Se postergó por tercera vez el tratamiento del caso del juez que le devolvió casi medio millón de dólares a una de las hijas de Hugo Moyano
Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, está acusado de actuar con “negligencia” y “manifiesta arbitrariedad” en una causa en la que investigó a Karina Moyano; se dilata su citación al Consejo de la Magistratura
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LA NACION
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura volvió a postergar el tratamiento de un pedido para citar al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para que se presente a dar explicaciones por presunto mal desempeño en una causa en la que investigó a una de las hijas del líder de Camioneros, Hugo Moyano. Se lo acusa de haber dictado un sobreseimiento exprés y haberle reintegrado casi medio millón de dólares y 600.000 pesos a Karina Moyano.
El pedido de citación de Villena fue presentado el 13 de septiembre pasado por el consejero representante de la Cámara de Diputados Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) y se pospuso dos veces -el 30 de septiembre y el 22 de diciembre-. La solicitud de esta nueva postergación estuvo a cargo de Silvia del Rosario Giacoppo y fue avalada por María Inés Pilatti Vergara, Vanesa Siley, Ricardo Recondo, Gerónimo Ustarroz y Carlos Matterson.
En la formulación de su acusación, Tonelli detalló los vaivenes de la causa y el accionar del juez federal y lo acusó de “mal desempeño”, de haber actuado con “manifiesta arbitrariedad” y de “negligencia grave”.
Con el argumento de que necesitaban “un tiempo más para ver la prueba”, los consejeros todavía no fijaron una nueva fecha para el tratamiento de la citación de Villena. Dependerá de la posición que adopten los representantes de la Comisión, principalmente sus autoridades, Piatti Vergara -presidenta- y Giacoppo -vicepresidenta-.
Ante esta solicitud, Tonelli pidió la palabra y se expidió sobre la nueva postergación: “Yo no estoy de acuerdo. Esta sería la tercera postergación en este expediente, yo presenté mi dictamen y el consecuente pedido de notificación en septiembre pasado. Ya llevamos 5 meses”.
“El hecho que se investiga es muy grave, posiblemente uno de los más graves de los que tenemos bajo investigación en la Comisión de Disciplina”, dijo el consejero de Pro. “El juez Villena siendo subrogante en un juzgado federal en Lomas de Zamora y tres días antes de terminar esa suplencia, resolvió de modo absolutamente contrario al juez titular de la causa. Sobreseyó a una imputada y le devolvió 430.000 dólares y 600.000 pesos sin tener las actuaciones, sin el expediente a la vista”.
Además, Tonelli detalló que “apenas retornó el juez titular del juzgado, con la conformidad y petición de los fiscales de la causa, anuló la resolución del juez Villena y fue el mismo juez Augé quien hizo la denuncia”.
La acusación del juez federal se activó cuando tres magistrados -la fiscal federal Cecilia Incardona, el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el juez federal titular en Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé- alertaron sobre las presuntas irregularidades de Villena en beneficio de Karina Moyano.
En un escrito de 13 carillas que presentaron ante Augé como juez natural a cargo del expediente, Incardona e Iglesias expusieron lo ocurrido entre el martes 26 y jueves 28 de enero:
- Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de 3 días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó;
- También “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona [en alusión a Karina Moyano], sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”;
- “Dictó la resolución sin oír a este Ministerio Público Fiscal, pese haberle corrido vista, estando en conocimiento expreso de que este órgano se encontraba estudiando el caso”;
- “Ordenó la restitución del dinero secuestrado previo a notificar lo resuelto a este Ministerio Público Fiscal, tornando ilusorio cualquier recurso contra aquella decisión”.
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