Un acusado agrava la situación de Menem

El coronel retirado Jean Uranga dijo que las operaciones de ventas de armamento se realizaban "en el nivel presidencial"
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28 de agosto de 2001  

Un nuevo testimonio volvió a complicar a Carlos Menem y a su ex cuñado Emir Yoma en la causa por los envíos ilegales de armas a Croacia y a Ecuador, en la que el ex presidente se encuentra procesado con prisión preventiva como jefe de la asociación ilícita y Yoma, como uno de los organizadores.

El coronel (R) Jean Charles Joseph Ignace Uranga, ex subsecretario de Producción para la Defensa, declaró ayer ante el juez federal Jorge Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli que "ese tipo de operaciones (de venta de armas) se realizaban en el nivel presidencial. El poder era totalmente centralizado".

Uranga agregó: "Existía una orden del doctor Menem, que me comunicó verbalmente, por la cual la Secretaría de Asuntos Especiales (de la Cancillería), a cargo de (Alfredo) Karim Yoma, debía encargarse de todas las negociaciones para la colocación de material bélico en los países árabes".

También señaló que luego de renunciar en 1990, cuando lo sucedió Juan José Basualdo, "mis colaboradores me refirieron comentarios como "a éste lo pone Emir (Yoma), era Emir", refiriéndose a que se trataba de una persona de la más estrecha relación con el nombrado".

El nuevo testimonio confirmaría el interés de Menem y de Emir Yoma por las ventas bélicas.

Yoma cumple prisión preventiva en el destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo y su procesamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal.

Como la misma sala debe resolver en la próximas semanas si confirma o no el de Menem, los dichos de Uranga cobran especial valor.

Más aún porque complementan lo que declararon dos importantes testigos hace dos meses sobre la especial atención que habrían puesto Menem y los hermanos Yoma en las ventas de armas.

Ayer hubo otra presentación en la causa considerada de valor por dos fuentes del expediente. La efectuaron las diputadas Elisa Carrió (UCR) y Graciela Ocaña (Frepaso), las dos legisladoras más activas de la comisión antilavado. Se presume que se trataría de datos financieros.

Uranga está imputado en la causa por su presunta participación en la falsedad ideológica del decreto presidencial secreto 1633, de 1992, que autorizaba una falsa venta a Bolivia de un arsenal destinado a Croacia.

Sin embargo, Uranga fue beneficiado hace tiempo con una falta de mérito del juez Urso, que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal.

La declaración de ayer la habría pedido el propio Uranga, y su tenor causó sorpresa a los investigadores.

Uranga relató que en 1990 el consultor internacional en armamento Horacio Calderón, "que tenía buenos contactos con Libia", le manifestó su molestia porque Karim Yoma le hacía "la vida imposible y quería intervenir en todas sus operaciones". Uranga agregó que puso al tanto al entonces ministro de Defensa, Humberto Romero.

Explicó, además, que la presunta orden verbal de Menem para que Karim Yoma se encargara de las ventas de armas a los países árabes era porque, "según las instrucciones impartidas", Karim Yoma "hablaba árabe y había estado destinado como embajador en esa región".

"A raíz de esta orden del Presidente, mis funciones se vieron acotadas, ya que toda negociación para venta de material bélico hacia los países árabes debía pasar previa y necesariamente por Karim Yoma."

Cuando se le preguntó si la orden de Menem fue sólo para los países árabes o para toda exportación bélica, Uranga respondió que "en ese momento el ciento por ciento de las operaciones de un monto considerable era con países árabes, razón por la cual entiendo que no era necesario que generalizara la orden impartida".

Uranga tal vez se refería a los intentos por vender el misil Cóndor II, de la Fuerza Aérea, un proyecto luego desactivado por presión de los Estaos Unidos.

Dos testimonios previos

En junio último, el vicecomodoro (R) Tomás Eduardo Medina y el almirante (R) Edmundo Juan Schaer declararon que en 1990 le presentaron a Menem una propuesta de Taiwan para comprar seis submarinos que la Argentina debía fabricar, por un valor de 1200 millones de dólares.

Estos oficiales contaron que Menem los envió con Karim Yoma y que éste les transmitió por medio de otra persona que él se quedaría con el 99 por ciento de la comisión. Expresaron luego que Emir Yoma, hermano de Karim, les habría dicho: "Este negocio no es más suyo, nosotros lo vamos a hacer."

Schaer y Medina contaron que volvieron a ver a Menem y que éste los puso en contacto con el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan, pero que la operación se frustró.

Ayer, Uranga relató que estuvo al tanto de esa operación. "Sé que Schaer se reunió con el Presidente , ya que ese tipo de operaciones se realizaba en el nivel presidencial. El poder era totalmente centralizado."

El ex funcionario mencionó en su declaración a Jacinto Akil, primo de Carlos Menem. "Sé que es mayorista de fuegos artificiales y cohetería", y recordó una "explosión de tres galpones que Akil alquilaba en el ex Batallón de Arsenales de Monte Chingolo."

Presentación de Monner Sans

  • El abogado Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia que dio origen a la causa de las armas, pidió ayer por escrito al fiscal federal Carlos Stornelli que citara a declarar a dos oficiales de la policía de Bolivia que brindaron datos a LA NACION sobre las falsedades documentales y el presunto pago de una coima en la tramitación del decreto presidencial 1633, de 1992, firmado por Carlos Menem y sus ministros. Tras adjuntar la nota publicada por este diario anteayer, Monner Sans también sugirió que se pidiera la documentación a Bolivia. El abogado, además, incorporó en el expediente un video del último programa de "Punto.doc" sobre la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.
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