Soterramiento del Sarmiento: el fiscal Picardi apeló la falta de mérito de Calcaterra y otros empresarios
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LA NACION
El fiscal Franco Picardi apeló hoy la falta de mérito que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había dictado la semana pasada por no haber encontrado pruebas de que empresarios -incluidos Ángelo Calcaterra y Jorge Rodríguez- hayan estado involucrados en el pago de sobornos por la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Para el fiscal de la causa existen evidencias y pruebas contundentes para sostener la existencia de sobornos vinculados al proceso de licitación, adjudicación y de continuidad de la obra. Pidió que se procese a los empresarios de las firmas IECSA; Ghella, Comsa y Odebrecht por cohecho activo, a los intermediarios Jorge "Corcho" Rodríguez y Manuel Vázquez -testaferro de Ricardo Jaime- como partícipes necesarios y a los cuatro exfuncionarios del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi por cohecho pasivo.
Con respecto a los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y Héctor Ramón Castro, de Comsa, a quienes Martínez De Giorgi procesó por dádivas, el fiscal pidió que se los procese por cohecho activo. Y también señaló que los familiares de Manuel Vázquez -a quienes Martínez de Giorgi sobreseyó- también deben responder por el delito de cohecho.
El martes de la semana última, Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 y subrogante del Nro. 5, había procesado a los detenidos exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y José López y había beneficiado con la falta de mérito a empresarios que habían sido indagados en la causa, entre ellos Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, y "Corcho" Rodríguez.
La decisión del magistrado se fundó en la falta de pruebas: el juez puntualizó que no se logró acreditar que hayan sido sobornos los giros de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras a una cuenta en un banco privado de Andorra por 4.495.250 dólares.
Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, se arrepintió ante Picardi y confesó que fue el intermediario para el pago de sobornos por más de US$20 millones, según consignó LA NACION en febrero. Esos dichos, a través de los cuales Vázquez delineó una operatoria delictiva que coincidiría con los dichos de los ejecutivos de Odebrecht arrepentidos ante la Justicia brasileña, con registros bancaerios de transferencias y correos electrónicos, no fueron tenidos en cuenta por el juez a la hora de dictar los procesamientos y las faltas de mérito.
El fiscal planteó que la compleja trama de corrupción se dividió en dos etapas. La primera etapa, entre 2005 y 2009, estuvo caracterizada por la facturación de servicios de consultoría inexistentes, para la canalización de sobornos. La segunda, entre 2009 y 2014, consistió en montar la estructura de compañías offshore utilizadas para la triangulación de sumas de dinero, destinadas a retornos.
Según escribió Picardi en su apelación, el juez "omite relacionar ambos extremos (las negociaciones incompatibles y la existencia de promesas y pagos indebidos), a través del desenlace del contrato de obra pública en el que formalmente intervinieron dichos funcionarios y empresarios".
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, en calidad de querellantes, también apelaron el fallo de Martínez de Giorgi.
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