
Sufrió Menem el mayor paro general de su gestión
La medida tuvo un gran respaldo de trabajadores no alineados sindicalmente; influyó el escaso funcionamiento del transporte; hubo algunos incidentes.
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El gobierno de Carlos Menem soportó ayer el mayor paro general desde que asumió el poder, en 1989, aunque sin alcanzar la importancia de algunas de las huelgas organizadas por Saúl Ubaldini contra la gestión de Raúl Alfonsín. El funcionamiento del transporte automotor de pasajeros y el de los trenes fue muy escaso, lo que contribuyó al éxito de la huelga.
La medida fue convocada por la CGT, pero adhirieron las otras dos centrales obreras -el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA)-, aunque la fuerza de la medida radicó en el fuerte respaldo que tuvo de la ciudadanía independiente. La convocatoria encontró eco en todo el país por el disgusto que provocaron en los trabajadores las últimas medidas dispuestas por el ex ministro Domingo Cavallo.
Se produjeron incidentes en cinco plazas porteñas, cuando la policía reprimió a huelguistas que intentaron montar ollas populares. Las escenas más violentas se registraron frente al Congreso, donde hubo alrededor de medio centenar de detenidos y varios manifestantes heridos, cuatro de los cuales se hallan internados.
La represión policial provocó la crítica generalizada de la oposición, que apuntó sus dardos sobre el ministro del Interior, Carlos Corach. El funcionario sostuvo que era "absolutamente falso" que la policía hubiese reprimido a trabajadores y a dirigentes sindicales, en tanto que el titular de la cartera laboral, Armando Caro Figueroa, evaluó el paro como "de un nivel de acatamiento medio".
Sin embargo, fuentes gubernamentales admitieron que el paro logró una adhesión de casi el 65 %.Pudo saberse que el Gobierno se reunirá el martes con la CGT.
Buenos Aires funcionó a media marcha
Apoyo: los comercios minoristas, en su mayoría, respaldaron la medida; el tránsito estuvo más pesado que de costumbre; pocos alumnos en los colegios; acordada de la Corte.
La Capital Federal estuvo ayer a media marcha. Aunque la gran mayoría de la gente concurrió a sus lugares de trabajo, la escasez de transporte público dificultó los movimientos.
De hecho, ante la irregular forma en que funcionaron los tribunales en virtud del paro, la Corte Suprema de Justicia emitió por la tarde una acordada mediante la que declaró "inhábil" la jornada en ese ámbito de la Justicia, "sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos, que no hubiesen sido actuados en rebeldía".
Hubo episodios de violencia en distintos puntos de la ciudad, sobre lo que se informa por separado en esta misma edición.
Por la mañana, el transporte público funcionó mejor que al caer la noche, cuando ya sí se advirtió una alta merma de unidades.
Los bancos abrieron, hubo actividad cambiaria, los comercios de mayor envergadura, en su gran mayoría, desarrollaron su actividad.
Hubo mayor adhesión al paro entre los comercios minoristas. Según un observador avezado en estas lides, el índice de apoyo entre los minoristas fue el mayor registrado durante la administración Menem.
También los colegios primarios y secundarios porteños, tanto públicos como privados, tuvieron actividad, aunque la mayoría de los padres prefirió no enviar a sus hijos a clases.
En cambio, las plazas y los paseos se poblaron de adolescentes que disfrutaron una jornada casi sabatina.
Actividad legislativa
En el Congreso, las comisiones citadas para ayer funcionaron normalmente. Por ejemplo, la de Juicio Político. También sesionaron las comisiones y hubo reunión de jefes de bloque en la Convención Estatuyente que funciona en la Biblioteca Nacional, de lo que se informa en la página 10.
Como ocurre en días como el de ayer, muchas personas decidieron concurrir al Centro en automóvil, lo que dificultó el tránsito de las calles porteñas.
Sin embargo, eso resultó un beneficio para las playas de estacionamiento que vieron colmada su capacidad, aunque se había dispuesto estacionamiento libre en la zona céntrica.
