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Todavía no se sabe quién investigará la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Toviggino: volvió a postergarse el fallo
Uno de los jueces del tribunal, Daniel Petrone, se excusó porque un hijo suyo va al mismo colegio que el hijo de un imputado; también había dejado el caso Mahiques, justo después de que LA NACION publicó que festejó su cumpleaños en esa quinta
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LA NACIONHernán Cappiello
La causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar sospechada de pertenecer a autoridades de la AFA sigue sin tener un juez definitivo que la investigue.
La definición volvió a postergarse este martes. Daniel Petrone, uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación que debía decidir dónde iba a quedar la causa, decidió excusarse. En su informe argumentó que comparte “la comunidad educativa” con uno de los mencionados en el caso, el productor Javier Faroni.
La salida de Petrone de la causa se sumó a la renuncia, la semana pasada, del camarista Carlos Mahiques a la subrogancia en esa sala. Por ende, Mahiques tampoco sigue interviniendo.
Este camarista renunció a la suplencia en la Sala I de la Cámara de Casación -donde está la causa- porque dijo que tenía mucho trabajo como juez titular de la otra sala que integra. Su salida se conoció justo después de que LA NACION publicó que él festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar, cuyos verdaderos dueños están siendo investigados. Mahiques niega haber festejado su cumpleaños allí. “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?”, dijo Mahiques a LA NACION.
Ahora, los jueces de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma y Javier Carbajo deben sortear a un tercer juez que intervenga para decidir dónde se queda el expediente.
La puja es entre el juzgado federal de Adrián Rodríguez Charvay, en Campana, y el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quieren que el caso se quede en Campana, pues confían que allí les irá mejor.
Pero el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, insistió en sacar el caso del juzgado de González Charvay.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción procesal. Hay quienes sospechan que oculta una supuesta maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero penal económico, en el juzgado federal de Campana, porque les resultaría más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky.
Este juez avanzó con decisión, luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (de unos 20 millones de dólares). Luego, Aguinsky analizó las sociedades a las que pertenece según los registros y su historia, además de tomar diversas declaraciones.
Aguinsky -antes de dejar el caso- se convenció de que los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte no pudieron haber sido los dueños de la casona de Pilar con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Pero los defensores de Tapia y de Toviggino buscaron sacar el caso y lograron llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.
El caso llegó a Campana por un pedido de inhibitoria que los dueños formales del predio y presuntos testaferros −Pantano y Conte− presentaron ante el juez de Campana.
En la quinta se encontró una costosa flota de vehículos a nombre Real Central, la sociedad que en los papeles es dueña del inmueble.
Otra pista que se desprendió de la flota −que incluye motos de altísima gama, autos deportivos, kartings y camionetas 4x4− tiene que ver con los seguros de los vehículos. El juez constató que la póliza de todos ellos se pagaba en efectivo, por ventanilla, a través de una dirección generada por QR de una aseguradora cordobesa.
La Justicia tiene la firme sospecha de que nada de eso pertenece en realidad a Pantano y a Conte, su madre, quien durante la pandemia cobró un auxilio estatal: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono destinado a hogares vulnerables, dirigido a trabajadores informales, monotributistas y otros grupos con ingresos afectados.
Esa hipótesis se reforzó cuando Aguinsky pudo constatar que los telepases de peaje de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA que estaba a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad, pero ya no lo es.
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