Señales de desesperación

La torpeza es siempre un buen termómetro de la desesperación. Si se confiara en la eficiencia de ese censor, podría asegurarse entonces que el cristinismo está, sobre todo, asustado. El aturdimiento intelectual llegó ayer a una cima desconocida cuando el viceministro de Justicia, Julián Álvarez , consideró públicamente que el vicepresidente Amado Boudou está "bien procesado".

Se refería al procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio (no al que resolvió otro juez, Ariel Lijo ), que es precisamente el magistrado que acaba de allanar la oficina ficticia de una empresa de Cristina Kirchner . ¿Un intento de negociar a Boudou por la salvación de la Presidenta? Imposible saberlo. El cristinismo pasó en los últimos días de reclamar para Cristina el trato de un monarca absoluto, como sólo existieron hasta el siglo XVIII, a ciertos acercamientos tímidamente lisonjeros con el juez Bonadio . Lo cierto es que, como lo aceptó ayer la propia Cristina Kirchner, esta vez es su nombre el que está peligrosamente mezclado con supuestos hechos de corrupción.

El esfuerzo con Bonadio es inútil. El juez sabe que en su momento el oficialismo le ofreció a la oposición la entrega de la cabeza de Norberto Oyarbide a cambio de que lo ayudara a destituir a los jueces Daniel Rafecas, que firmó las primeras investigaciones sobre Boudou, y al propio Bonadio. Dos por uno. La oposición se negó a ese trueque y los dos jueces perseguidos se enteraron. Es probable que también se haya enterado Oyarbide. Bonadio no es Rafecas ni el ex jefe de los fiscales Esteban Righi , más predispuestos a conciliar y a dar un paso al costado. Bonadio tiene un carácter más belicoso que aquellos y es, tal vez, uno de los mejores representantes de esa competente estirpe política que son los jueces federales.

La oposición en el Consejo de la Magistratura , que tiene el poder de darle al Gobierno los dos tercios para destituir a los jueces, consideró que todas las causas abiertas contra Bonadio no tienen sustento ni podrían, por lo tanto, justificar su remoción. No lo permitió antes, mucho menos lo permitirá ahora. Hay una vieja certeza repetidamente probada entre los jueces: nunca será destituido un juez que persigue a un gobernante o a un ex gobernante. Bonadio está a salvo, y él lo sabe.

El problema del Gobierno es que ese juez se niega a seguir la estrategia oficial, que consiste en encerrar el escándalo en las infracciones administrativas de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia. Esos faltantes (de balances, de notificaciones sobre la composición del directorio) se podrían resolver con una multa ridícula de 3000 pesos. El juez quiere profundizar la investigación y analizar la relación comercial de Hotesur con las empresas de Lázaro Báez , el argentino más investigado, aquí y en el exterior, por presunto lavado de dinero. ¿Dinero de quién? Ésta es la pregunta que no tiene respuesta todavía, pero que Bonadio parece dispuesto a contestar en algún momento.

Báez está siendo investigado por ese delito universal en el juzgado de Sebastián Casanello, que demoró una eternidad hasta que, al final, hizo lo obvio. Le pidió al juez de Nevada Cam Ferenbach, en los Estados Unidos , que le enviara la información que tiene sobre la denuncia de los fondos buitre sobre Báez y el lavado de dinero argentino. Ferenbach no contestó todavía, porque debe resolver si toma el testimonio de una "arrepentida", Patricia Amunategui, empleada del mayor estudio panameño especializado en la creación de empresas fantasma. Ese estudio y Amunategui habrían colaborado en la creación de 123 empresas a nombre de Báez y de otros argentinos, cuyos nombres se desconocen.

El vínculo de Lázaro Báez con la Presidenta fue confirmado hasta por el propio jefe de la AFIP

Báez está siendo investigado también en Suiza y Uruguay , además de Estados Unidos, por presunto lavado de dinero. El vínculo de Báez con la Presidenta fue confirmado hasta por el propio jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray , quien aceptó públicamente una "relación comercial" entre ellos. La AFIP no avanzó nunca en una indagación propia sobre los bienes del empresario santacruceño. Y la Inspección General de Justicia no descubrió las infracciones de las empresas presidenciales hasta que un juez allanó una oficina.

La justicia suiza, a su vez, les aseguró a políticos argentinos que la justicia local no le respondía los pedidos de informes sobre Báez que le reclamó. Pero los jueces argentinos aseguran que sí respondieron a los exhortos de Suiza. El canal por el que se tramitan esos pedidos y sus respuestas es el de la cancillería argentina. ¿En qué cajón de Héctor Timerman duermen las respuestas de los jueces argentinos a sus colegas suizos? El Estado parece inquietarse ante el tamaño de las acusaciones que, por primera vez, incluyen el nombre de la propia Presidenta.

Los jueces se han declarado en rebeldía. Ayer, el propio juez Bonadio citó a declarar al fiscal Carlos Gonella, un discípulo y protegido de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó . Es la segunda vez que lo cita. Bonadio ya había advertido que pediría su desafuero para llevarlo por la fuerza si no iba ayer. No fue. En la causa que tramita Bonadio contra Gonella no hay inocentes. Fue iniciada por una jueza, que acusó a Gonella de abuso de autoridad y de filtración de datos, en una investigación sobre la pareja de la magistrada, que es un narcotraficante condenado.

Otro juez, Rodolfo Canicoba Corral , allanó ya dos veces la oficina de Gils Carbó. La causa que investiga este juez es por la presunta intervención de Gils Carbó en el sistema informático de los fiscales. Es decir, espiaría sus trabajos, sus borradores y sus archivos. Canicoba Corral sabía que no encontraría nada en el despacho de la jefa de los fiscales. Esas cosas no se hacen desde oficinas formales. Pero fue una advertencia: ella también puede caer bajo la pesquisa de los jueces, a los que pretende vaciar de poder a través de la reforma del Código Procesal Penal.

En otra jueza federal, María Servini de Cubría , recayó la denuncia por sedición contra la oposición en el Senado por anticipar que no votaría a ningún candidato del Gobierno para cubrir la vacante de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. La denuncia la hizo el abogado Eduardo Barcesat, estrechamente vinculado al kirchnerismo. Servini de Cubría es uno de los jueces con más experiencia en el fuero federal penal. Conoce, por lo tanto, la diferencia entre "sedición", que significa levantarse contra la Constitución, y un simple acuerdo político de legisladores elegidos popularmente, quienes, en todo caso, están sólo anticipando su voto en el Senado. No falta mucho para que la jueza rechace esa denuncia.

El conflicto judicial, cuya deriva final es imprevisible, reside en gran parte en que no se trata sólo de Bonadio. Los jueces decidieron sublevarse cuando el nombre de la Presidenta frecuenta los tribunales. Cristina reconoció ayer, implícitamente, que Báez es sólo el escaparate de una investigación que la acecha a ella.