Teléfonos, un negocio que ahora mueve $ 11.000 millones por año

El traspaso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) a manos privadas fue el comienzo de la reforma del Estado encarada por el gobierno de Carlos Menem y, pese a la desprolijidad que se le cuestionó, marcó los pasos que seguiría su administración en las privatizaciones y concesiones de los servicios públicos.

Más de una década después, ya completamente desregulado, el sector de las telecomunicaciones se convirtió en un importante motor de la economía. La industria factura unos US$ 11.000 millones al año, hay poco más de 8 millones de líneas fijas de teléfono, 2,5 millones de abonados de Internet y 6 millones de celulares en servicio. Durante este proceso, entre Telefónica y Telecom invirtieron US$ 18.000 millones y ganaron US$ 7000 millones.

Para la privatización se dividió el país en dos zonas. Los ganadores fueron Telefónica junto con Techint y el Citicorp, en el Sur, y la norteamericana Bell Atlantic, en el Norte. Luego, esta última tuvo problemas para comprar los papeles de la deuda y desistió de presentarse. Así, el área quedó para el tercer oferente: la italiana Stet y Cable et Radio, hoy Telecom, consorcio que también integraban el banco JP Morgan y Perez Companc.

Para comprar el 60% de Entel, Telefónica y Telecom desembolsaron entre ambas US$ 1169 millones. De éstos, sólo US$ 240 millones fueron al contado y el resto, en los volátiles títulos de la deuda pública.

El contexto de la venta

Entre 1991 y 1992 se ofreció en forma pública y simultánea en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York el 30% remanente de las acciones de Telefónica y de Telecom. Por esa venta se recaudaron US$ 2057 millones, bastante más que los US$ 1169 millones obtenidos por el 60% inicial. Para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la mejor performance se debió a la vigencia del plan de convertibilidad, al buen desempeño de las empresas privadas luego de un año de gestión y al compromiso del Gobierno de iniciar una reestructuración tarifaria.

El Estado percibió, según FIEL, US$ 2271 millones en efectivo, US$ 5029 millones en papeles de la deuda externa a valor nominal y pasivos por valor de US$ 480 millones. Esto significa un ingreso de US$ 7780 millones para las arcas del Estado.

Empero, como entonces los títulos de la deuda cotizaban al 19% del valor nominal, los compradores realmente desembolsaron US$ 3706 millones.

"Para responder honestamente acerca de la privatización de Entel, hay que ubicarse en ese momento -dice Santiago Urbiztondo, economista de FIEL especializado en servicios públicos y privatizaciones-. Un proceso más transparente, más ordenado, seguramente hubiera recibido más plata. Pero hay que tener en cuenta el contexto económico en que se realizó."

El diseño dispuso siete años de duopolio (Telecom y Telefónica), extendibles a otros tres siempre y cuando se cumpliera con las metas dispuestas en el pliego.

Antes de comenzar el proceso de traspaso, el Gobierno ajustó las tarifas telefónicas para hacer más apetecible el negocio. Así, los usuarios de Entel sufrieron en dos meses todos los atrasos tarifarios que arrastraba la compañía. Cuando asumió Menem, el pulso telefónico tenía el valor más bajo de la historia: US$ 0,0013, que llegó a US$ 0,038 cuando se entregó a los licenciatarios. Y se determinó que los pulsos debían ajustarse con la inflación de los Estados Unidos.

La intervención, a cargo de María Julia Alsogaray, multiplicó los aumentos: el 7 de febrero de 1990 sumó el 112%, el 27 de febrero, el 300%, y el 9 de marzo, el 433%, que finalmente fue anulado.

En 1997 se realizó una importante reforma de la estructura tarifaria. El abono residencial mensual aumentó el 40% (de $ 8,9 más IVA pasó a $ 12,50), se eliminaron los pulsos libres que incluía el abono y se aprobó el controvertido rebalanceo, que encareció sensiblemente las llamadas urbanas en favor de una rebaja de las de larga distancia. Hoy, el pulso está a $ 0,0469.

La reforma tarifaria

El rebalanceo fue uno de los puntos más críticos de la relación entre las telefónicas, las asociaciones de usuarios y la Justicia. Dispuso subas de alrededor del 40% en las llamadas locales y alivió las economías regionales, al rebajar el 70% las comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.

Su aplicación estuvo demorada durante un año y medio por diversos recursos judiciales, lo que causó un sinfín de inconvenientes a más de 200.000 abonados que habían dejado de pagar las boletas. Finalmente, la Corte Suprema avaló el rebalanceo y los usuarios tuvieron que pagar.

Por pliego, la exclusividad de Telefónica y de Telecom vencía el 8 de noviembre de 1997, en la mitad del segundo mandato presidencial de Menem.

La extensión del monopolio fue otra larga negociación entre las empresas y el Gobierno. Mientras que los estudios de algunas consultoras (se habían contratado tres para hacer más transparente el proceso) señalaban que las metas no habían sido cubiertas en su totalidad, Germán Kammerath, secretario de Telecomunicaciones del momento, dio por satisfechas las exigencias del pliego y extendió ambos monopolios por dos años más.

Sólo en noviembre de 1999 se abrió la competencia, aunque acotada a cuatro empresas: en nombre de las "inversiones realizadas", a las dos telefónicas sólo se sumaron Movicom y CTI, compañías de telefonía celular que operaban en el país, con capitales de origen norteamericano.

A la hora de hacer un balance del servicio, los números hablan solos: Entel tenía 3 millones de líneas fijas. Hoy, son más de 8 millones. Antes de la privatización, para conseguir un teléfono se podía esperar hasta 15 años y había que pagar no menos de US$ 1500. Ahora el precio es de 150 más IVA y la instalación no tarda más de unas pocas semanas, cuando no días.

El desafío de la apertura es achicar la brecha de acceso a servicios que aún existe en el país. Mientras que en la Capital Federal hay una penetración de 58 teléfonos cada 100 habitantes, índice similar al de cualquier capital desarrollada del mundo, en el interior la realidad es otra: en Formosa, por caso, hay 4 cada 100 personas.

De hecho, en la actualidad, la mayor parte de los 250 nuevos operadores que tienen licencia (para transmisión de datos, telefonía e Internet) se concentra en la Capital, Córdoba, Mendoza y Rosario.

A los lectores

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Por Por Josefina Giglio <br/> De la Redacción de <i> La Nación </i>

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