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Se promulgó la ley Brisa, la reparación económica para hijos de víctimas de femicidios
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LA NACION
Hace dos semanas, la Cámara de Diputados sancionó la ley 27.452, más conocida como "ley Brisa", una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. Con 203 votos a favor, por unanimidad, el proyecto crea un régimen de pagos para niñas, niños y adolescentes cuyo "progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora". La normativa fue promulgada hoy.
La historia que le dio nombre a la iniciativa
Brisa y sus hermanos mellizos son hijos de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años que fue asesinada a golpes en diciembre de 2014 por Iván Adalberto Rodríguez, expareja de Daiana y padre de los chicos.
El cuerpo de Daiana apareció flotando en el arroyo Las Catonas en la localidad bonaerense de Moreno. El femicida fue condenado en 2017 a prisión perpetua. En aquel momento, el padre de Daiana, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos, y tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda -comida, ropa, útiles escolares, juguetes- para poder criar a los chicos.
El caso se volvió emblemático y, junto a otros tantos, fue tomado para impulsar los diversos proyectos de ley que buscaban brindar respuestas a esta situación crítica que afecta a más de 3000 menores de edad.
Detalles de la iniciativa
Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deberán acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño y/o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
La reparación económica -el equivalente a un haber jubilatorio mínimo- deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente y será considera como de atención integral compatible con asignaciones familiares.
Además, la cobertura integral de salud deberá cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica; garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.
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