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Tras el cambio del juez, en la AFA ahora apuntan al operativo “desgaste”
Cuál es la estrategia de los abogados que cuidan las espaldas de Tapia y Toviggino
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LA NACIONNicolás Pizzi
La decisión de trasladar la causa por la mansión de Pilar al juzgado federal de Campana fue celebrada como una “victoria” entre los abogados que asesoran en silencio a los máximos jerarcas de la AFA. Pero es apenas una batalla de una guerra que se libra en varios frentes.
El cambio de jurisdicción había sido pedido por los presuntos testaferros de la quinta: el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte. Es lógico que festejen.
La jugada responde a una estrategia jurídica en varios tiempos. ¿Cuál es el próximo paso? El objetivo es que ese expediente, que hasta ahora se concentró en las sociedades y personas vinculadas a la mansión, absorba otros expedientes que incomodan a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. Para eso falta.
Pese a la magnitud del escándalo, y los allanamientos en sus propias oficinas, los responsables de la AFA hasta ahora no se presentaron en los expedientes judiciales. “Van a esperar hasta que se acomode el escenario judicial”, dijo una fuente que conoce la trama.
El entramado de causas judiciales vinculadas al escándalo de la AFA es tan amplio que ya obligó a intervenir a la Cámara Federal (la de Comodoro Py), a la Cámara Federal de La Plata, y ahora a la Cámara de San Martín. Todas esas intervenciones fueron festejadas en las oficinas de la calle Viamonte. O al menos no fueron criticadas.
La última decisión tuvo como protagonista al camarista Alberto Lugones, un aliado histórico del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. La decisión se demoró por una cuestión técnica: tenía que intervenir la Sala II de la Cámara de San Martín y la disputa de competencia recayó en un camarista de feria. Por ese motivo, decidieron esperar hasta la segunda quincena de enero, cuando Lugones regresaba de sus vacaciones. El camarista le dio la razón a los abogados de los presuntos testaferros, con un argumento formal: los hechos ocurrieron en Pilar.
Hasta ahora los únicos que aparecen en ese expediente son Pantano y su madre. La explicación es que el monotributista puso su nombre en todos los trámites formales vinculados a la mansión, a los autos de lujo, y a la casa en Pilar que también fue allanada. Hasta se encargaba de tramitar los vuelos en helicóptero. Para los investigadores, no hay dudas sobre su verdadero rol.
Hay pruebas sobre su vínculo con la AFA. Pantano pagaba sus gastos con una tarjeta corporativa de la entidad. Entre enero y diciembre del año pasado, esa tarjeta tuvo gastos mensuales de cerca de $50 millones. Ese dato ya está en la causa, no se puede borrar.
La maniobra
La jugada comenzó a gestarse en diciembre. El 30, último día hábil, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, planteó la inhibitoria. Esa decisión permitió que intervenga la Cámara Federal de San Martín.
Aguinsky defendió la competencia argumentando que que el núcleo de la investigación era la AFA, con una sede a 82 kilómetros de distancia del juzgado de Campana. Y en las últimas tres semanas avanzó con medidas de prueba en la misma línea que ya había planteado el primer juez de la causa, Daniel Rafecas.
El fiscal de Cámara opinó hace cuatro días que no había apuro para tratar el tema durante la feria de enero. Pero Lugones decidió lo contrario. Conclusión: González Charvay, con buena llegada a los intendentes peronistas de la zona norte, será el tercer juez en menos de dos meses. Demasiado manoseo para una causa tan relevante.
Ese expediente se concentró hasta ahora en la mansión de Pilar, en los autos, y en las sociedades involucradas, pero fue ampliando su objeto. La semana pasada, tras una ampliación de la denuncia realizada por la Coalición Cívica, el fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha pidió nuevas medidas con el fin de investigar la red de empresas que habrían servido para desviar los fondos que la AFA. Ahí aparecen Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Entre las cuatro, habrían permitido desviar al menos US$ 42 millones, tal como reveló LA NACION.
El “capítulo internacional” también se investiga en una causa a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, que tiene a cargo un juzgado de Lomas de Zamora hasta fin de mes. Apenas 48 horas después que LA NACION dio a conocer los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, ese magistrado allanó la casa del empresario Javier Faroni en Nordelta y la sede la AFA en la calle Viamonte.
La investigación avanzó en la primera quincena de enero, a otro ritmo, con medidas patrimoniales sobre todos los imputados.
La última causa vinculada al entramado de sociedades en Miami tramita en el fuero Criminal y Correccional, a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. La investigación se frenó el 2 de enero, cuando la jueza Paula Petazzi decidió declinar la incompetencia en el juzgado de Armella para no generar “superposiciones innecesarias”. Tofoni apeló esa decisión y ahora debe resolver la Cámara de ese fuero. Mientras tanto, las pruebas obtenidas en los discoveries siguen frenadas en ese juzgado.
No es todo. En el fuero Penal Económico se investigará la denuncia de ARCA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. Hasta ahora, es el único expediente donde están imputados formalmente los jerarcas de la AFA.
¿Se pueden unificar todos esos expedientes?. Por la variedad de los delitos, y el avance de las causas, parece un escenario lejano. Pero en la Justicia federal nada es imposible.
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