Tras el fallo, el ala política se reposiciona frente a los CEO
Buscan dar vuelta la página con una "agenda positiva"; se agravaron las diferencias internas
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LA NACIONMariano Obarrio
El "ala política" del gobierno de Mauricio Macri aprovechó el golpe político que sufrió el grupo de los CEO del gabinete por el fallo adverso de la Corte Suprema que paralizó el aumento de tarifas de gas y buscará tomar las riendas de esta etapa para dar vuelta la página y retomar la iniciativa política con una "agenda positiva".
Las principales batallas consistirán ahora en intentar la aprobación de las leyes de reforma política y del presupuesto 2016. Se podría sumar el debate parlamentario por la ley de primer empleo. Las negociaciones con los distintos sectores del peronismo serán la clave.
El ala política está liderada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La integran los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe del bloque de diputados de Pro, Nicolás Massot.
No sólo se negocia con el PJ. Frigerio le cedió el control y el presupuesto del escrutinio provisorio de las elecciones de 2017 a la Cámara Nacional Electoral, que se oponía a la reforma política.
Un aliado frecuente en su enfrentamiento a los CEO del gabinete es el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Y ambos cuentan con el apoyo de los ministros y diputados de la UCR y de la jefa de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió.
"Se necesita fortalecer la gestión política para tener gobernabilidad", señaló a LA NACION un alto funcionario de este sector. Frigerio y Triaca resolvieron, sin fecha aún, convocar a los gobernadores y a los sindicatos petroleros para un acuerdo federal energético junto a ex secretarios de Energía.
"Hay que salir cuanto antes del conflicto de las tarifas con agenda positiva", señalan cerca de Frigerio. "Éste es un golpe para los CEO, y el ala política aprovecha para escalar posiciones", explicó a LA NACION un funcionario directo de Macri.
El pase de facturas del "ala política" a los CEO apuntó en primer lugar al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Le recriminan la mala praxis en la instrumentación del aumento en el gas, sin audiencias públicas, con errores técnicos y con un salto desbocado en las facturas.
La Corte ordenó, precisamente, hacer esas audiencias para proteger el derecho de los consumidores.
La otra crítica del "ala política" fue la mala interlocución con la Corte y la falta de información para Macri sobre el fallo. Plantean ahora mejorar los puentes con los jueces. Se viene un profundo debate.
¿Quiénes son los CEO? El supervisor directo de Aranguren es el vicejefe de gabinete económico Gustavo Lopetegui. "Lopetegui está golpeado, se siente culpable, era su área. Se hizo cargo de que debió darse cuenta. Pero tiene cero costo político. Macri apoyó la medida", dijo un hombre del entorno del Presidente. En forma indirecta el desgaste afectó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cercano a los CEO y superior directo de Lopetegui y de Mario Quintana, el otro vicejefe de coordinación.
"Peña es político, pero es la nueva política, más tecnócrata. Quintana es el más político de los CEO y Lopetegui, el más duro. Frigerio y Monzó son la vieja política", definió un allegado a Macri.
Carrió había culpado al secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, por la falla jurídica. Pero Macri sabe que Clusellas no revisa las resoluciones de los ministerios, sino sólo los decretos del Presidente.
Las subas del gas se aplicaron mediante resoluciones de Aranguren, un duro, con asesores legales de su ministerio. Sólo pasaron por manos del procurador del Tesoro, Carlos Balbín. Clusellas las conoció por los diarios. Aranguren y Balbín quedaron apartados de la organización de las audiencias del gas, que organizaran Lopetegui y Quintana.
Balbín fue además un nexo institucional con la Corte Suprema junto al dirigente radical Ernesto Sanz y al ministro de Justicia, Germán Garavano, cuyos asesores también desaconsejaron la falta de audiencias.
Garavano le llevo a Macri información realista, pesimista. Balbín y Sanz eran optimistas. "Macri compró el diario de Yrigoyen, el que más se vende en el poder. Las buenas noticias son más creíbles", dijo irónico un allegado directo de Macri.
"Era obvio que Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti iban a hacer valer el artículo 42 de la Constitución, de derecho al consumidor, porque ellos y Carrió lo redactaron en la Convención de 1994", señaló un asesor directo de Macri. Interpretan que ese artículo sólo defiende a personas físicas como grupos colectivos y no a corporaciones. Las empresas pueden impugnar las subas, pero en forma individual, y los fallos sólo valdrían para ellas. De todos modos, tras las audiencias el Gobierno espera que los planteos sean abstractos. Y que la Corte se apiade.
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