Un año después, y por falta de pruebas, sobreseyeron a 16 detenidos durante la marcha contra la Ley Bases
La Justicia determinó que no hay testigos ni videos que los vinculen con los delitos imputados durante los hechos de violencia frente al Congreso, el 12 de junio de 2024
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LA NACION
La Justicia sobreseyó a 16 manifestantes que habían sido detenidos en junio de 2024 durante una protesta contra la Ley Bases. Por impulso del Gobierno, los detenidos estaban acusados de “incitar a la violencia colectiva” y participar de disturbios en las inmediaciones del Congreso que podían constituir un intento de “alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”. La Justicia, sin embargo, determinó que no hay pruebas suficientes para acreditar su intervención en los hechos imputados.
“Sobreseyeron a mi compañera Sasha Lyardet de la causa armada que le hicieron luego de detenerla arbitrariamente en las movilizaciones de la Ley Bases”, compartió la legisladora porteña Celeste Fierro en su cuenta de la red social X, para destacar que la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Servini, alcanzó a las militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Sasha Lyardet y Camila Juárez Oliva.
En noviembre pasado, Servini ya había sobreseído a otros once detenidos durante los incidentes al constatar que tampoco había imágenes o testimonios que las vincularan a los hechos de violencia frente al Congreso.
Fierro apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diversas entrevistas luego de la manifestación defendió el accionar policial y las detenciones, además de advertir que el Gobierno acusaría por el delito de sedición a los imputados.
“La Justicia confirmó lo que ya se sabía: no hay delito, sí hubo un armado político para criminalizar la protesta. Las calles son nuestras, no de Bullrich”, sostuvo la legisladora del MST.
Los 16 acusados habían sido detenidos en la marcha del 12 de junio, mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según consta en el fallo judicial, se los acusaba de participar en los incidentes en las inmediaciones del Congreso cuya finalidad era “perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara alta”.
Entre los delitos imputados, destacaban la destrucción de “dos automóviles, tachos de basura, veredas y puertas de viviendas y comercios” y el “lanzamiento de elementos en llamas, piedras, palos y distintos elementos contundentes hacia el Congreso Nacional y las fuerzas de Seguridad”.
Ahora, sin embargo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 sobreseyó a los detenidos por falta de pruebas que permitan acreditar su participación en tales actos. Según consigna el escrito judicial, no hay testigos directos de los hechos ni recursos fílmicos que den cuenta de su intervención en los delitos imputados. El desbloqueo de los celulares de los detenidos tampoco aportó pruebas en este sentido.
“Está claro que las detenciones fueron completamente arbitrarias en el marco de una represión completamente descontrolada e injustificada de Patricia Bullrich contra los que se movilizaban y, sobre todo, los que estaban desconcentrando después de la movilización”, sostuvo la dirigente del Frente de Izquierda Romina Del Plá a LA NACION.
Según relató Lyardet a LA NACION, la detención ocurrió en la intersección de las calles Lima y México, mientras se retiraba de la marcha junto a otros compañeros de universidad con los que se había movilizado. “La policía de la ciudad, junto con otras fuerzas como Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, lanzaron una cacería humana”, indicó a este medio.
Después de algunas horas en el centro de monitoreo del Obelisco, fue traslada a la alcaidía 15. El viernes 14, debió asistir a Comodoro Py, donde le confirmaron que sería trasladada al penal de Ezeiza. Allí permaneció hasta la semana siguiente, cuando el 18 de junio de 2024, la Justicia dispuso su libertad por falta de mérito.
Dicha resolución judicial también alcanzaba a Júarez Oliva, Sofía Ottogali, Gonzalo Duro, Fernando Claus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Iturburu, Román Méndez, Luis Alberto de la Vega, Juan Ignacio Espinetto, Nicolás Moyorga, Cristian Ferreira, Juan Pablo Colombo, Ramona Tolaba y Lucía Belén Puglia.
Ahora, todos ellos fueron finalmente sobreseídos en la causa. Facundo Gómez, otro de los detenidos durante la marcha, también quedó sobreseído, pese a que el año pasado, el Juzgado había dispuesto su procesamiento, decisión que luego fue revocada por el tribunal superior.
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