Los tres fiscales negaron irregularidades y defendieron su actuación en la investigación
Córdoba. Javier Di Santo se quebró durante su alegato; Daniel Miralles pidió al inicio de la audiencia la nulidad del proceso y Luis Pizarro afirmó que, al final, el caso “no era prioridad”
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Casi 20 años después del femicidio en el barrio cerrado más exclusivo de Río Cuarto, comenzó el jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en la investigación de la violación y asesinato de Nora Dalmasso. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro rechazaron las acusaciones de “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones en el conmocionante caso, un crimen que sigue impune.
El viudo Marcelo Macarrón y su hijo Facundo llegaron a la sede de la Unicameral de Córdoba -donde se lleva adelante el proceso- casi dos horas después de comenzado el debate. Siguieron las presentaciones desde una sala separada de donde se realiza la audiencia, ya que deben declarar como testigos.
Tras un inicio trabado por el pedido de nulidad del proceso solicitado por la defensa de Miralles, uno de los tres fiscales en el banquillo, el jurado de enjuiciamiento abrió el debate y dio la palabra a los acusados, en un proceso inédito porque nunca había ocurrido que esta cantidad de funcionarios judiciales esté en esta situación por el mismo caso.
El primero en hablar fue Di Santo, el primer fiscal del caso. Aseguró que realizó su trabajo “de forma seria y honesta” y que lo acusan por cuestiones que ahora “parecen obvias”, pero que no lo fueron en los primeros tiempos de la causa ni para él, ni para la policía ni para los jueces que intervinieron en la supervisión del expediente.
Se refería puntualmente al señalamiento hecho por los Macarrón en cuanto a que la Justicia omitió someter a los operarios que habían estado trabajando en la remodelación de la casa del barrio Villa Golf, donde se produjo el femicidio, a peritajes de comparación genética.
La familia los había solicitado en 2007, menos de un año después del asesinato de Nora, a instancias de un informe de un exagente del FBI que trabajaba en una agencia privada norteamericana consultada por los deudos. Entre esos sospechosos estaba Roberto Marcos Bárzola, el parquetista que a fines de 2024 fue imputado formalmente cuando el análisis científico reveló la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron.
Di Santo rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola en el crimen fue “seria, profunda y acabada”. En una parte de su alocución se quitó los lentes y se quebró por la emoción.
Pero ninguno de los fiscales cuestionados estimó necesario someter al parquetista a la prueba comparativa de ADN. En cambio, imputaron a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre y, posteriormente, a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas. En ese juicio Bárzola declaró como testigo.A instancias de la prueba positiva de ADN, Bárzola fue formalmente señalado como autor de la violación seguida de muerte. Pero el año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso respecto del parquetista está prescripto por el paso del tiempo. El femicidio de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006; la acusación contra el operario llegó 18 años después.
Tras la pista del viudo
Luego fue el turno de Miralles, que repasó que él tomó a su cargo la causa cuando la investigación llevaba una década −sucedió a Javier Di Santo, que estuvo en el caso desde el 26 de noviembre de 2006, día del crimen, hasta 2015− y aseguró: “Jamás obré de manera negligente ni con mal desempeño ni en esta causa ni en otras; muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa”.
Planteó que por el momento en que tomó el caso no pudo ir a revisar la escena del crimen, por lo que empezó con “una lectura de todo lo que investigó esos 10 años” su colega Di Santo, lo que le insumió trabajar “incluso los fines de semana”.
“Teníamos que investigar la presencia de ADN de Macarrón en gran parte de la habitación. Principalmente había una en una zona crítica vulvo-vaginal y debía investigarse cómo había llegado hasta ahí. Primero se sospechó que era semen, pero no fue así. Los estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé”.
En marzo de 2016 imputó al viudo por el homicidio sobre la base de esas pruebas; creyó que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, había mantenido relaciones con su mujer y la había matado, para enseguida volver a Uruguay a jugar la última ronda del torneo de golf que había ido a jugar y que ganó.
Indicó al respecto: “El único que no estaba en una foto jugando al golf era Marcelo Macarrón”. También señaló que los peritajes señalaban que el asesino era, probablemente, del círculo íntimo de la víctima, ya que ninguno de los accesos a la casa había sido forzado y nada estaba revuelto. “Yo me pregunto si con todo esto no había que investigar a Marcelo Macarrón: claro que sí”, afirmó Miralles.
Luego se refirió al aspecto central de la acusación que encadenó responsabilidades compartidas y concatenadas en los tres fiscales: haberse enfocado esencialmente en las sospechas contra la familia y no haber investigado a fondo otras opciones, como la de la participación en el crimen de alguno de los operarios y obreros que habían estado trabajando en la casa de la víctima los días previos al homicidio, entre ellos, el parquetista Bárzola.
“La prensa se pensó que la causa estaba resuelta, como ahora que tal vez piensan que está resuelta con lo de Bárzola, que ni siquiera empezó. Macarrón era una línea investigativa a abordar de manera ineludible. Y en esa línea puse todo mi empeño por un año y medio”, sostuvo.
En 2017 Miralles renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento del caso. Lo sucedió Luis Pizarro, que avanzó en la línea de la presunta participación del viudo como instigador del crimen: en septiembre de 2017 lo acusó de haber contratado a un sicario para que matara a su esposa y dos años después cerró la instrucción y la elevó a la etapa de debate.
En su declaración ante el jury, Pizarro afirmó: “A 11 años de la muerte de Nora Dalmasso no era la prioridad. Con lo que tenía elevamos la causa a juicio”. Se quejó de la falta de apoyo logístico para llevar adelante su tarea en el caso; precisó que le asignaron solo una prosecretaria. A instancias de su actuación en el caso, Marcelo Macarrón enfrentó un jurado popular y terminó absuelto; el fiscal del juicio se abstuvo de acusarlo por falta de pruebas.
Cuestionamientos
El jury comenzó minutos antes de las 9, y antes del mediodía ya había tenido dos interrupciones. La última, motivada por un planteo de la defensa del fiscal Miralles.
El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que lo representa en el jury, pidió la nulidad del proceso: planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano.
Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la acusación contra Di Santo, Miralles y Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.
La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán hasta el 27 de este mes y por las que desfilarán 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.
Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, el proceso se caerá.
Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.
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