Con nuevos elementos, se reanuda el juicio contra Cristóbal López y Echegaray

El empresario y el exjefe de la AFIP afrontan un juicio oral por "defraudación agravada al Estado"
El empresario y el exjefe de la AFIP afrontan un juicio oral por "defraudación agravada al Estado"
Candela Ini
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7 de agosto de 2019  • 17:59

La causa judicial de Oil Combustibles, cuyo juicio se reanuda mañana y por la que se encuentran detenidos los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, sumó un nuevo elemento. Se trata de un peritaje elaborado y firmado por expertos propuestos por la AFIP (querellante), el Ministerio Público Fiscal, el cuerpo de peritos de la Corte y de las partes acusadas.

Ese informe, que quedó en manos del tribunal que lleva adelante el juicio contra López, De Sousa y el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, indica diferencias en los montos adeudados al Estado por parte de Oil Combustibles y los montos señalados como deuda por parte del ente recaudador al momento del inicio de la causa.

La querella y la acción civil por parte de la AFIP son referidas al período 2011 - 2015, mientras que el período investigado en la causa penal se acotó y va desde mayo de 2013 hasta agosto de 2015. Durante ese período investigado, la deuda, según el peritaje, fue de 4200 millones de pesos, sin la suma de los intereses, que está bajo secreto fiscal. Según supo este medio, esos intereses ascenderían a 6000 millones de pesos.

Según la pericia, en diciembre de 2015 la deuda estaba regularizada en planes de pago otorgados por Ricardo Echegaray, que se habían reformulado varias veces. Después del cambio de gobierno, el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, suspendió esos planes de facilidades para el pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). El informe indica que cuando se alteraron esas reglas de pago, se incrementó la deuda. También corrobora que cuando Oil se presentó en concurso preventivo, en marzo de 2016, la deuda con la AFIP era de $6945 millones, por cuatro planes de pago: dos generales y dos del artículo 32 de la Ley Nº 11.683.

Los datos del informe causaron impacto en el entorno de los empresarios acusados, donde afirman que se "derrumbó" la hipótesis del ente recaudador, que denunció una maniobra delictiva al señalar que Echegaray otorgó de manera irregular planes de pago a López y De Sousa para. Remarcan la diferencia referida al monto adeudado como un elemento clave para desmentir la acusación de la AFIP, y señalaron que la cifra de 8000 millones de pesos difundida en los últimos años no era tal.

La causa que se encuentra en juicio oral, sin embargo, está caratulada como "Defraudación Agravada al Estado". No se investiga en el fuero penal federal el delito de evasión, sino cómo la empresa petrolera accedió a planes de pago cuando -según se denunció- no se encontraba en una situación de "stress financiero", como lo exige la reglamentación del artículo 32. Fuentes de la AFIP afirman que el resultado de la pericia no afecta a su hipótesis principal, que no es el delito por evasión, sino por administración fraudulenta.

Si el delito investigado fuera la evasión, los coautores del hecho serían De Sousa y López, mientras que en este caso Echegaray está siendo investigado como autor de la administración fraudulenta, y los directivos del Grupo Indalo como partícipes necesarios de esa defraudación. "Así fueran un peso o 10 mil millones de pesos, el foco es otro", dijo una fuente de la AFIP a LA NACION, ante la consulta sobre las cifras que arrojan la pericia en relación al monto adeudado.

El juicio de esta causa se reanudará mañana. En la última audiencia antes de la feria judicial el tribunal rechazó los planteos formulados por las defensas para que el proceso fuera suspendido. Ahora se espera que declaren López, De Sousa y Echegaray. Mientras tanto, se aguarda la confirmación de la Cámara Federal sobre los procesamientos que dictó el juez Julián Ercolini a los exmiembros de la AFIP que habrían otorgado los planes de pago a la empresa.

Según la denuncia inicial, formulada por Elisa Carrió y causa en la que la AFIP es querellante, entre 2011 y 2015 la empresa Oil Combustibles recibió -sin justificar necesidades de ayuda financiera- de manera irregular planes de pago, en lugar de abonar al Estado el Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) en tiempo y forma, para así financiar a las empresas del Grupo Indalo.

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