Sin negar el contenido de los audios, Spagnuolo pidió excluirlos de la causa y que se dicte su sobreseimiento
Lo planteó en un escrito presentado por su defensa ante la Cámara Federal y se plegó a la estrategia de los dueños de la droguería Suizo Argentina
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Sin negar su contenido, el exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se refirió a los audios que describen un presunto esquema de coimas en el organismo que tuvo a su cargo hasta la explosión del caso, a mediados de agosto.
Lo hizo a través de su abogada, la defensora oficial Florencia Plazas, en un escrito presentado ante la Cámara Federal, en el que pide que se revoque una decisión del juez Sebastián Casanello, se declare la nulidad de las grabaciones y se dicte su sobreseimiento.
En la presentación, la defensa de Spagnuolo se limita a señalar que los audios no pueden constituir el inicio de una investigación penal por violar garantías constitucionales, al haber sido grabados y distribuidos sin consentimiento.
Sin embargo, Spagnuolo no reconoce como propia la voz de las grabaciones y no hay referencia alguna al supuesto esquema de corrupción que describen los audios.
“Sin que ello implique adoptar algún tipo de admisión con relación a la atribución de esas comunicaciones a mi defendido –dice su abogada–, lo cierto es que el modo en que habrían sido obtenidas no puede convalidar el inicio de un proceso penal respetuoso de las garantías constitucionales, en tanto se trataría de grabaciones obtenidas de manera subrepticia y oculta”.
“De allí que la captación no consentida de esas supuestas grabaciones constituyan una violación del derecho a la intimidad, como también de la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones”, agrega.
La presentación se da en el marco de un incidente planteado por la defensa de los hermanos Kovalivker, Emmanuel y Jonathan, y su padre, Eduardo, dueños todos de la Suizo Argentina, la droguería que está siendo investigada en la causa por el presunto pago de coimas a funcionarios de la Agencia, una trama en la que también estarían involucrados la hermana del presidente, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, de acuerdo a las grabaciones.
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, solicitó en primer término la nulidad de las grabaciones y de todo lo actuado, pero el juez Casanello, siguiendo el dictamen del fiscal Franco Picardi, rechazó el planteo, alegando, en parte, que la causa se encontraba en secreto de sumario y el abogado no podía negar algo que desconocía.
En esa oportunidad, Spagnuolo, que estaba siendo defendido por otro abogado, evitó pronunciarse sobre el tema. Pero ahora, que cuenta con una nueva defensa y el debate se trasladó a la Sala II de la Cámara Federal tras la apelación de los dueños de la Suizo, sí lo hizo: se plegó al planteo de la familia Kovalivker, con argumentos propios.
En ese marco, la defensora Plazas solicitó que se excluyeran los audios y “todo lo obrado en consecuencia”, puesto que la investigación, dijo, carece de un “cauce independiente” respecto a las grabaciones, cuya legitimidad cuestiona.
“Sin desconocer el principio de libertad probatoria que rige en el proceso penal, bajo ese dogma no puede habilitarse el ingreso de elementos [...] que hayan sido obtenidos en vulneración de derechos constitucionales”, dice la abogada.
Más planteos
En una apelación paralela, los Kovalivker insistieron con otro planteo ya rechazado en primera instancia, en el que piden la excepción de falta de acción. Según sostienen, el objeto de esta causa ya fue investigado en una anterior, donde Casanello, en línea con el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, dictó el archivo.
En este nuevo expediente, el juez Casanello rechazó esta postura, argumentando que el archivo en aquella causa no clausuraba definitivamente la posibilidad de investigar, además de que el objeto de una y otra causa es distinto.
Pero el abogado Magram apeló la decisión y la defensa de Spagnuolo se adhirió al planteo, al sostener que el “núcleo de lo denunciado es idéntico” en ambas causas.
Los recursos de los Kovalivker y de Spagnuolo están en manos de los jueces de la Sala I de la Cámara, Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, que deberán resolver la contienda.
La causa volvió a quedar bajo secreto de sumario y hace 15 días el fiscal Picardi ordenó 25 allanamientos en simultáneo en droguerías y domicilios particulares. Se dispuso el secuestro de teléfonos, computadoras y cualquier otro dispositivo electrónico de almacenamiento de datos.
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