Un porteño relató que, en los restaurantes de Puerto Madero, hubo una curiosa caravana, integrada por una veintena de hombres, que ingresó en varios restaurantes de la zona.
Al identificarse con miembros del sindicato gastronómico, los señores pidieron a los encargados y dueños de los restaurantes que cerraran sus puertas. Ante la negativa, sugirieron que enviarían a inspectores de la DGI para chequear el estado de los pagos impositivos y previsionales.
Advertida, la Prefectura realizó una reunión con dueños de los comercios de la zona portuaria para garantizar el derecho al trabajo.
Hubo incidentes al desalojar la policía las ollas populares
Por la fuerza: impidieron que los trabajadores almorzaran en las plazas Miserere, Lavalle, del Congreso y Constitución; durante la represión hubo heridos y detenidos.
Quienes se esperanzaron ayer con almorzar gratis y al aire libre en esta capital resultaron frustrados al haberse prohibido las cuatro ollas populares que se intentaron realizar en las plazas de Miserere, Lavalle, Constitución y del Congreso, en todas las cuales además se registraron incidentes que arrojaron algunos contusos y medio centenar de detenidos.
Los episodios de mayor virulencia se registraron sobre el paseo situado frente al Parlamento, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, adonde alrededor de las 9.30 llegaron manifestantes de diversos gremios -además de miembros del movimiento de izquierda Quebracho y de la Federación Universitaria de Buenos Aires-, quedando a cargo del sindicato de camioneros la tarea de iniciar los preparativos para la olla.
Desde muy temprano, la Policía Federal había montado allí un amplio operativo, que además de numerosos efectivos incluyó la presencia de patrulleros, vehículos de la Guardia de Infantería, carros de asalto y un par de camiones hidrantes. Un oficial se acercó a quienes lideraban la proyectada actividad gastronómica y les recordó la prohibición de "realizar actos públicos". Se le replicó que "sólo se trataba de darle de comer a la gente", ante lo cual el uniformado contestó con un "negativo", dio un plazo de 5 minutos para desalojar la zona y se retiró.
La modalidad elegida para hacer cumplir lo dispuesto consistió en el empleo de los hidrantes, cuyos poderosos chorros de agua tuvieron un doble efecto: el repliegue de los manifestantes hasta el monumento de los dos Congresos y el desparramo de los alimentos, calculados para unas 600 bocas, que llenaron un espacio de 20 metros, sobre el paseo y la avenida Callao. No fue poco el desperdicio: 300 kilogramos de arroz, 300 de carne (ya trozada, lista para asar), 30 de pan, 40 de papas, 20 de chorizos, 40 de hamburguesas y 20 de cebollas, además de unas 100 botellas de agua mineral.
La guardia de infantería, en acción
Sin embargo, la cosa no terminó con el abortado intento de la ingesta. Los camioneros pretendieron volver a reagruparse y entonces entró en acción la infantería. Menudearon los forcejeos y los palazos, y a su término se verificaron varios heridos (uno de ellos, derivado a terapia intensiva por un problema cardíaco) y 13 gremialistas trasladados a la comisaría 6ª -recuperaron la libertad por la tarde-, adonde también fueron a parar, confiscados, varias ollas, caballetes y bombos. Dos horas después, observados por policías, bastón en mano,- los manifestantes, desde las escalinatas del monumento, criticaron a Menem, al ministro Corach, a la CGT y a la Policía Federal.
El territorio que se interponía entre ellos y las fuerzas policiales era ocupado por algunas figuras políticas, entre ellos los diputados Carlos "Chacho" Alvarez y Mary Sánchez, del Frepaso; Alfredo Bravo (Unidad Socialista) y el titular del grupo PAIS, José Octavio Bordón. Coincidieron en rechazar la represión policial: "Están buscando provocar -dijo Alvarez-, porque lo único que les falta es generar picos de violencia después de haber condenado al pueblo al hambre y a la desocupación."
Luego de la represión, un cronista conversó con el secretario general de la Federación de Camioneros, que acusó a la policía, y con el jefe del operativo policial frente al Congreso, que sostuvo que Corach prohibió que hubiera manifestaciones, pero no ordenó directamente reprimir.
