina a ser elevada a juicio oral. El juez Julián Ercolini dio por acreditado que Fernández golpeó en al menos dos oportunidades a la ex primera dama y lo procesó por lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y un contexto de violencia de género, decisión que fue ratificada por la Cámara.
La querella pidió 12 años de prisión para el expresidente. Cuando se hayan pronunciado todas las partes del proceso, el juez Ercolini deberá resolver si clausura la instrucción y lleva el caso a juicio oral o solicita alguna medida de prueba adicional.
El procesamiento del expresidente en la causa Seguros, dictado por el juez Sebastián Casanello a mediados de junio, todavía debe ser revisado por la sala II de la Cámara, al igual que la situación de otros imputados en el caso, como el broker Héctor Martínez Sosa y su pareja y exsecretaria presidencial, María Cantero, principales beneficiados por la maniobra.
La lista no acaba allí, por lo que no se espera que la Cámara resuelva en lo inmediato la situación de cada uno de los procesados, que podrán pedir prórrogas y audiencias para alegar, anticipan en los tribunales.
Casanello dio por acreditado que el expresidente llevó adelante negociaciones incompatibles con su función de presidente en favor de los negocios del broker Martínez Sosa.
El caso Skanska
El juicio por el primer gran caso de corrupción que sacudió al kirchnerismo también se aproxima a un cierre, a más de 20 años de los hechos.
La causa investiga el pago de coimas por parte de la empresa de construcción sueca para adjudicarse la obra pública en el país. Además de una treintena de directivos, implicados en una trama de sobreprecios y facturas truchas, están procesados el exsecretario de Obra Públicas José López y De Vido.
La causa se cerró en 2011, pero un audio clave, grabado en el marco de una investigación interna por parte de la empresa, fue reincorporado a la causa: en la grabación, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, le admite al síndico de la compañía haber pagado sobornos para hacerse de obra pública en el país. “Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, explicaba.
La intención de los funcionarios judiciales es que los alegatos finales comiencen el 25 de agosto próximo.
Mamá Corazón
Otro caso que se acerca a su cierre tras la feria es el que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de Mamá Corazón, la comedia romántica que protagonizó y produjo la actriz Andrea del Boca, pero que nunca llegó a salir al aire.
Los 25 capítulos filmados fueron solventados con fondos que el Ministerio de Planificación, encabezado por De Vido, le giró a la productora de la actriz, A+A Group SRL, a través de la Universidad de San Martín, con un contrato directo de adjudicación, sin concurso público.
De Vido y Del Boca están procesados por administración fraudulenta. Fuentes de los tribunales estiman que la fiscal Fabiana León formalizará su acusación a fin de mes.
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