Siemens desiste de una demanda contra el Estado por 220 millones de dólares

Tras reunirse con la presidenta Cristina Kirchner, la empresa alemana Siemens, investigada por la Justicia por el paso de coimas durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, anunció que retirará la demanda contra el Estado argentino por 220 millones de dólares originado por la ruptura del contrato para la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Siemens desistirá de la demanda que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial, contra la Argentina.

Así lo informó esta tarde el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en Casa de Gobierno, luego de la reunión que la Presidenta mantuvo con el responsable de América de Siemens, Peter Solmssen; y el presidente de Siemens Argentina, Enrique Genzone.

El pedido para que retirara la demanda fue hecho a la empresa a fines del año pasado. A Siemens "se le caen todas las acciones que tenía iniciadas" ante el tribunal arbitral del Banco Mundial porque el contrato en cuestión "se basaba en la corrupción y el pago de coimas", había subrayado el diputado Carlos Kunkel, uno de los legisladores más cercanos al Gobierno de Cristina Fernández.

La compañía alemana demandó a Argentina una indemnización de unos 200 millones de dólares porque el contrato firmado en 1998 para confeccionar nuevos documentos de identidad de toda la población fue anulado en 2001, ante sospechas de corrupción.

Siemens y las coimas. Como publicó LANACION hace 10 días, a once años de ganar la licitación para confeccionar documentos de identidad y pasaportes, la ruta de las coimas por más de $ 105 millones que Siemens distribuyó durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa sigue envuelta en el misterio. Tanto que ni la Justicia ni los auditores externos de la compañía saben aún cómo fue la operatoria y se resisten a dejarlo pasar.

El juez federal Ariel Lijo investiga las sospechas de sobornos, pero no es el único que incomoda al gigante alemán. También los socios y profesionales de la consultora KPMG que hurgaron durante los últimos meses en los canales que se utilizaron para los pagos. Hasta tal punto que, según reconstruyó LA NACION, los auditores se negaron a convalidar los balances contables locales de la compañía local durante semanas. La revisión ya concluyó y se encuentra en su proceso de formalización, pero insumió varios dolores de cabeza en la cúpula local de Siemens.

Los expertos de KPMG mostraron cierta incomodidad para aprobar los últimos años en los que la multinacional reconoció haber desviado dinero para los pagos de coimas que llegaron hasta 2007, según expuso ante las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sólo luego, con reticencias y durante los últimos días, dieron luz verde a esos números controvertidos.

La incomodidad se basa, según una de las fuentes consultadas, en que los auditores querían precisiones sobre cómo se violaron los "libros y registros" en la Argentina para abonar las coimas, tal como informó Debevoise & Plimpton, el estudio jurídico norteamericano que se encargó de la investigación a nivel mundial. De otro modo, añadió la fuente, KPMG aprobaría algo "podrido" a sabiendas de que contienen dibujos.

El socio de KPMG a cargo de la cuenta, Oscar Gutzweiler, es un viejo conocido de la firma, desde que convalidó la memoria y estados contables de 2004 con su rúbrica junto con el entonces vicepresidente de Siemens Ralph Mathias Kleinhempel. Pero el desvío de dinero con fines espurios tiene ahora la fuerza de certeza.

Ante la consulta de LA NACION, Siemens Argentina reconoció de manera oficial que "en forma conjunta con sus auditores externos [a los que no señala por sus nombres], efectuó una profunda revisión de sus operaciones correspondientes a los años anteriores", que acotó "en relación con hechos exclusivamente vinculados con el contrato de DNI". Y esa "profunda revisión", según completó la compañía, "generó atrasos en la emisión de los estados contables".

Siemens cuenta con más de una decena de subsidiarias en el país, según los datos recabados por LA NACION en la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero KPMG sólo dejó a un costado los registros "sensibles", a la luz de los datos que se desclasificaron en Europa y en Estados Unidos sobre sus pagos clandestinos.

Lijo cuenta con otra copia de esos documentos, pero el magistrado optó por viajar a Munich a principios de junio. Allí se entrevistó con la titular de la Fiscalía número uno, Hildegard Bäumler-Hösl. Cruzó información y le solicitó aquello que Siemens no le aportó entre los 400 documentos contables y financieros con visos de irregulares que depositó en su juzgado. Esos documentos en poder de Lijo y de KPMG incluyen información contable interna, facturas de servicios de consultoría y registros de transferencias bancarias desde y hacia Europa, Asia y el Caribe, además de otras referidas a la Argentina.

Siemens excluyó, sin embargo, documentos que resultarían decisivos. El primero, difundido por diarios alemanes a mediados de 2008, es el papel en el que constarían las iniciales de algunos de los protagonistas de las coimas, con los montos que habría recibido cada uno: "CM", US$ 16 millones; "CC", 9,75 millones; "HF", otros 9,75 millones, y "CS", 7,5 millones.

Las sospechas sobre esas siglas se centraron desde un principio en el ex presidente Menem, su poderoso ministro del Interior Carlos Corach, el director nacional de Migraciones Hugo Franco y el ex ejecutivo de Siemens Carlos Sergi.

A este primer faltante de documentación de Siemens se suma otro singular. Tampoco les aportó a KPMG, ni a Lijo, ningún registro del acuerdo confidencial que benefició en Zurich con US$ 8,8 millones al misterioso "consultor" que canalizó los sobornos y que, en Buenos Aires, reducen al influyente Sergi.

Pero allí no se acaba el problema, según indicaron las fuentes a LA NACION. Hay un tercer agujero para el holding que ahora pugna por garantizar su continuidad en el mercado local de negocios. Tampoco presentó el sumario que redactó uno de sus ejecutivos, en el que se describía "los pagos pendientes a funcionarios del gobierno o miembros de su familia, listados por el monto adeudado y las iniciales de sus destinatarios", tal como relataron los investigadores norteamericanos. Ellos sí accedieron a ese sumario.

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