Había algo más entre uniformados y manifestantes: la comida pisoteada e inservible. No tanto. Se vio a muchos jubilados embolsar trozos de carne y pan. El resto fue presa de los perros y palomas.
Corach sostuvo que la Policía no reprimió
Descargo: el ministro negó un accionar violento por parte de efectivos policiales y dijo que las ollas populares son elementos de agitación; según Caro Figueroa, el paro tuvo un "acatamiento medio".
El ministro del Interior, Carlos Corach, aseguró anoche que "es absolutamente falso" que la Policía Federal haya reprimido a trabajadores y dirigentes sindicales durante algunos incidentes que se produjeron en la Capital Federal durante el paro general.
Por su parte, el titular de la cartera de Trabajo, Armando Caro Figueroa, dijo que la medida de fuerza tuvo "un nivel de acatamiento medio" y que "fue más importante que la anterior" medida de los sindicalistas.
Al término de la conferencia de prensa que ofrecieron Corach y Caro Figueroa en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, insistió en que la protesta tuvo un "acatamiento medio", que se interpretó como de un 50 por ciento en todo el país.
El ministro del Interior aclaró que la Policía había actuado "para evitar disturbios y problemas" y que el Gobierno garantizó "absolutamente en todo el país el derecho de los trabajadores de realizar una huelga general".
Después, precisó que las medidas de seguridad "no tienen absolutamente nada que ver con un estado de sitio", y negó en forma terminante que "se hayan violado derechos ciudadanos consagrados expresamente en la Constitución". Subrayó también que "el derecho de huelga en ningún momento estuvo en tela de juicio".
Un día delicado
Respecto de los incidentes ocurridos en cinco plazas públicas de esta Capital, el jefe de la cartera política señaló que "se pretendió añadir al paro elementos de agitación y movilización mediante el asentamiento en esos lugares de las denominadas ollas populares".
Agregó que "no estaban autorizadas, ni siquiera comunicadas, a la autoridad pública y debieron ser impedidas para prevenir disturbios y problemas en un día muy delicado para el país, como es el día de una huelga general. Afortunadamente, fueron evitados esos hechos y hubo absolutamente calma en toda la Capital".
Recordó Corach que durante el actual gobierno "se han realizado miles de actos públicos en todos los lugares del país con absoluta libertad". Dijo que en la jornada de ayer "no hubo que lamentar heridos, salvo un suboficial de la Policía que fue agredido en las cercanías de la Plaza de Mayo".
Caro Figueroa afirmó que los índices de mayor impacto se produjeron en el transporte automotor de pasajeros y que el Gobierno "sigue abierto al diálogo" y que el "día después del paro sigue siendo un día de diálogo".
Expresó que en Córdoba, donde hubo asueto dispuesto por el gobierno provincial, y en Santa Fe, fue donde hubo mayor acatamiento a la medida" de la CGT.
Precisó que, de acuerdo con fuentes de su cartera y de los gobiernos provinciales, la medida tuvo "alta adhesión en el sector industrial, en el comercio y en los servicios", para añadir que "fue mayor en el interior, que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires".
Dijo que "más allá de algunos incidentes, hay que enmarcar la huelga dentro de la normalidad democrática", pero subrayó: "Algunos nostálgicos que todavía creen en la huelga revolucionaria o descreen de los resultados de las urnas quieren hacernos retornar a un escenario de los años 70; afortunadamente, se trata de minorías".
Finalmente, Caro Figueroa admitió que el Gobierno "esperaba un acatamiento cercano al que se produjo o sea que el acatamiento no es sorpresa".
Para la oposición, el ministro del Interior debe renunciar
Coincidencia: diversos sectores políticos, sindicales y sociales rechazaron la represión y pidieron el alejamiento de Corach.
La represión policial desatada ayer en la plaza del Congreso generó el rechazo de agrupaciones políticas, sociales, universitarias y sindicales.
Los cuestionamientos a la acción policial, justificada por el ministro del Interior (de lo que se informa por separado), se dieron a conocer en sendos comunicados en los cuales no sólo se rechazaban los hechos, sino que se reclamaba la renuncia del funcionario.
