Tomas en Guernica. La Fiscalía apura el desalojo y el gobierno provincial intenta ganar tiempo para busca alternativas

Aúnse desconoce lo que pasará esta semana en la toma de tierras de Guernica, la usurpación más grande de la provincia de Buenos Aires, que cumple ya dos meses. Si bien la orden de desalojo de las familias — previstapara el miércoles próximo– se mantiene firme, una reunión, agendada para este lunes, podría implicar un cambio en el destino de los ocupantes, que cuentan con la esperanza de quedarse en el terreno.

Los principales actores involucrados en la toma se reunirán con el juez de Garantías de Cañuelas y autor del fallo que dispone el desalojo, Martín Miguel Rizzo, con el fin de negociar los pasos por seguir. Las organizaciones sociales y los delegados de la toma insistirán en quedarse, como lo hicieron tras las movilizaciones de la semana pasada. En el lado opuesto, el equipo de la fiscalía hará lo posible para efectuar el desalojo e impedir "que la política pare lo que ordena la Justicia", dijeron a LA NACION fuentes de la investigación.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires representa una suerte de oxímoron. Por un lado, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo, a principio de mes, que "para esta provincia y este ministro, la usurpación es un delito" y que "el que hace una toma va a ir preso". A pesar de su contundencia, Berni colaboró en un dispositivo interministerial — integrado por los ministerios de Seguridad; Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual– para censar a los ocupantes y poder acercar propuestas al juez Rizzo.

Discrepancias en la provincia de Buenos Aires

Fuentes de la cartera de Seguridad dijeron a LA NACION que se abrieron al diálogo para "cumplir con la obligación de velar por las familias y los niños", pero que "la orden de desalojo se mantiene". Sin embargo, el equipo de Desarrollo de la Comunidadespecula con postergarla. "Las propuestas alternativas implican una elaboración lenta. El fallo permite que, si hay conversaciones, se prorrogue el desalojo", detalló a LA NACION un vocero de Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad.

En la Defensoría del Pueblo bonaerense también se espera que Rizzo posponga la fecha. Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda del organismo, estuvo presente en Guernica el día en que comenzó el censo — viernes 18–, y dijo a LA NACION que "siempre que exista un proyecto detrás, el juez podría retrasar el desalojo". Además, Rusconi indicó que las familias podrían ser relocalizadas en "tierras fiscales próximas a tener servicios".

Si bien el abanico de propuestas está sujeto a los resultados del censo, otras alternativas que barajaría la provincia, para solucionar el problema habitacional de las familias de la toma, estarían vinculadas a un respaldo en los alquileres o a la posibilidad de que ingresen en algún plan estatal, explicò a LA NACION el director de Atención Inmediata bonaerense, Santiago Fidanza.

Pero el tiempo corre y, a un día de la cita con el juez Rizzo, el gobierno provincial todavía evalúa las ofertas que le hará al magistrado. Una fuente cercana a Larroque comunicó a LA NACION que el informe oficial del censo — finalizado el viernes– estará listo recién para el lunes por la tarde, después de la reunión con Rizzo.

Temor a una expropiación

La demora genera intranquilidad entre el personal a cargo de la investigación, que sospecha que la provincia podría estar "haciendo tiempo" para "meter una ley de expropiación o un recurso de casación".

"Tuvieron dos meses para actuar. Y desde la última mesa, del martes, demoraron una semana en organizar el censo. Esto obstaculiza el desalojo", se lamentaron en la fiscalía.

No es sabido si Blanca Cantero, la intendenta de Presidente Perón, participará del encuentro de mañana, ya que ningún referente del municipio se hizo presente en la mesa de diálogo del martes pasado. Cantero ha dejado en claro su rechazo a la toma. "No hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo", dijo, en declaraciones radiales, y agregó: "Acá no hay inocentes".

La fiscalía que lleva la causa, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, pidió "expresamente" al juez que las cinco víctimas involucradas — con derecho de posesión, propiedad o tenencia– se sumen a la mesa.

