Se multiplicó casi cinco veces el ingreso de causas a la Corte porteña, que aplicará un sistema de inteligencia artificial
En solo un año pasaron de 1610 a 6826 casos, la mayoría laborales; lanzan un sistema con un costo de US$500.000 para gestionar esos expedientes
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LA NACIONHernán Cappiello
La tarea del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se multiplicó casi por cinco desde que se convirtió en tribunal de apelación de todos los juicios laborales, civiles, comerciales y penales que dicta la Justicia nacional tras el fallo Levinas, de la Corte Suprema de Justicia.
Para gestionar estas causas, el TSJ lanzó una licitación para poner en marcha un sistema de inteligencia artificial y el próximo viernes se conocerán las ofertas.
Al concurso se presentaron las principales empresas tecnológicas locales y extranjeras para un proyecto que en esta etapa representa unos US$550.000 y se prevé que funcione a fin de año, dijeron fuentes del tribunal a LA NACION.
En 2024 ingresaban 1610 causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en 2025 ingresaron 6826, según las estadísticas oficiales del organismo, publicadas en su página web.
Se trata de un crecimiento del 326,4 por ciento o, lo que es lo mismo, el resultado de multiplicar el ingreso de causas por 4,26 veces.
La mayoría de esas causas son laborales, es decir casos de accidentes de trabajo y de juicios por despido de los trabajadores a los empleadores. Fueron 4490 en total, en 2025, un 66 por ciento de todos los casos que existen en la “corte porteña”.
El tribunal ya estableció un criterio, pues aplicó el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en la primera sentencia de ajuste por accidentes laborales tras la doctrina Levinas. Sentó doctrina al dictar la primera sentencia en un caso derivado de la justicia nacional laboral, fijando su postura sobre los intereses aplicables en juicios por accidentes laborales.
En el caso Boulanger c/ Provincia ART, originado por un accidente de trabajo en 2023, el máximo tribunal porteño revocó una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Esa cámara había dispuesto que los intereses se calcularan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En primera instancia, el cálculo se había hecho con la tasa activa del Banco Nación. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que corresponde aplicar lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, que dispone la actualización de los créditos laborales mediante el índice Ripte, un indicador que refleja la evolución promedio de los salarios.
Con esta decisión, el TSJ sentó un precedente que impactará directamente en la forma de calcular las indemnizaciones por accidentes de trabajo en adelante. Aún los jueces no fallaron sobre cómo se deben calcular los intereses en los juicios laborales por despido, pero esa situación ya quedó zanjada por la reforma laboral en vigor.
Toda esta revolución y la explosión de casos se dio por el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia.
Allí, el máximo tribunal del país estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el “superior tribunal de la causa” en todos los casos civiles, comerciales, laborales y penales que se inicien en el ámbito de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires.
En la práctica, implica que todos los juicios laborales, civiles o comerciales que se den en el ámbito de la justicia nacional con asiento porteño terminarán siendo apelados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que este decida.
Esto implicó que el TSJ inaugurara un nuevo edificio para albergar a la estructura que demanda manejar este volumen de expedientes y sumar personas especializadas, por ejemplo, en la resolución de causas laborales.
Además, recientemente lanzó una licitación para tener su propio sistema de inteligencia artificial para la gestión de las causas y sistematizó mediante un formulario el registro de datos para el ingreso de expedientes.
Esta última iniciativa generó controversia con el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente del organismo, Ricardo Gil Lavedra, visitó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para transmitir la preocupación de los letrados por el sistema de registro de expedientes mediante un formulario especial que lanzó la “corte porteña”.
Se quejaron de que no los consultaron y de que no completar el formulario puede ser causal para el rechazo del recurso que se presente. Lo recibieron la presidenta, Inés Weinberg; la vicepresidenta, Alicia Ruiz, y sus colegas Luis Lozano y Marcela de Langhe. Ese día no estuvo el quinto juez, Santiago Otamendi.
Junto con la presidenta electa del Colegio, Alejandra García, Rosalía Sylvestre y el titular de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta, pidieron que se difunda la circulación de los expedientes en trámite.
En el Tribunal Superior les explicaron que ese formulario pretende recopilar los datos de los recursos para que luego sean tratados por el nuevo sistema de inteligencia artificial.
El formulario pretende simplificar el trámite interno previo al dictado de la sentencia, con una mayor delegación de la tarea en los secretarios. Ese mecanismo permitirá hacer un análisis formal de admisibilidad, en cuanto a que los recursos cumplan con la extensión y características aprobadas, realizará una derivación temática y luego podrá trabajar sobre resúmenes.
Está previsto, además, que el mecanismo de IA con supervisión humana trabaje con una base cerrada de fallos de la propia jurisprudencia del TSJ y de la Corte Suprema de Justicia y que estos puedan además estar a disposición del público y los letrados para la consulta.
El 29 de mayo (próximo viernes) se hará la presentación de ofertas de este sistema, que permitirá derivar los casos y cotejar el pleito con la base de sentencias para aplicar esa doctrina a la elaboración de un informe o memorándum que sirva como base para que los jueces realicen el proyecto de sentencia.
Ya demostraron su interés en la licitación empresas como Globant, Google, IBM y otras firmas de desarrollo local. Se estima que el proyecto demande una inversión de unos 550.000 dólares y que el año próximo esté en funcionamiento.
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