Tierra del Fuego: la Justicia anuló la convocatoria a una reforma constitucional que habilitaba la re-reelección de Melella
El proyecto del gobernador apuntaba a limitar los mandatos de los legisladores, pero abría el juego para su eventual tercer mandato; el rechazo de las fuerzas opositoras
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LA NACION
La Justicia electoral de Tierra del Fuego anuló hoy el llamado a elecciones constituyentes que había impulsado el gobernador Gustavo Melella para avanzar con una reforma constitucional. La Legislatura ya había rechazado la convocatoria a principios de mayo, pero el Ejecutivo vetó la resolución parlamentaria y anticipó que seguiría adelante con su iniciativa.
Con la modificación de la Carta Magna, la administración provincial buscaba limitar las reelecciones indefinidas de los legisladores fueguinos, pero en la oposición sospechaban que la iniciativa respondía a las ambiciones personales del gobernador. Es que el proceso de reforma abría la posibilidad de que Melella fuera por una re-reelección, si la Convención Constituyente tomaba el mandato en curso como su primero.
Ahora, la Justicia cerró esa posibilidad al anular la convocatoria a una elección constituyente. Según consta en la resolución del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, a cargo de la jueza Mariel Zanini, el llamado impulsado por Melella vía decreto carecía de validez dado que violaba una resolución judicial anterior.
En agosto de 2024, el diputado de Somos Fueguinos, Jorge Andrés Lechman, había objetado ante el Superior Tribunal de Justicia la constitucionalidad de la reforma y solicitó una medida cautelar para frenar el avance del proceso.
La resolución llegó un año más tarde, en agosto de 2025, cuando el tribunal resolvió a favor de Melella y otorgó al gobierno un plazo de 210 días para convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Ese lapso de tiempo empezaría a regir una vez que el fallo quedase “firme”.
Frente al revés judicial, Lechman presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado por el tribunal provincial. Luego, insistió con un recurso de queja. El náximo tribunal del país aún no se expidió sobre esta última presentación.
Por este motivo, la jueza electoral Zanini interpretó que el fallo aún no está firme -dado que no se agotaron todas las instancias de apelación- y, por ende, la convocatoria a elecciones constituyentes impulsada no tiene validez alguna.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, celebró el fallo de la Zanini y pidió por un cambio en las prioridades del gobierno provincial. “La decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego es perjudicada, es dañada por seguir en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente, de la gente”, sostuvo.
El jefe comunal recordó, además, el revés que ya había sufrido la iniciativa de Melella en el parlamento local.
La Legislatura fueguina ya había rechazado el proceso de reforma constitucional hace casi un mes. El gobernador había firmado, el pasado 29 de abril, el decreto que convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, amparado en la ley N°1529 que había aprobado el parlamento provincial en 2025 y habilitaba el llamado a modificar la Carta Magna.
Apenas un día más tarde, la oposición se unió en la legislatura para rechazar la iniciativa del gobernador y derogó la norma que habilitaba la convocatoria. Esperaban frenar, así, el proceso de reforma para evitar que la provincia incurriera en gastos extraordinarios en medio de la crisis económica que afecta, entre otras cuestiones, la paritaria docente y el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Melella había vetado la decisión parlamentaria, lo que profundizó el conflicto entre la administración provincial y dirigentes de la oposición como el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Al igual que Pérez, Vuoto se había manifestado en contra de modificar la Carta Magna.
Ahora, según pudo saber LA NACION, el gobierno provincial tiene previsto apelar también la resolución de la Justicia electoral para destrabar el proceso de reforma.
Reelecciones en disputa
La reforma apuntaba a 70 de los 211 artículos de la Constitución provincial. Entre otras cuestiones, Melella buscaba terminar con la reelección indefinida de los legisladores y poner un máximo de dos mandatos consecutivos, como ya aplica para el Ejecutivo. Además, esperaba limitar el sueldo que cobran diputados y funcionarios para evitar que superen el ingreso del propio gobernador.
En la oposición, sin embargo, sospechaban que, detrás de la reforma, se ocultaba una pretensión del gobernador de ir por un tercer mandato al frente de la provincia. Sucede que el proceso de modificación de la Carta Magna podía abrir la puerta para una re-reelección.
Es un debate que ya había tenido lugar en Formosa, cuando el año pasado se avanzó con una reforma de la Carta Magna en la provincia. En el terruño del caudillo peronista Gildo Insfrán, se había discutido si el mandato actual del gobernador -bajo el cual se aprobaron los cambios- debía ser tomado como el primero o debían contabilizarse también los que precedieron a la modificación del texto constitucional.
En Formosa, como el oficialismo tenía mayoría, se terminó aprobando una cláusula transitoria que establecía que debían desestimarse los mandatos anteriores y empezar a contar de cero a partir del mandato actual. Es decir, el gobernador -que conduce la provincia desde 1995- podría volver a competir por el Ejecutivo en 2027.
En Tierra del Fuego, la oposición temía que ocurriera algo similar: que los convencionales tomaran el mandato actual de Melella como el primero (pese a que ya lleva casi siete años al frente de la provincia austral) o que no se expidieran al respecto y dejaran un vacío que el gobernador pudiera utilizar a su favor.
En el entorno del mandatario fueguino, sin embargo, descartan que tenga intenciones de ir por un tercer mandato y aseguran que plantea la necesidad de avanzar con una reforma constitucional desde antes de desembarcar en el Ejecutivo provincial.
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