Se enfrentan un juez y un fiscal por la supuesta bóveda de Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello, encargado de investigar a Lázaro Báez por lavado de dinero, envió a la justicia de Santa Cruz las denuncias que hizo la diputada Elisa Carrió por la supuesta existencia de una bóveda del empresario kirchnerista en su chacra de Río Gallegos. Lo hizo por considerar que ese tema es ajeno a la investigación que él lleva adelante y no es de su jurisdicción. Carrió anunció inmediatamente que denunciará al magistrado por encubrimiento agravado.

No obstante, la decisión de Casanello fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien le dijo al juez que enviar esa parte de la causa a Río Gallegos "entorpece el curso de la investigación, conspira contra la celeridad que debe regir en todo proceso y frustra la obtención de prueba vital". De este modo, se produjo un conflicto de jurisdicción, que ahora deberá resolver la Cámara Federal.

"La eventual existencia de documentación y/o dinero en una bóveda particular no resulta inverosímil", escribió el fiscal al apelar el envío de la denuncia de Carrió a Río Gallegos. Esas consideraciones son sólo una muestra de las diferencias que existen entre ambos funcionarios sobre cómo debe realizarse la investigación. Marijuan incluso le sugirió al juez que le delegara la causa para que sea él quien la lleve adelante.

La difusión de las fotos hizo que Lázaro Báez volviera ayer a recibir a la prensa en su casa para desmentir que hubiera tenido una bóveda y negar que hubiera realizado reformas en el sótano. Rechazó que las fotos que aportó Carrió fueran de su chacra. De todos modos, el juez también remitió a Santa Cruz los dos centenares de fotos que acompañó Carrió con la denuncia sobre el supuesto proceso de desmantelamiento del lugar.

El enfrentamiento entre Casanello y Marijuan se hizo visible cuando el fiscal insistió ante el juez en allanar un depósito guardamuebles de Tigre donde sospecha que fueron escondidos documentos de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", supuestamente usada para transferir el dinero de Báez al exterior. Marijuan le indicó que sabía de esa información por un anónimo, que describía la dirección del lugar, su encargado y el celular que utilizaba.

El juez ordenó a Prefectura hacer tareas de inteligencia en el lugar y obtener imágenes de la cámaras de seguridad de la vía pública. Tras cinco días, Prefectura informó que no halló pruebas que permitieran sostener que hubo ocultamiento de documentación de SGI. El fiscal, en cambio, dijo que probó los datos que daba el anónimo sobre el lugar y su responsable. Pero Casanello consideró que el anónimo no era fundamento suficiente para allanar. Lo fundó en doctrina y fallos de la Corte que señalan que deben existir "elementos objetivos" para la sospecha.

Pero el fiscal ayer apeló esa decisión y no sin ironía le escribió al juez: "Hay que dejar de lado porque no corresponden al caso las importantes citas doctrinales y jurisprudenciales y atender a la verdadera búsqueda de la verdad".

Carrió se presentó anteayer a la Justicia con un escrito donde señaló que un empleado de Báez, Sergio Triviño, desarmó una supuesta bóveda del sótano de la chacra de Báez en Río Gallegos. Aportó fotos de ese lugar, de estantes metálicos, de camionetas que se llevaban bolsas supuestamente con documentación, de valijas y de estuches de armas, que dijo fueron trasladadas a la estancia Alquinta del empresario, en el departamento de Güer Aiké, cerca del Río Gallegos.

Casanello entendió que no corresponde investigar la existencia de la supuesta bóveda en Río Gallegos en la misma causa en que se investiga si Báez, el rey de la obra pública patagónica, sacó al menos 50 millones de euros del país a través de SGI y sociedades panameñas, que giraron ese dinero a cuentas en Suiza.

Basó su decisión de remitir el escrito de Carrió a Santa Cruz en que los nuevos hechos que se denunciaron no estaban dentro del objeto procesal de su causa. Es decir que no están incluidos en lo que los fiscales determinaron que era lo que se debía investigar, según explicaron a LA NACION fuentes judiciales. Además entendió que los sucesos denunciados por Carrió habrían sucedido en el Sur, donde su juzgado no tiene competencia. No obstante, ordenó que en su expediente quedara una fotocopia de todo lo presentado por Carrió, explicaron las fuentes. Marijuan disintió: "No entiendo cómo puede escindirse una presentación que muestra uno de los lugares donde pudo haber estado el dinero".

Más allá de las razones procesales para escindir del caso de lavado las fotos de la supuesta bóveda que aportó Carrió, el juez, para garantizar la seguridad de quienes serían los denunciantes, pidió la intervención de la Dirección Nacional del Programa de Protección de Testigos.

Si no prospera la apelación del fiscal, la denuncia de Carrió quedará en el Juzgado Federal de Río Gallegos, donde asumirá Andrea Askenazy Vera, sorteada como conjueza el viernes último, dado que el titular del juzgado está de licencia por enfermedad desde 2009. Su nombre salió de una lista de candidatos enviada por el Poder Ejecutivo a la que dio acuerdo el Senado.

El caso de los bolsos tiene juez

• El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la causa contra el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, acusado de haber trasladado bolsos con dinero no declarado de la Casa Rosada a Santa Cruz por la ex funcionaria Miriam Quiroga.

• La decisión de que sea Rodríguez el juez de esta causa la tomó el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que resolvió ayer un conflicto de competencia entre Rodríguez y su par Julián Ercolini.

Por Hernán Cappiello

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