El kirchnerismo busca aprobar hoy en el Senado los cambios en la Procuración
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LA NACIONGustavo Ybarra
El oficialismo impondrá su mayoría hoy en el Senado para aprobar la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y dar, así, el primer paso para cumplir con el deseo de Cristina Kirchner de desalojar de su cargo al procurador interino Eduardo Casal, al que acusa de formar parte de la guerra judicial en su contra de la que responsabiliza a Mauricio Macri.
La iniciativa también relaja la mayoría necesaria para designar el procurador general de la Nación, reemplazando los dos tercios de los presentes en el Senado que exige la normativa vigente por un mayoría absoluta (mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta).
La diferencia es clara. La mayoría vigente imposible de alcanzar para el kirchnerismo sin el aporte de la oposición. De hecho, es el obstáculo que le ha impedido al Gobierno nombrar al juez Daniel Rafecas en el cargo y fue la misma piedra con la que tropezó Macri cuando propuso a la jueza Inés Weinberg de Roca.
La mayoría absoluta, en tanto, es una relación de fuerzas que el kirchnerismo tiene asegurada en el Senado, en donde el Frente de Todos cuenta con un bloque de 40 legisladores.
Aunque resulte paradójico, la flexibilización de las condiciones para designar al procurador complicó los planes del Poder Ejecutivo.
Rafecas le dijo hace un mes a LA NACION que no estaba dispuesto a asumir el cargo si para lograr su designación se modificaba la mayoría prevista en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Ahora, voceros del Gobierno deslizan que el juez federal estaría dispuesto a aceptar el cargo si, al momento de la votación, consigue un apoyo un poco más amplio que el voto oficialista. Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida por el candidato, que se mantiene en silencio.
Además, el gobierno de Fernández no tuvo participación alguna en la elaboración del proyecto. El texto fue redactado en las mesas de arena del Instituto Patria, el despacho de la presidencia del Senado y la vivienda particular de la vicepresidenta.
Además de relajar la mayoría para designar al procurador genera, el proyecto contiene una serie de cláusulas que van más allá de garantizarle al kirchnerismo la posibilidad de desplazar a Casal de la jefatura de los fiscales, que ejerce de manera interina desde que Alejandra Gils Carbó renunció al cargo, el ultimo día de 2016.
El nuevo diseño de la Procuración pergeñado por Cristina Kirchner también pone en riesgo la estabilidad de fiscales como Carlos Stornelli, al que el kirchnerismo acusa de haber tenido participación en el supuesto espionaje a políticos realizados durante el macrismo. Toman como base para sus acusaciones la causa que maneja el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Stornelli es el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas.
Esto es así porque modifica la composición del jury de enjuiciamiento de los fiscales mediante la ampliación del número de integrantes del estamento político.
Si se sanciona la iniciativa, el jury pasará a estar dominado por los representantes de los abogados y de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. Este último organismo fue una pieza clave en el hostigamiento iniciada por Cristina Kirchner para desplazar a Casal de la conducción interina de la Procuración General.
Si bien la iniciativa tiene la aprobación asegurada, dada la holgada mayoría que el Frente de Todos tiene en el Senado, para que la vicepresidenta pueda ver cumplido su deseo deberá esperar a que la Cámara de Diputados convierta al texto en ley.
El escenario, por ahora, no parece favorable en la cámara que conduce Sergio Massa. Además, el inminente fin del período de sesiones ordinarias, que operará el próximo lunes, deja en manos de Alberto Fernández la posibilidad de que el proyecto pueda ser tratado durante el verano. Si no lo incluye en el temario de extraordinarias, el kirchnerismo deberá esperar hasta marzo próximo para poder discutirlo.
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