Nueva Dirigencia aseguró que "no sólo se avasalló el derecho de los trabajadores, sino el de todos los habitantes, a reunirse y manifestarse pacíficamente". Víctor Santa María, uno de sus estatuyentes, se solidarizó con los manifestantes damnificados, y el bloque presentó en la Convención un proyecto de rechazo de los hechos. También lo hizo el Frepaso.
El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que "es indignante comprobar la predisposición oficial para reemplazar con represión indiscriminada el diálogo constructivo y anteponer a los reclamos de los trabajadores, un cerrado silencio".
La AsambleaPermanente por los Derechos Humanos estimó que fue "una prueba de los riesgos que corre la democracia cuando se pretende llevar hasta sus últimas consecuencias un plan de ajuste tan agresivo contra la población".
La Federación Universitaria Argentina subrayó que "derribar una olla popular con la que se pretende alimentar a las familias con hambre es decididamente fascista".
Para la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires el Gobierno "pone en riesgo otra conquista histórica, como es el derecho a reclamar y protestar". "El único objetivo es producir trabajadores con cabeza de esclavos y, de ser posible, agradecidos", expresó la Federación Socialista de la Ciudad de Buenos Aires.
Radicales y frepasistas, unidos por el repudio a la represión
Causa común: los principales partidos opositores coincidieron en rechazar la decisión gubernamental; quieren que Corach y Rodríguez informen al Congreso.
"La imagen de los carros hidrantes agrediendo a trabajadores y destruyendo comida destinada a los pobres ha recorrido hoy (por ayer) el mundo, evocando una Argentina que se creía definitivamente superada", dijo Rodolfo Terragno.
Aunque la frase pertenece al presidente de la UCR, bien podría ser la declaración de algún frepasista, ya que ambas fuerzas opositoras coincidieron en calificar la represión a los huelguistas como "equivalente a uno de los peores momentos de la dictadura" -según expresó el diputado del Frepaso Carlos "Chacho" Alvarez-.
Sin embargo, a la hora de exponer su postura con respecto al titular de la cartera política, cada uno de los partidos optó por vías diferentes.
Mientras desde el Frepaso se exigió la renuncia inmediata de Corach, en el radicalismo, por ahora, sólo piden su interpelación.
"Si el ministro no renuncia -explicó Alvarez a La Nación-, todo pasa a ser responsabilidad absoluta del presidente Menem, e indica el comienzo de una política que ordena la represión para todo compatriota que desee realizar una manifestación pacífica." La UCR expresó que "luego de que sea interpelado (Corach) y explique por qué dio la orden para reprimir, tomaremos las medidas".
Piden explicaciones
Ambos partidos reclamaron explicaciones al Gobierno.
Tras recordar que "hace más de diez días que hemos presentado el pedido de interpelación para Corach y a pesar de que el país vive una situación de violencia, el ministro nunca fue a dar explicaciones sobre el tema seguridad al Parlamento".
Por su parte, el Frepaso prefirió solicitar al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, que informe ante la Cámara baja "si la orden de Corach a la policía fue consecuencia de una instrucción presidencial".
Al ser consultado sobre los motivos de los hechos de violencia, Chacho Alvarez aseguró que "el Gobierno ordenó la represión para que los miembros del FMI -que están reunidos en la Capital- vean hasta dónde llegamos para mantener el modelo económico".
Desde el bloque de diputados frepasistas se sostuvo además que las medidas impartidas por el Ministerio del Interior "son claramente violatorias de los derechos y garantías constitucionales previstas por los artículos 14 -peticionar a las autoridades-; 14 bis -derecho a la huelga-; y el 18 -derecho a la libertad personal".
El vicepresidente de la UCR, Melchor Posse, dijo que "los palazos, las balas de goma y las detenciones no son una respuesta para la dramática situación de desempleo, miseria, y marginalidad a la que este gobierno impulsa a la mayoría de los argentinos".
La calma primó en el acto de cierre del gremialismo combativo
Contraste: a diferencia de la represión ocurrida en la Capital, el MTA y el CTA manifestaron pacíficamente en el conurbano; calificaron el paro como un "cachetazo al gobierno".
