Sin acuerdo, se mantiene la vacante en la Defensoría del Pueblo
Está acéfala desde 2009; no hubo apoyo a los candidatos
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Jaqueado por los cuestionamientos de las organizaciones no gubernamentales y la falta de un candidato con consenso, la designación de un nuevo defensor del pueblo, cargo que lleva ocho años vacante, quedará postergada hasta el año próximo.
Así se lo confirmó a LA NACION el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), quien dijo que el tema no se tratará antes de la pérdida del estado parlamentario del dictamen, el 10 del corriente, por falta de acuerdo político.
La terna elegida por la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo estaba integrada por el cordobés Humberto Roggero, propuesto por el PJ; el economista Jorge Sarghini, impulsado por el massismo, y el actual defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, postulado por el senador Rodolfo Urtubey (PJ-Salta).

"El tema pasa para febrero o marzo; la próxima comisión tendrá que emitir un nuevo dictamen", afirmó ayer Pinedo.
En la misma línea se manifestó la presidenta de la bicameral, la senadora Marta Varela (Pro-Capital), quien ratificó su voluntad de retomar el proceso el año entrante.
Programado para ser tratado en la última semana de noviembre, el tema quedó postergado en el Senado por la falta de un candidato con consenso político.
Así lo confirmaron desde el peronismo. "No hay acuerdo mayoritario, ninguno (de los candidatos) alcanza lo necesario ni de lejos", afirmó a LA NACION un vocero del justicialismo. Para designar al defensor del pueblo se requiere el voto de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras.
La realidad es que el candidato del PJ, Roggero, sumaba cada día mayor resistencia, no sólo de parte de las organizaciones no gubernamentales. El massismo tenía su propio candidato, mientras que Pro había decidido no votarlo.
Fracasado el intento este año, ambos dirigentes macristas coincidieron en la necesidad de aprovechar la oportunidad y realizar audiencias públicas con los candidatos el año próximo. El paso no está contemplado en la normativa vigente, pero fue eje de la crítica de más de una veintena de ONG al proceso.
"Esta vez habría que llamar a audiencia pública aunque no sea vinculante, escuchar a todos los que haya que escuchar y que de ahí surja una nueva terna o un candidato de consenso", opinó Varela.
La senadora alertó que otra de las cuestiones que debería resolver la nueva integración de la bicameral es resolver si mantiene la lista de postulados que participaron en el proceso frustrado o si se abre una nueva inscripción el año próximo. Según la ley, los candidatos deben ser impulsados por un legislador nacional.
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