Tras la marcha, la oposición presiona al Gobierno y apura un dictamen por el financiamiento de las universidades

Tras el impacto que generó la marcha multitudinaria que se desplegó en todo el país en defensa de la universidad pública, todos los bloques opositores de la Cámara de Diputados, incluida la bancada de Pro –la más cercana al oficialismo-, le mandaron un aviso ayer al Gobierno: si no aumenta el presupuesto de las universidades, en dos semanas más avanzarán con un dictamen que garantice su financiamiento, al menos hasta fin de año.

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía, en estos primeros cuatro meses del año las casi 60 universidades nacionales que funcionan en nuestro país ya agotaron sus respectivas partidas, que se mantienen inalterables desde el año pasado. Con una inflación interanual del 288%, las casas de altos estudios se quedaron en poco tiempo sin recursos para afrontar sus gastos salariales y de funcionamiento, por lo que la parálisis de la actividad universitaria podría precipitarse antes del fin de este semestre.

Anteayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): fue la primera reunión de ambas partes tras la marcha. Los rectores llevaron sus planteos y si bien coincidieron en que la reunión fue cordial y hubo predisposición al diálogo de parte del Gobierno, se fueron con las manos vacías.

En este contexto, la oposición decidió apurar al oficialismo y se reunió esta tarde en la Comisión de Educación, la cual preside el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO), exministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri. Allí acordaron citar para al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para que dé las explicaciones del caso. Las reuniones informativas de la comisión continuarán la semana próxima: el objetivo es llegar a un dictamen entre el 14 y el 16 de este mes.

En la comisión se presentaron cinco proyectos sobre financiamiento de las universidades. La mayoría de las iniciativas tiene como denominador común el ajuste de las partidas de acuerdo al índice de inflación, aunque con matices. El primer desafío de los opositores será, entonces, acordar un texto común. Pero el mayor escollo está en la Comisión de Presupuesto y su presidente, José Luis Espert, un incondicional del presidente Milei. Los opositores descuentan que Espert buscará dilatar el veredicto de su comisión para dificultar su tratamiento en el recinto.

“Espert no va a tener demasiado margen para demorar el debate; la marcha fue muy fuerte -anticipa una encumbrada diputada de Pro-. El Gobierno debería dar una respuesta después de la marcha; le estamos dando un margen de dos semanas para que tome una decisión. Nosotros somos aliados del Gobierno, pero la educación pública ha sido siempre una bandera nuestra”, se sinceró y, en tono mordaz, agregó: “Patricia (Bullrich) firmó en campaña un documento en defensa de la universidad pública y se sacó una foto con todos los rectores. ¿Cómo se vuelve de eso?”.

Así las cosas, el oficialismo podría quedar solo frente a esta avanzada opositora. Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, marcó la postura del Gobierno. “La raíz de los problemas es la inflación descontrolada que venimos arrastrando desde 2023 y que recién ahora vemos signos de que este problema se va revirtiendo –sostuvo-. Es necesario que las políticas educativas tengan un verdadero impacto, y esto debería ir de la mano con una mayor transparencia en la ejecución de los recursos. Debemos ir hacia un modelo transparente que sea claro, previsible y sostenible en el tiempo”.

Santurio remarcó que en marzo y en abril las universidades tuvieron un refuerzo en sus partidas de funcionamiento. La oposición rechazó sus argumentos. “Las universidades nacionales públicas afrontan una situación económica más que crítica. Esto requiere de manera urgente una ampliación presupuestaria, tanto en lo que se refiere al gasto salarial del personal docente y no docente como a los gastos de funcionamiento”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), en el arranque de la reunión.

El legislador advirtió que la mayoría de las universidades ya devengaron la totalidad de sus presupuestos. “El Programa de Desarrollo de Educación Superior, el principal programa de financiamiento de las universidades, está un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”, alertó, tras lo cual propuso que en la tercera semana de mayo, tras recibir a Alvarez en la comisión, se avance con un dictamen.

Finocchiaro aceptó el cronograma y frenó la presión de Unión por la Patria y de la izquierda para agilizar todavía más el debate. No obstante, el diputado de Pro prefirió no ponerle fecha al dictamen. En esa situación también ambigua se mostró Danya Tavela, de la UCR; si bien reconoció la urgencia del problema, insistió en no apurar los tiempos y en priorizar la búsqueda de una fórmula de financiamiento que garantice la sostenibilidad del presupuesto universitario.

“Siempre la solución de coyuntura deja a las universidades con el problema resuelto en la coyuntura pero más vulnerables para lo que sigue. Estaría bueno no solo poner el parche en este momento, sino también que discutamos y tomemos el compromiso de dejar algunos hitos plantados para poder avanzar en una solución que cuide al sistema universitario argentino de la discrecionalidad, de la lapicera, de los aprietes y de las extorsiones permanentes que van sufriendo”, alegó.

La actitud de la legisladora generó suspicacias entre sus pares. “Tavela responde a Emiliano Yacobitti (vicerrector de la UBA), que está negociando con Santiago Caputo los fondos para la Universidad de Buenos Aires”, reprochan, por lo bajo, en Unión por la Patria.

El radical Julio Cobos, a diferencia de Tavela, se mostró partidario de acelerar el dictamen. “Tenemos que encontrar una solución rápida para resolver esta situación coyuntural”, alegó.

Los legisladores de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, insistieron junto al Frente de Izquierda en incorporar al debate la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), destinado a compensar parte del salario docente de todo el país. “El desfinanciamiento de la educación afecta tanto al nivel superior, como a la educación obligatoria en sus tres niveles”, advirtió Blanca Osuna (UxP).

La propuesta no fue aceptada por el resto de los bloques.

Por Laura Serra

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