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Se realizó otro allanamiento en la Policlínica Bancaria
Secuestraron historias clínicas y revisaron la farmacia; investigan al director médico
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En un altillo, en el segundo piso de la Policlínica Bancaria, la Justicia encontró ayer nuevas pruebas para la causa en que investiga al líder del gremio bancario José Zanola y a laboratorios por la supuesta entrega de medicamentos de alto costo adulterados.
En ese lugar estaban escondidas las historias clínicas de pacientes que fueron secuestradas ayer por la Policía Federal. El procedimiento es parte de una batería de medidas ordenadas por el juez federal Norberto Oyarbide a raíz de un pedido del fiscal federal Luis Comparatore. El funcionario recibió una información anónima que lo puso en la pista de estas nuevas evidencias hace unos días atrás.
El fiscal, quien ya formalmente había solicitado la indagatoria de Zanola como sospechoso en la causa de medicamentos adulterados, ayer pidió que se sume a la lista de indagados el director médico del instituto, Jorge Fainstein, por "gravísimas irregularidades".
La citación para prestar declaración indagatoria, de todos modos, está supeditada a lo que resuelva la recusación del juez, que presentó el líder gremial bancario. Oyarbide debe decidir si la rechaza o no. En este caso, será finalmente la Cámara Federal, la que decida si lo confirma o no al frente de la causa.
Pero aunque Oyarbide se resista a abandonar el expediente, la defensa de Zanola también denunció al juez en el Consejo de la Magistratura: le reclamó al organismo que "imponga las medidas disciplinarias que corresponda" al magistrado por su participación "mediática" y así evitar "daños irreparables".
"No es nuestra intención discutir y mucho menos desconocer que el juez debe facilitar la información judicial, pero en este quehacer no debe olvidar su cometido constitucional cuyo principal mandato es administrar justicia", dijeron abogados del sindicalista.
El flamante interventor de la Obra Social La Bancaria (OSBA), Pablo Ferrara, no sólo avanzará sobre las oficinas administrativas sino que también lo hará en el área farmacéutica.
El fiscal Comparatore había pedido un nuevo allanamiento a una farmacia cercana para determinar si esta pertenece o no a Zanola por intermedio de un eventual testaferro.
Ayer, en la puerta de la clínica ubicada sobre la avenida Gaona 2197, en el barrio porteño de Paternal, un efectivo policial custodiaba la doble puerta de vidrios, por donde se divisaban policías de civil que subían y bajaban escaleras del edificio.
Mientras tanto, pacientes indignados reiteraban sus quejas sobre malos tratos y responsabilizaban a los médicos por no advertir que los remedios que les habían recetado no surtían efecto alguno y estaban adulterados.
Los médicos
"Yo soy jubilado del Banco Nación. A mi señora le hicieron una biopsia de riñón. Entró caminando al lugar y salió en un cajón. Le arruinaron un riñón. Los médicos son tan culpables como Zanola. Se avivaban las enfermeras de que los medicamentos no estaban haciendo efecto y los médicos tendrían que haberlo visto también", dijo, indignado, Carlos Villagra, un jubilado de 67 años. Su mujer, Elvira Espinelli, murió el 3 de febrero de 2005.
Mientras tanto, un abogado particular pidió al juzgado de Oyarbide embargar por 2000 millones de pesos al Estado nacional y a la presidenta Cristina Kirchner, como una forma de resarcimiento para la "gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole graves daños a su salud". Se trata de una acción de clase, mediante la cual, por intermedio de un solo fallo judicial, se pretende alcanzar a otras personas que se encuentran en casos similares.
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