Sospechas que se acumulan en torno del empresario

Contratos millonarios con la provincia, obras inconclusas e indicios de cartelización
Hugo Alconada Mon
Mariela Arias
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18 de agosto de 2015  

"Un día me trajeron para firmar un decreto. Una norma, bah", recordaría, mucho tiempo después, el ex gobernador santacruceño Sergio Acevedo. "Decía que tenía que pagar un adelanto de 25% para una obra que se estaba haciendo en la provincia con fondos nacionales. Eran obras para la ruta 40 y la ruta 3. Una locura?", rememoró, durante una entrevista con los periodistas Diego Cabot y Francisco Olivera.

-¿Lo firmó?

-No. Les dije: "Ni en pedo te firmo esto".

-¿Y?

-Renuncié.

¿Quién lo reemplazó al frente de la provincia de Santa Cruz? Su hasta entonces vicegobernador Carlos Sancho, socio en la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice y miembro durante años del directorio de Hotesur SA, la controlante del hotel Alto Calafate, de la familia presidencial.

Aquél fue el primer cisma político provocado por el sistema que desde la Casa Rosada impusieron para la obra pública con fondos nacionales. La renuncia de Acevedo llegó por un adelanto de US$ 30 millones para empresas entre las que aparecía Austral Construcciones, la más grande de Lázaro Báez.

Desde 2008, sin embargo, el gobierno nacional cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz. Desde entonces, la provincia se encarga de la licitación, el control y la certificación de las obras, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales.

El informe oficial reservado al que ahora accedió LA NACION expone decenas de obras públicas que quedaron en manos de Báez. Pero ni siquiera incluye todos los contratos que obtuvo. Faltan otros para el supuesto relleno de canteras por cientos de millones de pesos, al igual que algunos proyectos viales. Entre otros, para la construcción de la avenida de circunvalación de Caleta Olivia, por $ 179,9 millones. Se licitó en 2006, con un plazo de 36 meses. Pero transcurridos nueve años apenas se completó el 65%. Según el gobierno provincial, porque los problemas financieros de Austral retrasaron las obras.

Desde 2013, además, cuando Báez y sus empresas quedaron en el ojo de la tormenta, los problemas financieros comenzaron a acumularse en sus constructoras, que también sobrellevaron paros y medidas de fuerza en los obradores ante la falta de pago de las quincenas, tanto en Río Gallegos y El Calafate como en Caleta Olivia, entre otras localidades.

En el informe oficial, en tanto, tampoco se consignan los trabajos de mantenimiento que, por ejemplo, desarrolló durante años Austral Construcciones sobre la ruta provincial 9, que une El Calafate con Comandante Luis Piedrabuena.

Al empresario ultrakirchnerista le tocaba reparar la ruta que atraviesa una decena de sus campos. Pero parte de esos terrenos y de medio centenar de estancieros resultó alcanzada por el proyecto de construcción de las futuras represas hidroeléctricas.

El informe tampoco da cuenta de todos los proyectos fallidos en los que Austral Construcciones intentó participar. Entre otros, en aquel concurso privado organizado por Transportadora de Gas del Norte (TGN), que en enero y febrero de 2005 le informó al Enargas que había excluido a la constructora de Báez por "comportamiento irregular". Había intentado "cartelizar" los precios de la operación, que luego -y ya sin Báez de por medio- pasaría a conocerse como "el caso Skanska".

También por presunta cartelización, corrupción y sobreprecios, Báez afrontó una causa penal. Pero en mayo de este año fue sobreseído junto al fallecido presidente Néstor Kirchner y el gobernador Daniel Peralta. La justicia santacruceña cerró el expediente que debía indagar sobre la obra pública entre 2003 y 2013.

Ese expediente había dado sus primeros pasos en la justicia federal, pero se derivó al Poder Judicial santacruceño, es decir, el mismo camino que podría seguir la "causa Hotesur" si la Cámara Federal porteña admite los planteos de las defensas.

En el expediente por la obra pública, el fiscal Gabriel Giordano terminó por dictaminar que no se habían acreditado actos de corrupción ni de cartelización. Por el contrario, estimó que se trató de una "vacua denuncia que intenta judicializar una denuncia periodística".

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