Todo funcionario está obligado a denunciar
Nos asombran los comentarios de especialistas que señalan las debilidades de la denuncia formulada por el fiscal Alberto Nisman. Manifiestan que lo denunciado por el funcionario no constituiría delito en gran parte, en función de la poca fortaleza de las pruebas aportadas. El enfoque es errado, pues parte de una confusión sobre el alcance de una denuncia.
La denuncia apunta a hacer públicos hechos que, a juicio de quien la realiza, merecen la apertura de una investigación judicial que determine si hay responsables. Se trata del primer paso en la marcha de un proceso que en sus diferentes etapas llevará a que se presenten las pruebas, a que las partes intervengan en aras de aportar elementos, en función de lo que determina el juego de acusador y acusado.
La denuncia parte de supuestos y quien la realiza decide cuáles son las evidencias que considera pertinente acompañar en el momento de hacerla. Ella suscitará el comienzo de una causa en la que intervendrá otro fiscal, que será el encargado de sustanciarla y, por lo tanto, queda en manos del denunciante decidir de qué modo irá proporcionando la prueba. Es un problema de estrategia, ya que no estamos comentando una sentencia recaída en un juicio, sino de la "chispa" que llevará a su pronunciamiento.
A nuestro entender se está tratando de desacreditar la denuncia y al denunciante, a fin de que no se inicie un proceso. ¿Cómo es posible que el atentado más terrible de nuestra historia no haya podido ser investigado adecuadamente, a más de veinte años de su acaecimiento?
Es la segunda oportunidad en que se pone en tela de juicio la responsabilidad de los máximos protagonistas del esclarecimiento de los hechos y de la condena de los culpables. Tanto empeño en impedirlo nos genera de por sí las peores dudas y nos lleva a descreer de la palabra oficial.
El fiscal Nisman actuó motivado en la creencia de que la titular del Poder Ejecutivo y altos miembros de su administración habían cometido graves delitos. En estas circunstancias, la obligación de denunciar es un deber que nuestro Código Procesal Penal le exige a todo funcionario. En nuestro caso, un miembro del Ministerio Público observó esta obligación, consciente de que la función primordial de su institución era la de velar por la protección de nuestros derechos con el fin de asegurar el interés general.
Recordemos que los delitos denunciados por Nisman fueron el encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia intenta determinar la responsabilidad penal de aquellos que intervinieron en la negociación y elaboración del Memorándum de Entendimiento con Irán propiciando la impunidad de los sospechados por el atentado contra la AMIA.
La lamentable desaparición del denunciante lo ha privado de la posibilidad de ahondar en la explicación de los hechos, como debería haber ocurrido en la reunión que se frustró en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Pero, más allá de los aspectos de carácter estrictamente penal que presenta la cuestión, creemos que ha tenido el valor de hacer público el efecto destructivo que produjo el mencionado acuerdo.
Se trató de un instrumento atípico en el derecho internacional, desprovisto tanto en su redacción como en su sustancia de toda razón de ser, más allá de sus oscuras motivaciones políticas; y que produjo la paralización de la causa AMIA. Planteó los desvaríos de un sistema "hiperpresidencialista", en cuyo marco quien ocupa el Poder Ejecutivo acumula una cantidad desmesurada de facultades, sin controles oportunos y efectivos que puedan impedirlo.
El tratado fue presentado como único camino para que avanzara la causa; sin embargo, a dos años de su celebración, es fácil comprobar que produjo su obstrucción.
La denuncia ha permitido que la sociedad tome conocimiento de las actividades desprovistas de todo control que llevan adelante los servicios de inteligencia en nuestro sistema político. Su conexión con la Justicia, con los políticos y su explotación para fines interesados de parte de las autoridades que deberían velar por el respeto de la legalidad y la separación de los poderes. Ello, a fin de proveer a la seguridad de los habitantes.
Esta toma de conciencia, que ha sorprendido a gran parte de la sociedad argentina, constituye un valioso punto de partida para la búsqueda colectiva de caminos que permitan revertir un estado de cosas que, a más de treinta años de la transición democrática, ha impedido la consolidación del Estado de Derecho.
Es más, en los últimos años el debilitamiento de nuestras instituciones ha sido penoso. Quienes tienen en sus manos el destino de la Nación, en lugar de salpicar de modo salvaje la figura de quien ya no puede defenderse, deberían centrar la atención en la búsqueda de soluciones y en la asunción de errores.
La transformación en victimario de quien ha sido una víctima es una actitud propia de autócratas, no de demócratas. En tal sentido, el debilitamiento del valor de la denuncia de Nisman es una vil coartada que lamentablemente se ve reforzada por parte de quienes le exigen las mismas formalidades que debe tener un alegato con el que se concluye un proceso.
En un momento de tanta gravedad institucional, todos los esfuerzos deben estar puestos en la búsqueda de la verdad. Creemos que el esclarecimiento de los hechos denunciados contribuirá a ello.
El autor es abogado y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires
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