Con absoluta calma aunque bajo la estricta mirada policial, el sindicalismo opositor cerró ayer, en la localidad bonaerense de Quilmes, una jornada de paro nacional. Esta tranquilidad contrastó con el clima de tensión que, horas antes, se había vivido en la Capital Federal donde las fuerzas de seguridad reprimieron a los trabajadores que participaban en distintas ollas populares.
En el conurbano bonaerense fue masivo el acatamiento a la medida de fuerza, fundamentalmente en el transporte y el comercio, hecho que se evidenció en la zona sur donde los gremialistas pusieron un punto final al paro.
Más de 5000 personas convocadas por el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), que lidera el sindicalista Víctor De Gennaro, se concentraron, pasadas las 17, en la plaza de Irigoyen y Rivadavia. Allí confluyeron, entre bombos y pirotecnia, las columnas provenientes de la zona oeste, sur y norte de la provincia de Buenos Aires que habían realizado sus respectivos actos durante el día.
Sobre un camión bastante precario que el sindicalista compartió como tribuna con el padre Luis Farinello, De Gennaro marcó, exultante, un dura crítica a la política económica del gobierno nacional y calificó esta medida de fuerza como "un cachetazo a la soberbia" de Menem.
El primer mandatario y el ministro del Interior, Carlos Corach, concentraron, por lejos, el abucheo de los participantes del acto sindical, al que también adhirieron el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), la Corriente Clasista del dirigente jujeño "Perro" Santillán y los partidos políticos de la oposición. "Esto demuestra el enojo del ministro porque quiso parar la protesta y reprimió lo que era la fuerza creciente de nuestro pueblo", aseguró De Gennaro con relación al desalojo por la fuerza.
Se hace camino al andar
La manifestación que intentó emular la Marcha Federal organizada por los mismos gremios en marzo de 1995, comenzó a gestarse en horas del mediodía, en la zona oeste del conurbano.
"Contra el modelo económico de exclusión, de hambre y la desocupación", la CTA convocó en la plaza San Justo, de La Matanza, a cerca de 500 manifestantes. A la columna se le unió grupos del movimiento MTAy vecinos de 29 asentamientos y barrios humildes. Atrás habían dejado las ollas populares de las plazas de Morón, Moreno y Merlo.
En general, la movilización se desarrolló pacíficamente, salvo pequeños incidentes provocados por unos 50 jóvenes de los grupos Quebracho, Patria Libre y el Movimiento de Juventudes Obreras y Revolucionarias que arrojaron piedras y quemaron neumáticos.
María, del barrio de Conet, que oficiaba como cocinera en una olla popular, manifestó a La Nación los motivos de su descontento. "Hay gente que roba cualquier cosa para comprar comida -dijo-. Estoy sola con mis hijos, no tengo trabajo y ando enferma".
En La Matanza, una vez concluidos los discursos sindicales, los manifestantes se dirigeron, en decenas de micros, hacia la segunda etapa de la caravana: Avellaneda.
Corte de caminos
También en la localidad de Avellaneda primó la tranquilidad. El único momento de relativa tensión se vivió cuando arribaron al lugar alrededor de 300 jubilados comandados por el polémico Raúl Castells, quien desde temprano amenazaba con arremeter contra otro supermercado. Luego desistió de la idea. El objetivo era cortar el tráfico en el puente Pueyrredón. La policía aguardaba expectante al final de la vía. Finalmente, las fuerzas de seguridad cedieron el paso a los manifestantes quienes, pocos minutos después, regresaron a la plaza central.
Alrededor de las 16, arribaron las columnas provenientes de La Matanza. La concentración era masiva. Este fue el puntapié para que luego De Gennaro promoviera en su discurso la unidad de las fuerzas sindicales. "Comienza a parirse lentamente una nueva fuerza de trabajadores", sostuvo el sindicalista, quien luego agregó: "No nos basta con el cambio de cara de ministro. Queremos que el actual modelo económico, que implica desocupación y miseria cambie".
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