Suba de umbrales por evasión, condonación de deudas y régimen simplificado de Ganancias: los detalles del proyecto de “Inocencia Fiscal”
La iniciativa, presentada en junio por Juan José Pazo y José Luis Espert, busca ser reflotada ahora por el Gobierno; cuáles son los puntos principales de la iniciativa
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El Gobierno decidió postergar las discusiones más sensibles para después del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva composición legislativa que -entre propios y aliados- le permitirá triplicar su tropa en el Congreso. Espera ese recambio para convocar a sesiones extraordinarias con dos temas centrales en la agenda económica: el Presupuesto 2026 y el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que reforma el régimen penal tributario y que fue reflotado entre las prioridades, cuando parecía que había quedado en el olvido.
Según informaron en la Casa Rosada, la reforma laboral e impositiva integral quedará para una segunda etapa, prevista para febrero.
El proyecto de “Inocencia Fiscal” es una iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso en junio. La propuesta apunta a cambiar el enfoque histórico con que el Estado persigue la evasión. Según informó en su momento el titular de la Agencia de Recaudación (ARCA), Juan José Pazo, el texto busca invertir la carga de la prueba: “Todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”.
El texto sostiene que durante décadas el Estado trató al ciudadano “como un potencial delincuente fiscal” y busca “recuperar la confianza” de las personas al asumir que el contribuyente actúa de buena fe.
El impulsor político del proyecto fue José Luis Espert, entonces diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, que acompañó a Pazo en su presentación en la Casa Rosada. “No son los argentinos los que están en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos”, argumentó en ese momento.
Hoy Espert está fuera del juego político. Enfrenta una denuncia judicial que investiga si recibió fondos de un empresario presuntamente ligado al narcotráfico durante su campaña presidencial de 2019, y su figura quedó desplazada de la estructura oficialista.
Cambios en el régimen penal tributario
El proyecto eleva de forma sustancial los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, y la agravada, de $15 millones a $1000 millones. Según Pazo, la actualización reducirá de unas 7000 a apenas 200 las causas penales tributarias activas, para concentrar los esfuerzos en las de mayor impacto fiscal.
También permite evitar una denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la acusación. Si la causa ya fue presentada, podrá extinguirse con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles posteriores a la imputación. “Los problemas impositivos se resuelven pagando”, resumió Pazo.
Otra modificación relevante establece que la acción penal no podrá continuar una vez prescripta la facultad del Estado para determinar la deuda. El plazo general se mantiene en cinco años, pero podrá reducirse a tres si el contribuyente cumple en término y ARCA no detecta discrepancias significativas en su patrimonio.
Declaración simplificada de Ganancias
El proyecto también crea un régimen especial para la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, destinado a personas físicas y sucesiones indivisas con patrimonio de hasta $10.000 millones e ingresos anuales de hasta $1000 millones.
El régimen implica que el contribuyente podrá normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias “solo por la facturación e independientemente de su variación patrimonial”. Pazo lo presentó como un incentivo para formalizar ahorros y acceder al crédito: “Si alguien compra cinco departamentos, ARCA le cobrará Ganancias solo por lo que facturó, no por el aumento de su patrimonio”.
El proyecto prevé la adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un ojo puesto en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, Pazo advirtió que las jurisdicciones que no adhieran “quedarán ciegas”, ya que la Nación cortará los regímenes de información y no compartirá datos de facturación ni consumo.
“Inocencia Fiscal” se inscribe en la estrategia del Gobierno para alentar la repatriación de capitales y “sacar los dólares del colchón”. El proyecto fue girado a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, donde deberán discutirse los detalles técnicos. Con la nueva composición de la Cámara, esos cuerpos también se renovarán, y es posible que el oficialismo busque colocar autoridades propias para garantizar el control del debate y evitar eventuales tropiezos políticos.
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