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Se reparten sin control los planes sociales
El Gobierno persiste en el manejo discrecional de los planes sociales y alienta programas que impiden el acceso universal e igualitario de las personas sin trabajo, pese a la caída del desempleo y a la disminución de la cantidad de subsidios para desocupados.
Así surge de la dispar evolución de los dos grandes programas que administra el Ministerio de Trabajo y que alcanzan a más de 1.250.000 desocupados de todo el país, según cifras oficiales que obtuvo La Nacion por medio de varios pedidos formales de acceso a la información, hechos durante dos meses.
Mientras se mantiene cerrado el ingreso y se reduce mes tras mes la cantidad de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, un programa de carácter universal creado para garantizar el acceso igualitario de todos los desempleados que cumplieran con determinados requisitos, se conserva abierto con una cantidad más o menos estable de beneficiarios un plan paralelo y menos conocido, que controlan en forma discrecional municipios y grupos de desocupados. La agrupación que más subsidios maneja de ese plan, el Programa de Empleo Comunitario (PEC), es la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), del ex piquetero y ex funcionario Luis D´ Elía, que tiene bajo su control a más de 18.651 desocupados.
Por si fuera poco, las últimas auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) demostraron que existen graves irregularidades en el funcionamiento del programa.
Cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, el Plan Jefes y Jefas de Hogar -creado en los primeros meses del gobierno de Eduardo Duhalde y concebido como un "derecho de inclusión familia" destinado a "todos" los jefes de hogar desocupados, con hijos menores de 18 años, que no percibieran ningún otro ingreso- tenía 1.975.000 beneficiarios; hoy, apenas supera el millón. El PEC -lanzado en enero de 2003 también por Duhalde y destinado a los desocupados mayores de 18 años que no cumplieran con los requisitos del Jefes y Jefas de Hogar- tuvo 330.567 beneficiarios en 2003; 284.137, en 2004; 299.020, en 2005; 285.965, en 2006, y hasta febrero de este año ya llevaba 215.815.
La cifra del PEC crecerá hasta fin de año, porque el plan prevé la incorporación de gente en forma mensual. El ingreso en el Jefes y Jefas de Hogar está cerrado desde mayo de 2002 y desde hace años sólo se producen inscripciones ante fallos judiciales que coinciden en que ese plan sigue vigente y que el acceso a él es "un derecho".
LA NACION consultó en el área de prensa del Ministerio de Trabajo por qué se impedía el acceso al Jefes y Jefas, y se mantenía abierto el PEC. Una empleada respondió que un funcionario se contactaría con el cronista para dar una respuesta, pero eso nunca sucedió.
Los beneficiarios de ambos programas cobran 150 pesos por mes, igual que hace cuatro años. La gran diferencia es que mientras el Plan Jefes y Jefas prevé la inscripción directa de los desocupados en los municipios y el mantenimiento del beneficio hasta que la persona obtenga otro ingreso, el PEC sólo alcanza a los desocupados incluidos en "proyectos de empleo comunitario", que presentan ante el Ministerio de Trabajo organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y asociaciones civiles.
Esos emprendimientos tienen una duración de entre uno y doce meses y sus responsables están facultados para solicitar la baja de los beneficiarios, que, de acuerdo con la normativa, deben cumplir tareas en proyectos productivos, comunitarios o de capacitación.
Comprobación
A partir de la información entregada por el Ministerio de Trabajo sobre la identidad de los llamados organismos ejecutores de los proyectos, LA NACIOn pudo comprobar que gran parte de los subsidios es controlada por organizaciones piqueteras y gobiernos provinciales o municipales.
Además de la FTV de D Elía, en el selecto grupo de los organismos ejecutores con más de diez planes están Amas de Casa del País, controlada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), con 14.365 subsidios; Grupo de Estudiantes Solidarios (GES), una organización que le presta la personería jurídica a Barrios de Pie, del funcionario nacional Jorge Ceballos, con 10.016; la Asociación Civil Nuestra América, parte del Movimiento Evita, del funcionario bonaerense Emilio Pérsico, con 12.343, y la Dirección Provincial de Empleo y Capacitación de Jujuy, con 13.766. Aunque con menos beneficiarios, en la nómina figuran más de 800 dependencias provinciales o municipales.
En la información brindada por la cartera laboral, se destacó que desde el comienzo de la gestión del ministro Carlos Tomada se realizó un "intenso trabajo de asistencia técnica a los distintos organismos ejecutores para facilitar la presentación, evaluación y ejecución de proyectos".
La nota, firmada por el director de Programación Financiera de Programas de Empleo y Capacitación Laboral, Carlos Ullúa, explica que el crecimiento económico posibilitó que el PEC "virara su objetivo de dar contención a las personas en estado de mayor vulnerabilidad a la inclusión de las mismas en políticas activas de empleo y formación profesional".
Según las últimas auditorías de la Sigen, lo que dice Ullúa es al menos un intento fallido. Los auditores detectaron, entre otras irregularidades, falta de documentación de los proyectos y de los beneficiarios, ausencia de tareas de contraprestación, actividades que no tenían nada que ver con el proyecto presentado e inexistencia de cobertura médica y laboral de los pocos desocupados que sí cumplían tareas.
Este año, el organismo que conduce el síndico general Claudio Moroni auditó la ejecución del programa en Corrientes y Río Negro. En el primero de los casos, los auditores no pudieron llegar a conclusiones fidedignas porque la Gerencia de Empleo y Capacitación laboral (Gecal), una dependencia del Ministerio de Trabajo con sede en la capital provincial, no tenía documentación sobre la nómina de los beneficiarios y la ejecución de los proyectos aprobados.
En Río Negro, la Gecal informó que de los 59 proyectos aprobados en Viedma, Bariloche y El Bolsón sólo había información sobre 22, poco más de un tercio. En la última auditoría del año pasado, hecha en Córdoba, las conclusiones fueron aún peores.
"En algunas jurisdicciones -se afirmó- existiría al menos una confusión sobre los verdaderos alcances y objetivos del PEC, en cuanto avalan proyectos que luego son cubiertos con beneficiarios cuyas condiciones físicas sanitarias importan desde un primer momento la imposibilidad de contribuir al desarrollo de cualquier proyecto, no contribuyen a su reinserción laboral ni a una capacitación con vistas a lograr el objetivo anterior y de tal modo se inhabilita la participación de personas que quedan relegadas de su inclusión."
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