Tucumán: impugnan la reforma constitucional

La Justicia debe resolver sobre cinco planteos contrarios
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22 de mayo de 2006  

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La reforma de la Constitución tucumana se definirá entre hoy y mañana, en un proceso que amenaza con convertirse en un verdadero escándalo.

Las controversias generadas a partir de las modificaciones que se pretende introducir en la Carta Magna -con una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo- derivaron en cuatro demandas presentadas en la Justicia en contra del proceso, a las que se sumará hoy la que realizará el Colegio de Abogados.

Los planteos apuntan contra el fortalecimiento que tendrá el poder político en la estructura institucional de Tucumán. La Justicia debe definir los recursos promovidos por el Partido Obrero (PO) y por el diputado Esteban Jerez (ex Recrear) en contra del reglamento interno de la Convención y la denuncia penal del abogado constitucionalista Luis Iriarte para que se investigue si la injerencia del gobernador peronista José Alperovich en el proceso reformista puede considerarse un delito.

Iriarte cuestionó la reunión que se realizó la semana pasada en el domicilio particular de Alperovich, en la que los representantes del Frente para la Victoria (bloque oficialista mayoritario en la Convención) acordaron los detalles finales del texto que será aprobado esta semana.

También objetó este procedimiento el abogado Oscar López. En cambio, la presentación judicial del Colegio de Abogados apuntará contra el proyecto de conformación del Jury de Enjuiciamiento y el sistema de selección de jueces que se incorporará a la futura Constitución provincial.

Se objeta la preeminencia de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) en los procesos de designación y remoción del poder que debe garantizar la vigencia de la ley.

Se estima que los convencionales Juan Roberto Robles (UCR), José Páez (ASI) y Daniel Blanco y Martín Correa (PO) abandonarán sus bancas antes de que se sancionen los cambios. Pero el resto de los 36 reformadores que representan al oficialismo convalidará las modificaciones.

Reelección hasta 2015

De concretarse las modificaciones previstas en la Constitución provincial, quedará asegurada la posibilidad de la reelección hasta 2015 para las actuales autoridades políticas, entre las que se incluyen gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales.

También se dispone que el gobernador sea quien designe a los jueces sobre la base de un dictamen vinculante del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Antes, será él quien resolverá quiénes integrarán ese organismo y cómo funcionará.

El mandatario José Alperovich aseguró que no le preocupan las críticas que recibe por la reforma y manifestó que los convencionales constituyentes recibieron sus órdenes. Además, se amparó en el voto popular para gobernar de acuerdo con sus deseos, incluida la facultad de nombrar y remover jueces, y responsabilizó a la comunidad si el sistema de control político no funciona.

"Los ciudadanos tienen que aprender a votar. No hay que tenerle miedo a la parte política, y los sectores que están disconformes, que voten bien. Vamos a renovar la dirigencia política", destacó. "No voy a ceder el poder que me dio el pueblo de Tucumán, que me dijo: «Gobernador, le doy el voto, usted me representa»; así que es mi obligación poner los mejores jueces", subrayó.

Otro punto cuestionado es el que establece que un tribunal con mayoría de representantes políticos (cinco legisladores y dos designados por el Poder Ejecutivo) sea el encargado de juzgar a los integrantes del Poder Judicial no sometidos al procedimiento de juicio político.

Además, la nueva Carta Magna estipulará que la destitución del gobernador o del vice por el procedimiento de juicio político requerirá el voto a favor de las 3/4 partes del tribunal de la Legislatura. En el régimen actual sólo se precisaban 2/3 de las voluntades.

Por otra parte, se establece que la Legislatura podrá fijarse su propio presupuesto, que no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, el gobernador tendrá facultades legislativas y sus decretos quedarán firmes con el solo paso del tiempo o del silencio parlamentario.

En tanto, el Tribunal de Cuentas -organismo de control de la administración pública- estará conformado por tres vocales permanentes que serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

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