Aunque todo indicaría que el "lanzamiento" será reprogramado, las organizaciones sociales aseguran estar discutiendo "medidas de lucha" para el miércoles 23. Alejandro Ignaszewski, referente de OLP-Resistir y Luchar, dijo a LA NACION días atrás que "a menos que se extienda el plazo, va a pasar algo muy terrible dentro de Guernica", y advirtió: "Se va a gestar una represión feroz".

En la fiscalía también temen al escenario del desalojo. "Es probable que haya un pequeño grupo radicalizado y con armas que, si suma adeptos, derive en una multitud enardecida", detallaron a LA NACION.

Como prevención, la fiscalía tiene previsto ordenar a la policía a que opere desarmada y, posiblemente, dispondrá de grupos de asalto en el perímetro de la toma. "Un solo disparo generaría una situación de desbande, con foco en la policía. Eso incurriría en otro problema", sostuvieron fuentes de la investigación.

Calma en la toma

En la toma se vive una realidad distinta a la que transmiten las organizaciones sociales o supone la fiscalía. El viernes por la mañana, mientras las familias esperaban para ser censadas, en el predio de 100 hectáreas prevalecía la tranquilidad.

Algunos ocupantes aprovechaban el sol para tomar mate fuera de sus refugios de lona, sentados en baldes o restos de madera. Otros terminaban de demarcar los lotes para reafirmar lo propio ante los censistas. En general, aunque la mayoría indicó tener esperanzas de poder quedarse, las personas sostuvieron que no planean resistir al desalojo.

"Si nos sacan nos vamos a ir, no escuché a nadie que diga lo contrario. La gente no quiere que haya violencia", dijo a LA NACION Ignacia Cháves, de 62 años, oriunda de Guernica. Cháves armó su casa con placas de fibrofácil y un techo de lona azul, en donde, además de vivir con su familia, vende pollo y bebidas.

Únicamente un joven de 24 años, Jonathan Sotelo, quieb se instaló, solo, en el "barrio" San Martín — una de las cuatro zonificaciones que demarcaron entre usurpadores– advirtió la posibilidad de oponerse al desalojo: "Hasta ese día no sabremos cómo vamos a reaccionar, pero nadie se quiere ir. Voy a hacer lo que hagan los compañeros".

Menos familias que las pensadas

El rol de las agrupaciones sociales continúa siendo una incógnita. Colaboran con alimentos para las ollas populares y participan del acompañamiento legal, pero la gran mayoría de los ocupantes las desconocen y niegan recibir su ayuda.

"Las organizaciones arman las marchas, pero no vienen a dar la cara. Juntan gente para moverse, a cambio de alimentos. Los conozco, son del barrio", afirmó una mujer que vive hace 17 años frente al descampado donde actualmente se encuentra la toma. Según la vecina de Guernica, la usurpación se gestó por "avaricia". Mientras señalaba una decena de parcelas en la que no había familias, sino nylons o maderas, la mujer explicó: "Agarraron de a varios lotes, para venderlos, por eso está todo vacío".

En la previa del censo, se reconocieron 2127 "hechos existentes", a través de una foto aérea. Pero, según Miriam Denegri, una de las organizadoras del relevamiento, "la mayoría están desocupados".

En la fiscalía también descreen que en la toma haya 2500 familias, como se dijo hasta el momento: "Sirve cuantificar en gran cantidad porque, si lo solucionás, decís que relocalizaste a toda esa gente, y, en realidad, fueron menos. Para reubicar tantas personas necesitás seis meses", sostuvieron fuentes de la investigación.

La agenda de las organizaciones sociales estará cargada, desde hoy hasta el miércoles, para combatir el desalojo. Hoy realizarán un festival en la toma, con bandas de música, y será transmitido en vivo para sumar adeptos virtuales. La convocatoria fue apodada "Festival tierra para vivir. ¡No al desalojo!".

El lunes y el martes el foco será una marcha al Obelisco porteño. Para los días en los que se procedería al desalojo –con inicio el miércoles 23 y posible extensión hasta el viernes 25–, las medidas de protesta aún no están resueltas, pero podrían incluir el corte de rutas en Guernica, en lugares próximos al predio de la toma.