Soterramiento del Sarmiento: el fiscal Picardi apeló la falta de mérito de Calcaterra y otros empresarios

Jorge "El Corcho" Rodríguez fue uno de los beneficiados por Martínez de Giorgi
Jorge "El Corcho" Rodríguez fue uno de los beneficiados por Martínez de Giorgi Fuente: Archivo
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26 de abril de 2019  • 10:00

El fiscal Franco Picardi apeló hoy la falta de mérito que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había dictado la semana pasada por no haber encontrado pruebas de que empresarios -incluidos Ángelo Calcaterra y Jorge Rodríguez - hayan estado involucrados en el pago de sobornos por la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Para el fiscal de la causa existen evidencias y pruebas contundentes para sostener la existencia de sobornos vinculados al proceso de licitación, adjudicación y de continuidad de la obra. Pidió que se procese a los empresarios de las firmas IECSA; Ghella, Comsa y Odebrecht por cohecho activo, a los intermediarios Jorge "Corcho" Rodríguez y Manuel Vázquez -testaferro de Ricardo Jaime- como partícipes necesarios y a los cuatro exfuncionarios del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi por cohecho pasivo.

Con respecto a los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y Héctor Ramón Castro, de Comsa, a quienes Martínez De Giorgi procesó por dádivas, el fiscal pidió que se los procese por cohecho activo. Y también señaló que los familiares de Manuel Vázquez -a quienes Martínez de Giorgi sobreseyó- también deben responder por el delito de cohecho.

El martes de la semana última, Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 y subrogante del Nro. 5, había procesado a los detenidos exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta y José López y había beneficiado con la falta de mérito a empresarios que habían sido indagados en la causa, entre ellos Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, y "Corcho" Rodríguez.

La decisión del magistrado se fundó en la falta de pruebas: el juez puntualizó que no se logró acreditar que hayan sido sobornos los giros de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras a una cuenta en un banco privado de Andorra por 4.495.250 dólares.

Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, se arrepintió ante Picardi y confesó que fue el intermediario para el pago de sobornos por más de US$20 millones, según consignó LA NACION en febrero. Esos dichos, a través de los cuales Vázquez delineó una operatoria delictiva que coincidiría con los dichos de los ejecutivos de Odebrecht arrepentidos ante la Justicia brasileña, con registros bancaerios de transferencias y correos electrónicos, no fueron tenidos en cuenta por el juez a la hora de dictar los procesamientos y las faltas de mérito.

El fiscal planteó que la compleja trama de corrupción se dividió en dos etapas. La primera etapa, entre 2005 y 2009, estuvo caracterizada por la facturación de servicios de consultoría inexistentes, para la canalización de sobornos. La segunda, entre 2009 y 2014, consistió en montar la estructura de compañías offshore utilizadas para la triangulación de sumas de dinero, destinadas a retornos.

Según escribió Picardi en su apelación, el juez "omite relacionar ambos extremos (las negociaciones incompatibles y la existencia de promesas y pagos indebidos), a través del desenlace del contrato de obra pública en el que formalmente intervinieron dichos funcionarios y empresarios".

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, en calidad de querellantes, también apelaron el fallo de Martínez de Giorgi.

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