Un directivo de la obra social militar renunció para denunciar irregularidades
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.– Después de 12 años de trabajo en el actual Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Gabriel Juez dio un paso al costado para denunciar supuestas irregularidades que impactan en gastos "millonarios" en la delegación Córdoba de la entidad. En abril de este año hizo la presentación ante el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, quien todavía no promovió acción penal. Sí, en tanto, Juez fue convocado por el secretario de la Fiscalía para brindar más detalles.
Juez es coronel retirado del Ejército y hermano del dirigente Luis Juez. Hasta el 11 de abril fue jefe de la Delegación Provincial de IOSFA (resultado de la fusión de las distintas obras sociales de las fuerzas de seguridad que se produjo en 2011). "Advertí al gerente regional, José García, que renunciaba para quedar en libertad de hacer la denuncia y lo mismo le dije al presidente, Pedro Barrios", explica Juez a LA NACION.
Desde 2011 al presidente de la obra social lo designa el Ministro de Defensa y los jefes del Estado Mayor de las fuerzas nominan a los vocales del directorio. Con la gestión de Oscar Aguad se crearon las gerencias regionales (Centro/Norte; Sur y Buenos Aires); Juez estaba en el área dependiente de la Centro/Norte.
La denuncia de Juez apunta a que hace meses se alquilaron dos oficinas y un salón en un complejo edilicio para trasladar la sede del IOSFA que hoy funciona en el Hospital Militar y en un área de la Escuela de Suboficiales. "Se pagan $880.000 por mes y no se ocuparon nunca; había encontrado un espacio que el Hospital Militar cedía en forma gratuita pero García no lo consideró", señala.
Juez insiste en que su preocupación se fundamenta en que la obra social se financia con los aportes de los afiliados (62.000 en Córdoba) y que todo gasto extra o mal manejo de recursos "resiente las prestaciones". Por ejemplo, menciona que en febrero el presidente del IOSFA ordenó otorgar un préstamo de $70.000 a los empleados de planta a sola firma y sin intereses a descontar por planilla.
En la denuncia consta que García ordenó discontinuar el pago de prestaciones ya auditadas correspondientes a septiembre, octubre y noviembre para lo que se utilizaba un depósito de $30 millones. "Quería que se usara un nuevo sistema informático totalmente distinto al que la faltaba un mes para poder emplearlo; la demora perjudicaba a los afiliados pero la decisión fue avanzar en esa dirección. El dinero se pasó a la cuenta del IOSFA del Banco Nación", señala y aclara que entiende que no hubo faltantes de recursos sino que se perjudicó a la gente con la resolución.
La otra presunta irregularidad que denuncia es la compra por licitación de un sistema informático al Apross (obra social de los empleados de la Provincia de Córdoba) por $187 millones: "Cuando García me lo planteó, observé que no era necesario, que ese dinero debía emplearse en otra cosa porque no se podía dejar esa ‘herencia’ a quienes vinieran".
En su carta de renuncia, Juez señala que los motivos son la "falta de un orden claro de organización; de un control satisfactorio de la facturación; dilación de la cadena de pago; desprestigio irresponsable y desvirtuación de la finalidad de los centros de auditoría; desmantelamiento de organizaciones propuestas para el control y falta de cumplimiento de las promesas efectuadas al personal de la subdelegación Jesús María".
En diálogo con LA NACION, Barrios dijo que esperan la notificación de la Justicia para presentar toda la "documentación respaldatoria de lo actuado". Agregó que los "problemas con Juez son de larga data" y que hace unos meses "lo devolvimos al Ejército porque nosotros no podemos sancionarlo".
Y defendió la gestión: "Ordenamos el sistema desde que asumimos en diciembre de 2017; desde enero de 2018 se prohibió pagar nada sin comprobantes, ya que antes cada obra social pasaba su presupuesto y se le enviaba ese dinero; pedimos que dejara de usar un sistema arbitrario de reintegros".
Respecto del alquiler del local, planteó que era necesario un espacio donde pudieran funcionar todas las obras sociales unificadas: "Juez se opuso a trasladarse, se resistió a llevar los aires acondicionados que tenía y se demoró porque hubo que licitar la compra de equipos y los trabajos. Sobre el sistema de software, por tres años con mantenimiento incluido pagaremos $160 millones cuando por mes se gastan $150 millones por reintegros por falta de control. Es claro que conviene".
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